Por: Ani Lu Torres y Christian Silva
Tras debates internos entre bancadas y comisiones, finalmente el Parlamento presentó un texto sustitutorio consensuado para atender la demanda de 5,2 millones de afiliados y jubilados a la ONP, en plena pandemia.
Casi a las 7:00 p.m. de ayer, el Pleno inició el debate de la futura ley para el retiro de aportes del Sistema Público de Pensiones (SPP). Fue Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía, quien presentó la propuesta: la devolución del 100% de aportes para aquellos afiliados desde los 65 años que no pudieron acceder a una pensión. En tanto, los aportantes activos e inactivos, menores a 65 años, recibirán una compensación económica de hasta 1 UIT (S/ 4.300), y los jubilados de la Ley 19990 accederían a un bono extraordinario de S/ 930.
El costo fiscal de la medida ascendería a más de S/18.227 millones, según cálculos de las Comisiones. El monto supera largamente los S/ 1.300 millones que propuso la semana pasada el Ejecutivo a los partidos políticos, con bonos escalonados de entre S/350 y S/1.600.
Al cierre de esta edición, el Pleno continuaba debatiendo la propuesta. No obstante, la mayoría de bancadas anticipó su voto: Frepap, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, Frente Amplio y Podemos Perú se mostraron a favor de la propuesta.
Mientras que el vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus presentó una nueva propuesta y cuestionó que el texto aprobado en mayoría no tenga "sustento técnico".
El Partido Morado, por su lado, reconoció la necesidad de apoyar a los jubilados que no tienen una pensión digna, pero que la votación iba a ser individual y a consciencia en su bancada.
Finalmente, Somos Perú iba a analizar su postura hasta el final del debate. Pese a lo anterior, todo apuntaba a tener resultados en la sesión de este Pleno.
Según el texto final, el Poder Ejecutivo tendrá que reglamentar la norma en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Para el parlamentario Humberto Acuña, presidente de la Comisión de Presupuesto, este procedimiento deberá ser elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la ONP, además de contar con asistencia del Ministerio de Justicia. Cabe recordar que en la norma promulgada por el Legislativo respecto al retiro parcial de fondos de las AFP, el procedimiento estuvo a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Con el reglamento aprobado, habrá un plazo de hasta 90 días hábiles en que los afiliados a la ONP podrán presentar su solicitud. Y en esa línea, el congresista Daniel Oseda, presidente de la Comisión de Trabajo, apunta que los primeros desembolsos "deberían producirse en octubre", si los plazos se cumplen.
No obstante, el premier Walter Martos dijo ayer en RPP que el Ejecutivo observará la norma pues "trae desequilibrio, vulnera las normas básicas de constitucionalidad y trae perjuicio".
Y en esa línea, varios parlamentarios han señalado que irían por la insistencia. Así, una vez aprobada la autógrafa -lo que significa que la norma entra en vigencia-, el Ejecutivo podría demorar su reglamentación e interponer una demanda de inconstitucionalidad de la autógrafa ante el Tribunal Constitucional (TC), explicó el abogado constitucionalista Víctor García Toma.
"Si hay insistencia, el Poder Ejecutivo podría poner una demanda por infracción a la Constitución ¿tiene legitimidad para hacerlo? Sí. La ley es claramente inconstitucional y el TC admitirá la demanda como lo hizo con el de peajes y podría pasar 90 días hasta que llame a audiencia", explicó.
Pese a lo anterior, García también recordó que sobre la ONP, el TC ha tendido a decir "sobre las actividades administrativas de este sistema pensionario, le ha exigido a corregir sus errores, porque no puede haber personas que hayan aportado por años y no recibir nada, pero este punto es diferente al de la ley que ahora se debate".
La ministra de Justicia, Ana Neyra, afirmó en Canal N que el Gobierno iría por el camino de la demanda de inconstitucionalidad. “Es inconstitucional por la iniciativa de gasto y afecta el derecho a la pensión. Hay otras alternativas que no son una devolución de 1 UIT ni S/930, porque no puede haber una devolución de fondos”, expresó.
Según el texto, en el caso de la devolución de hasta 1 UIT, las solicitudes serán recibidas por la ONP, el cual tendrá un plazo de 30 días hábiles para emitir conformidad del pedido; si no, se aplicará el silencio administrativo positivo.
Tras ello, el primer desembolso, del 50% de la UIT (S/ 2.150) se efectuará a los 30 días calendario. El saldo será depositado a los 90 días calendarios después de la primera entrega. Congresistas como Jim Mamani solicitaron que se reduzcan los plazos.
En tanto, para el bono a jubilados, el pagó se realizará según un calendario que establezca el MEF.
Pero, si el costo fiscal implica más de S/ 18.000 millones, ¿cómo se financiarían las devoluciones? Ya antes José Luna, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, sostuvo que se podría solicitar el monto al Banco Central de Reserva. En ello coincide Acuña.
Otras propuestas y recomendaciones sostienen que se podría recurrir al dinero de las partidas presupuestales que no se han ejecutado en el Estado, la rentabilidad que va ganando la ONP a través de las inversiones que realiza o mediante el fondo consolidado de reservas, de S/24.000 millones, indican los parlamentarios.
El exministro de Economía Alfredo Thorne apuntó a que el uso de partidas presupuestales no ejecutadas no se podría realizar, dado que esto conlleva a que el MEF espere hasta culminar el año para la obtención de estos recursos. “Una vez que asigna el presupuesto, lo único que puede realizar es seguimiento presupuestal”, explicó.
Sostuvo que este costo se podría dar “aumentando el déficit”, considerando que puede ser a través del uso de los fondos del Tesoro Público que tiene el MEF ahorrado o mediante endeudamiento. “El Tesoro tiene dinero depositado en el BCRP. El que pidas prestado al BCRP, lo preste el Banco Mundial o emitas bonos en el mercado internacional solo lleva al financiamiento del déficit, pero ya lo aumentaste”, sostuvo y añadió que se está generando una confusión en el Parlamento de “política social con simplemente distribuir los fondos de las pensiones”. Consideró que ello también se podría atender con “un bono por desempleo”.
Al cierre de esta edición, el debate para la aprobación de la propuesta consensuada continuaba. Varios parlamentarios auguraban su aprobación. No obstante, también se presentaron nuevos planteamientos “más responsables fiscalmente”.
A la par de la sesión del Pleno del Congreso, también se realizó ayer la sesión 129 del Foro del Acuerdo Nacional, y en el marco de este encuentro el presidente de la República, Martín Vizcarra, volvió a mencionar la situación de los jubilados de la ONP.
"A través del Pacto Perú se puedan encontrar alternativas viables para atender la situación de los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP)", declaró.
Cabe recordar que el mandatario ya había planteado que en el foro se analice la problemática del sistema público de pensiones, "buscando alternativas acordes con las capacidades presupuestales del Estado que permitan atender las justas demandas de los pensionistas que merecen un trato más justo y digno", manifestó.
En otro momento reconoció que hay temas de coyuntura "urgentes de resolver y nosotros como Ejecutivo no lo evadimos".
En tanto, la ministra de Economía y Finanzas, María Alva, sostuvo que “el país necesita el consenso de las autoridades de los tres niveles de gobierno, partidos políticos y la sociedad civil para actuar en conjunto frente a los efectos de la pandemia por el nuevo coronavirus”, señaló.
Anthony Novoa, congresista Acción Popular
“Buscamos, con esta ley, enmendar las fallas del sistema de pensiones, y es esta crisis por la pandemia la que refleja estas fallas de un modelo que se implementó hace 30 años. Hoy atenderemos esta demanda de la población a través de los afiliados a la ONP”.
Martín Vizcarra, presidente de la República
“Espero que, como ya he planteado, en este foro (Pacto Perú) podamos encontrar alternativas viables acordes con las capacidades presupuestales del Estado que permitan atender las justas demandas de los pensionistas que merecen un trato más justo y digno”.
María Teresa Céspedes, congresista Frepap
“Nosotros hemos averiguado que los recursos de la ONP han sido invertidos, por lo que sí hay el dinero para hacer la devolución. Sabemos que hay una mayoría de congresistas que votarán a favor de la propuesta: Frepap, Podemos Perú, UPP, entre otros”.
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