Congreso: Proyecto busca la creación de un sistema pensionario universal solamente con DNI

El Frepap presentó a través de su vocera, María Cespedes, un proyecto de ley que busca la creación de un Sistema Integral de Pensiones, para que todas las personas, desde su nacimiento, cuenten con una Cuenta de Ahorro Previsional (CAP) asociada a su DNI y adscrita a una de las instituciones autorizadas para la gestión de los fondos.

En el caso de menores de edad, los padres o tutores se encargarán de representarlos hasta que cumplan los 18 años.

Asimismo, proponen la creación de la Superintendencia Nacional de Pensiones (SUNAPEN), una institución pública con autonomía funcional que velará por la correcta ejecución de dicho sistema de pensiones y de la gestión e inversión de los ahorros previsionales a los gestores de carteras de inversión GCI, que reemplazaran a las AFP, mediante una licitación internacional pública y abierta, garantizando una rentabilidad mínima a los afiliados.

La iniciativa contempla que el 2% del IGV de cada compra del afiliado a lo largo de su vida se depositará en su CAP, y el Estado aportará un bono previsional al recién nacido, destinado también al CAP del niño, equivalente al 12% de una UIT a condición de que sus padres se comprometan a hacer lo propio en un plazo de 5 años.

Además, los contribuyentes podrán destinar a favor de su CAP hasta el 30% del Impuesto a la Renta que les corresponda pagar en el ejercicio fiscal correspondiente.

Finalmente, el proyecto de ley precisa que se crea un Fondo Solidario (Fopis) con la finalidad de contar con recursos necesarios para completar los aportes de los afiliados y hacer posible la pensión mínima universal.

‘’El fondo (Fopis) estaría constituido por el actual Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) creado mediante Decreto Legislativo N° 817, el nuevo aporte de los empleadores del 2% de la planilla, el 10% del Canon Minero, Hidroenergético, Gasífero, Pesquero, Forestal y Petrolero, así como todos recursos provenientes de la incautación de bienes y pérdida de dominio dispuesta por el decreto legislativo 1104, como consecuencia de los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, etc’’, explica el documento.

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