Medidas laborales: El otro lado de la medalla
Lea la columna de la Ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres. Hoy en la sección economía de La República.
Los triunfos obtenidos y el récord de medallas alcanzadas en los Juegos Panamericanos han revitalizado el orgullo de ser peruanos y nos han permitido también identificar los factores que hicieron posible tan importantes resultados: claridad de objetivos, organización, disciplina, trabajo en equipo, respaldo de la afición, proyección al futuro. Así, a los esfuerzos individuales que sin duda han gestado dichos logros, se sumó un entorno favorable que afianzó la confianza de nuestros representantes para alcanzar las metas.
Extrapolando esta figura al ámbito laboral, de cara al Bicentenario de la Independencia de nuestro país y en el marco de las políticas de Estado y los compromisos internacionales y nacionales que hemos asumido, como gobierno estamos comprometidos con el fortalecimiento de las bases institucionales para revertir la informalidad laboral que afecta al 62% de los trabajadores asalariados privados; extender el marco de protección a los trabajadores y sus familias a través de un sistema nacional de inspección de trabajo con presencia a nivel nacional, así como para mejorar la prestación de servicios de salud de calidad y cada vez más eficiente a favor de más de 11 millones de asegurados, mediante el Seguro Social de Salud - Essalud.
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Para ello, la agenda laboral priorizada por el sector Trabajo se sustenta en los ejes estratégicos definidos y aprobados en consenso por el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo el pasado 9 de agosto de 2018: Empleo juvenil y modalidades formativas; Formalización y productividad: Políticas para promover el empleo formal, capacitación laboral, sostenibilidad empresarial; Fortalecimiento del Diálogo Social; Institucionalización de la remuneración mínima; Plan nacional de inspecciones: Fiscalización Laboral; Libertad sindical, negociación colectiva, arbitraje y huelga; Migración laboral y; Seguridad social y EsSalud. Todo ello en el marco de las políticas de Estado y los compromisos internacionales y nacionales que hemos asumido como país.
En el proceso de implementación de esta agenda, se oyen voces discordantes, las cuales, reveladoramente, se ubican en las antípodas entre sí. De una parte, se sostiene que éstas representan “la amenaza, cuando no la consumación, de la afectación y reducción de derechos de los trabajadores a través de una política anti laboral en curso”; de otra parte se señala que “resultante decepcionante que no se hayan contemplado medidas determinantes para eliminar la rigidez de la regulación laboral que resta competitividad al país”.
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Ante ello, es importante remarcar tres apuntes: primero, todas las medidas y la normativa aprobadas a la fecha se sustentan en evidencia, buscan equilibrio y se encuentran en sintonía con los objetivos prioritarios sectoriales; segundo: reafirman la voluntad política del gobierno de avanzar en la afirmación de los derechos laborales, descartando toda forma que pueda representar su menoscabo; tercero: el grado de desconfianza que se trasluce en dichas posiciones solo podrá superarse si todos los actores sociales se implican en la construcción de las fórmulas de solución a través del diálogo al que convocamos permanentemente a las organizaciones de trabajadores y gremios empresariales.
Estas son las convicciones de un gobierno que paulatinamente construye un entorno favorable para el crecimiento económico con legitimidad social, con trabajadores con competencias y derechos reconocidos formando parte de empresas integradas competitivamente a mercados locales y globales. ¿Es posible? Si sumamos todos y hacemos del trabajo formal, un orgullo peruano, pues claro que sí.
