El Gobierno aprobó este domingo el Plan Nacional de Competitividad, el cual cuenta con nueve objetivos prioritarios - entre ellos el laboral - así como con 36 lineamientos de políticas con la finalidad de orientar la formulación de políticas para un Plan Multisectorial de Competitividad.
Es el Objetivo Principal 5 el que abarca el mercado laboral, y es en este capítulo en el que se vienen las principales medidas para “crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno”.
En ese sentido, se prevé alistar medidas para actualizar el marco normativo actual de generación de empleo, otorgando mayores contenidos al reglamento del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Fomento de Empleo, los cuales considerarán aspectos tales como: la determinación prorrateada mensual de beneficios laborales tras acuerdos con el empleador, la definición de situación económica habilitante para la terminación colectiva de contratos de trabajo, la implementación de un proceso de evaluación médica para declarar la invalidez absoluta permanente, así como la digitalización de boletas de pago y otros documentos para el trabajador, entre otros.
Uno de los lineamientos que proyecta cambios en el mediano plazo está relacionado a las nuevas modalidades de trabajo. Según argumenta el Plan, los nuevos modelos de negocios solicitan de un empleador con medias jornadas, por lo que la medida apunta a permitir la celebración de contratos más acordes a las necesidades de los trabajadores que cumplen, sin que esto implique la pérdida o menoscabo de sus derechos laborales.
"La propuesta es especialmente relevante para mejorar las condiciones laborales de las mujeres. La población femenina representa el 54.5% de personas con un empleo a tiempo parcial como ocupación principal. Asimismo, enfrentan condiciones de alta informalidad (90,4%), incluso en mayor medida que sus pares masculinos (87.7%).
De acuerdo al cronograma previsto en el Plan, en octubre de este año se publicará el proyecto de ley que modifica la Ley de Fomento de Empleo, y para diciembre, se estaría promulgando la ley. En tanto, para julio del 2021, se tendría listo el reglamento.
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Se prevé que para diciembre de este año se apruebe la modificación de la Ley que regula el Teletrabajo, con el objetivo de fomentar la adaptabilidad del trabajo a las distintas condiciones de vida y tendencias del mercado laboral. En tanto, para julio del 2021, se tendría listo el reglamento de la nueva ley y hacia el 2030, se revisaría el impacto de la regulación del teletrabajo y sus pilotos en diversos grupos poblacionales (mujeres, varones, personas con discapacidad, otros).
Si bien el porcentaje de micro y pequeñas empresas informales ha disminuido en los últimos años, pasando de 65.1% en el 2012 a 48% en el 2017, la informalidad tributaria y laboral sigue siendo la característica principal de las MYPE.
Frente a esta situación, se plantea la modernización del Régimen MYPE a partir de dos componentes. El primero consta de revisiones a la normativa del sistema de aseguramiento y del sistema de pensiones, en el marco de la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, y del Consejo de Evaluación de los Sistemas de Pensiones creado por la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30939.
Además, se establece la posibilidad de generar “convenios de formalización” que permitan amnistías administrativas para las empresas a cambio de iniciar procesos de formalización, con la finalidad de alinear incentivos y convertir al régimen MYPE en un esquema atractivo de contratación.
Mientras que el segundo componente se centra en la creación de programas de acompañamiento que permitan el paso de las empresas a la formalidad de manera sostenida. Hacia el mediano plazo, estas acciones serán complementadas con la implementación de diversos Centros de Formalización Laboral en todas las regiones del país.
Para noviembre de este año, se tiene previsto la promulgación de una resolución ministerial para la implementación de un sistema de alerta en el Sistema Informático de Inspección de Trabajo en base a la planilla electrónica que permita acciones de inteligencia inspectiva. En tanto, para julio del 2021, se aprobará el decreto que implementa el sistema de información cruzada para determinar perfiles de riesgo de los empleadores. Finalmente, se estima que para el 2030 el pais cuente con un sistema de inspección 100% digitalizado con alcance en las 24 regiones.
De otro lado, se prevé que para diciembre de este año, existan 20 intendencias implementadas con la finalidad de acelerar el proceso de formalización laboral en el país.