Pierde por goleada. Este año se han registrado 23 enfrentamientos entre barras. Norma tiene elementos claves que no se han implementado. Según la PNP, equipos no asumen su responsabilidad, aunque ellos dan otra versión. El Estado gasta casi S/ 200 mil por cuidar un partido.,Ley contra violencia en el fútbol tiene 5 años y no consigue resultados,Ley contra violencia en el fútbol tiene 5 años y no consigue resultados,- ¿Por qué se pelean, causas? ¡Todos somos de Alianza! - ¡Se veía venir, se veía venir hace rato! Dos hinchas de Alianza Lima comentan —indignados, con frustración evidente— la pelea entre dos facciones de su barra principal. Ocurrió el pasado 14 de octubre, en la salida de la tribuna sur del Estadio Nacional, tras el partido contra el Sport Boys. La gresca quedó registrada en un video que se difundió luego en redes sociales. En el mismo encuentro, antes del pitazo inicial, las cámaras de televisión captaron a un policía golpeando sin razón aparente a una seguidora del equipo rosado. PUEDES VER Joven muere durante enfrentamiento entre barras bravas en Chorrillos [VIDEO] Ambas situaciones, aunque distintas, grafican los matices de un problema complejo, las responsabilidades de los actores involucrados y los fracasados intentos por pacificar los espectáculos deportivos. La lista de hechos violentos asociados al fútbol es larga y no es exclusiva de un solo club. En lo que va del año, solo en los partidos de primera división, la Policía ha registrado al menos 23 enfrentamientos entre supuestos “hinchas”. De ese total, 21 casos corresponden a peleas entre facciones de barras de un mismo equipo. Durante el 2017, la PNP contabilizó 14 disturbios de la misma clase, lo que muestra que el panorama, lejos de mejorar, está empeorando. Dichas cifras, vale precisar, solo consideran los enfrentamientos ocurridos dentro y en los alrededores de los estadios, es decir, no tienen en cuenta peleas ocurridas en distintos puntos del país que viven en zozobra por el “pandillaje pernicioso”. La estadística también es preocupante puesto que, desde 2013, el Perú cuenta con un marco normativo pensado para combatir ese problema, pero que a todas luces no ha cumplido sus objetivos. Lo que dice la norma La Ley N° 30037 y su reglamento establecen que "las entidades competentes en materia de seguridad para los espectáculos deportivos" son el Instituto Peruano del Deporte (IPD), el Ministerio del Interior (Mininter), la PNP y la Dirección de Gobierno Interior (ex-Onagi). No obstante, la norma indica que los clubes tienen responsabilidades específicas, como contar con seguridad privada para las tareas de vigilancia dentro y fuera del estadio en un rango de cinco cuadras a la redonda, además de ejercer el control de entradas en los ingresos. PUEDES VER YouTube: Rapero peruano 'jala las orejas' a las barras bravas [VIDEO] “Con tal propósito, pueden suscribir convenios con la PNP y contratos con las empresas de seguridad privada para el cumplimiento de los fines de prevención y seguridad en el recinto deportivo”, se lee textualmente en la norma. El coronel Víctor Zanabria Angulo, jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE), reveló a La República que ningún club de fútbol ha cumplido con firmar dichos convenios. Pese a ello, en la práctica, la Policía Nacional es la entidad que ha asumido las responsabilidades que, como dice la ley, corresponden a los "organizadores de los espectáculos deportivos". Para un partido de “alto riesgo”, dice Zanabria, la Policía moviliza a 2.500 agentes, quienes se encargan de custodiar las zonas adyacentes al estadio, las principales vías de acceso y toda el área de influencia. Dentro del recinto, en función del aforo, en cada tribuna se posicionan por lo menos 100 efectivos. Aunque no existe un dato exacto de cuánto gasto representa dicho esfuerzo para el Estado, sí es posible tener un cálculo aproximado. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un policía que trabaja en su día de franco debe recibir S/ 13.23 por hora. Es cierto que los efectivos asignados a los estadios cumplen sus jornadas regulares, pero dicho monto funciona como indicador genérico. Con esa premisa, considerando que el servicio en los estadios se presta durante unas seis horas, incluidas las dos que dura un partido de fútbol, se puede concluir que la PNP invierte al menos S/ 198 mil 450 en resguardar un encuentro de alto riesgo. Dado que los clubes tienen la obligación de contratar vigilancia privada, como manda la norma, se puede afirmar que al dejar sus tareas de seguridad a la PNP se estarían "ahorrando" un monto similar. En medio de este panorama, las denuncias de abuso policial también son recurrentes. Sobre este punto, la PNP informó que desarrollará un protocolo de intervención para acciones en espectáculos deportivos. La versión de los clubes Aunque la PNP asegura que muchos clubes no cumplen con sus obligaciones legales, los encargados de las mismas organizaciones deportivas no comparten por completo ese diagnóstico. “Cada club es independiente de realizar sus eventos y es el responsable de firmar el convenio con la Policía. Hay tres niveles de riesgos para un partido: alto, medio y bajo, pero quien determina el nivel es la PNP ante la solicitud presentada por el club”, explicó Alex Berrocal, jefe de Seguridad y Operaciones de Alianza Lima. PUEDES VER Anuncian mayor control sobre barras bravas De acuerdo con los procedimientos técnicos vigentes, la entidad que organiza el evento deportivo tiene la obligación de presentar su plan de seguridad con una anticipación de 12 días hábiles, de tal modo que las instituciones competentes puedan decidir si se juega o no el encuentro. Algunas de dichas entidades son la propia PNP, Defensa Civil, la Dirección de Seguridad Deportiva del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Oficina Nacional de Gobierno del Interior (Onagi), las cuales integran la Comisión Nacional Contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos. Sobre la contratación de seguridad privada, Berrocal declaró: “Nosotros sí contratamos y la distribuimos de acuerdo a la norma de la FIFA. En un partido de alto riesgo la proporción es un agente de seguridad por cada 100 personas; en uno de riesgo medio, un agente por cada 150 y en los de bajo riesgo, un efectivo por cada 250". Al respecto, este diario pudo conocer que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad (Sucamec) realizará una evaluación técnica para determinar cuántos agentes privados se requieren en función de la cantidad de público. En relación al empadronamiento de sus barristas, el dirigente aliancista aseguró que los hinchas deben invertir S/ 130 para conseguir los documentos requeridos. “Nosotros como club los apoyamos para que tan solo con su DNI puedan adquirir el permiso de la PNP y los antecedentes judiciales y penales". Por su parte, el jefe de Operaciones de Sporting Cristal, Luis Chiroque, aseguró que en la actualidad han conseguido inscribir a 1.500 barristas, cuyos datos ya están disponibles en el Registro Único de Empadronamiento de Barristas (Ruebar) del Mininter. “Nosotros tenemos el ‘libro negro’ donde se registran las personas que causen daños, peleas o que atenten con la tranquilidad del espectáculo. En nuestro estadio (Alberto Gallardo) tenemos un centro de video vigilancia para las autoridades y pantallas para comunicar las leyes y sus restricciones", declaró el dirigente celeste. Del mismo modo, Chiroque informó que la seguridad en los partidos del club rimense están a cargo de la compañía Defense S.A., que está debidamente registrada ante la Sucamec. El dirigente aseguró que sus agentes están acreditados y capacitados para trabajar en coordinación con la PNP. El Club Sport Boys se pronunció a través de Alejandro Mazzi, uno de sus gerentes. “Nosotros respetamos las reglas de la Comisión porque involucra a todos los que participan en el desarrollo del evento. Como club hemos desarrollado un plan de seguridad innovador, presentando acciones puntuales”, declaró. Según el dirigente, indicó que algunas de dichas medidas son el uso de drones y cámaras profesionales en los accesos a los estadios. Mazzi no aclaró si estos dispositivos tienen la resolución suficiente para identificar los rostros de los asistentes. El representante rosado también dijo que se está avanzando con el registro de barristas. “Se está iniciando el proceso de empadronamiento mediante el sistema de socio/aportante. Esto implica, primero, generar una base de datos integral de simpatizantes del club. Estas personas, por un pago mensual, ingresan gratuitamente al estadio y reciben beneficios comerciales", explicó. Por las cifras expuestas, es claro que el partido contra la violencia se está perdiendo por goleada. Y es obligación de clubes y autoridades voltear el marcador. PUEDES VER Barras bravas rebasan a la policía y desatan ola de violencia en Lima En cifras - 2.500 efectivos policiales se necesitan para un partido de alto riesgo. - 198 mil soles gasta aproximadamente la Policía en cuidar un partido de riesgo alto. - 100 policías como mínimo vigilan cada tribuna. Los clubes no contratan seguridad. ¿Entradas y registro de barras? - Aunque distintas voces aseguran que la Ley N° 30037 no ataca el problema de fondo, lo cierto es que, a cinco años de su aprobación, todavía no se implementan sus principales dispositivos. - La norma establece que los clubes deben registrar a sus barristas para que la "barra oficial" se convierta en "aliada" y ayude a identificar a los hinchas violentos. Además, determinó que los clubes comparten responsabilidad por sus actos contra la ley, lo que debía motivar su compromiso para erradicar el problema. Ninguno de estos puntos se cumplió. - La segunda gran medida era la obligación de vender entradas nominadas, es decir, que incluyan los datos del comprador para identificar a las personas que entran a los estadios. La PNP ha determinado que esta medida no se cumple, lo que genera que las facciones de las barras se disputen el control por las entradas y otros beneficios económicos vinculados. - Ningún club ha sido sancionado por incumplir la ley.