¡Excelentes noticias para los empleados estatales en España! Estos serán los nuevos sueldos desde julio 2025

El Gobierno de España ha anunciado que habrá un aumento salarial del 2,5 % para los empleados públicos a partir de julio 2025, en un contexto de inflación en el país europeo. Esta se hará efectiva con carácter retroactivo desde enero de 2024. Dicho aumento beneficiará a más de 3,5 millones de españoles en empresas estatales

El ajuste combina un 2 % aplicado en 2024 y con un 0,5% adicional pactado para este año, condicionando al comportamiento del IPC acumulado durante los últimos tres años. Con estas medidas, el Ejecutivo busca aliviar el impacto de la inflación en las nóminas del funcionariado.

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¿Cuánto será el nuevo aumento a funcionarios públicos de España en julio 2025?

Dicho incremento forma parte de un Acuerdo Marco de Función Pública 2022-2024, pactado entre el Gobierno español y los principales sindicatos. Este pacto establecía un incremento del 3,5 % en 2022 y 2023, y 2.5 % en 2024.

• Grupo A1: 1.360 euros
• Grupo A2: 1164,19 euros
• Grupo B: 1017,66 euros
• Grupo C1: 814,11 euros
• Grupo C2: 727,50 euros

En 2025, la subida se estableció un 0.5%, condicionando a que la inflación superara las previsiones oficiales. Dicha subida será con carácter retroactivo desde enero 2024, lo que implica un abono de 504 millones de euros pendientes, lo que implica un pago extraordinario que cubrirá esos meses de espera.

El aumento depende de los Presupuestos Generales del Estado; sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, mediante el ministro Óscar López de Transformación Digital y Función Pública, aseguró que el abono se realizará en la brevedad posible.

Sindicatos españoles exigen derechos laborales

El Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF) reclama que, además del incremento inmediato, se apruebe una ley de revalorización salarial automática conforme al IPC, con el motivo de que los sueldos públicos sigan perdiendo poder adquisitivo desde los recortes de 2010.

También, el CSIF denuncia una pérdida de más de 20.000 puestos en la administración estatal durante la última década, específicamente en organismos como SEPE y Seguridad Social, y exige avanzar hacia la jornada de 35 horas semanales y estabilización laboral.