California: jueza ordena restablecer asistencia legal a niños migrantes sin tutores en EE. UU.

Un tribunal federal en California emitió una orden que restaura la ayuda legal para niños inmigrantes, bloqueando temporalmente el intento del gobierno de Donald Trump de eliminar el financiamiento a programas que brindan asesoría jurídica a menores no acompañados. La decisión fue tomada por la jueza Araceli Martínez-Olguín, quien fue nominada al cargo por el presidente Joe Biden.

La medida, emitida el 2 de abril de 2025, representa un importante revés para la administración Trump, que había cancelado el contrato con el Acacia Center for Justice, una organización que provee asistencia legal a más de 26,000 niños a través de una red de entidades colaboradoras. La jueza consideró que la acción gubernamental podría violar la Ley de Protección a Víctimas de Tráfico de 2008, que garantiza asesoría a menores migrantes en situación de vulnerabilidad.

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Trump intentó retirar fondos a programas clave de defensa legal infantil en California

El conflicto se originó el 21 de marzo, cuando la administración de Trump puso fin al convenio federal con el Acacia Center for Justice. En respuesta, once organizaciones legales interpusieron una demanda, argumentando que la terminación del acuerdo dejaba sin defensa a miles de menores, contraviniendo leyes federales de protección infantil.

En su dictamen, la jueza Martínez-Olguín destacó que garantizar representación legal a niños no acompañados no solo respeta sus derechos fundamentales, sino que también agiliza los procesos dentro del sistema migratorio. La funcionaria subrayó que, sin acceso a defensa adecuada, los menores quedarían expuestos a procedimientos injustos y decisiones erróneas en sus casos de inmigración.

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Vigencia de la orden y próximos pasos judiciales

La suspensión temporal se mantendrá vigente hasta el 16 de abril de 2025, mientras el litigio continúa en tribunales. Este fallo representa la tercera derrota legal para las políticas migratorias de Trump en menos de una semana. Anteriormente, otras cortes ya habían frenado medidas relacionadas con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y procedimientos de deportación acelerada.

Por su parte, el Departamento de Justicia ha defendido la decisión de cancelar el contrato, argumentando que el uso de fondos públicos para servicios legales gratuitos no es obligatorio y que estas organizaciones pueden continuar sus labores con recursos propios. No obstante, los grupos demandantes aseguran que sin fondos federales será inviable mantener la representación para miles de niños en riesgo de deportación.