HRW acusa a fiscal general de Guatemala de perseguir al gobierno "por motivos políticos"
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, investiga "por motivos políticos" al gobierno del presidente Bernardo Arévalo en vez de combatir la corrupción y el crimen organizado, acusó este miércoles Human Rights Watch.
Desde la investidura de Arévalo en enero de este año, el Ministerio Público "ha iniciado investigaciones penales contra su gobierno sin presentar evidencia que sustente las acusaciones", denuncia la oenegé en un informe.
"La fiscal general Porras, quien lideró acciones para revertir ilegalmente las elecciones, está abusando de su cargo para perseguir penalmente a funcionarios de gobierno sin evidencia creíble", asegura Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, citada en la nota.
"En lugar de investigar el crimen organizado y la corrupción generalizada en Guatemala, la fiscal general se dedica a impulsar investigaciones selectivas para socavar a un gobierno al que se opone", añadió.
Entre agosto y noviembre, Human Rights Watch entrevistó a 11 personas y revisó documentos y declaraciones de funcionarios del Ministerio Público. El 2 de diciembre envió una carta a la fiscal general solicitando información.
"No hemos recibido respuesta hasta la fecha", se queja la oenegé.
El Ministerio Público ha iniciado al menos 17 investigaciones contra funcionarios gubernamentales de alto nivel y ha solicitado al menos seis veces a la Corte Suprema que retire la inmunidad de Arévalo para que pueda ser investigado penalmente.
Human Rights Watch concluyó que el ministerio público "formuló múltiples investigaciones contra funcionarios gubernamentales por delitos, como 'abuso de poder', sobre la base de hechos que no parecen ser delictivos".
Según la oenegé, el Ministerio Público "cerró investigaciones sobre presuntos sobornos que habría recibido el expresidente Alejandro Giammattei" (2020-2024) de "una empresa rusa con operaciones en Guatemala y de un exfuncionario señalado por corrupción".
Porras es objeto de sanciones de la Unión Europea (UE) "por acciones que socavan la democracia" y de Estados Unidos por "participación en importantes hechos de corrupción".
Pero Arévalo no puede destituirla debido a que la ley solo permite remover al fiscal general si es condenado en un proceso penal.
El presidente mantiene vigente en el Congreso una iniciativa para modificar esa legislación y ha intentado que la justicia procese a Porras por varios delitos como incumplimiento de deberes por negarse a participar en una reunión de gobierno.
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