El gobierno de Venezuela presentó este martes ante el Parlamento un proyecto de presupuesto para 2025 equivalente a 22.600 millones de dólares, 10% mayor que el del año en curso, en medio de incertidumbres por posibles nuevas sanciones ante un tercer mandato de Nicolás Maduro.
Estados Unidos ha advertido que podría volver a aumentar la presión tras las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado vencedor para gobernar hasta 2031.
Al presentar el presupuesto ante el unicameral Parlamento, controlado por el chavismo gobernante, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que el aumento "refleja" la "resistencia" de la economía venezolana "en condiciones de adversidad, en condiciones de asfixia económica".
El presupuesto anual ya había saltado de 10.500 millones de dólares en 2023 a 20.500 millones en 2024, tras la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela con permisos a trasnacionales petroleras como Chevron para que pudiesen operar en este país caribeño.
Venezuela, que perdió 80% de su PIB con ocho años consecutivos de recesión entre 2014 y 2021, experimenta un crecimiento económico de "8,5% del PIB en los primeros tres trimestres de 2024", según Rodríguez, que citó cifras del Banco Central.
"Un 77,6% (del presupuesto) está dirigido a la inversión social", agregó sin dar mayores detalles.
El país ha visto recuperarse su producción de crudo, alcanzando 980.000 barriles diarios (b/d) en octubre, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Llegó a desplomarse por debajo de 500.000 b/d.
Sin embargo, aún es lejana a los 3 millones b/d que este país ponía en el mercado hace dos décadas.
El gobierno achaca la -que llevó a migrar a más de 7 millones de personas según Naciones Unidas en este país de 30 millones de habitantes- a las sanciones, aunque el colapso comenzó mucho antes de estas restricciones.
El congresista Mike Waltz, próximo asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump en su segundo mandato en la Casa Blanca, impulsa una ley para reforzar las sanciones, que fue aprobada en la Cámara de Representantes pero que aún debe pasar por el Senado estadounidense.
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