Los profesionales del sector turístico mostraron este martes su rechazo al nuevo registro de viajeros instaurado en España, al considerar que es un peligro para la privacidad de las personas y aumenta innecesariamente la burocracia para viajar.
Este nuevo registro, que entró en vigor el lunes, exige que hoteles, establecimientos de turismo rural, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos proporcionen información específica sobre sus clientes, a través de una plataforma digital específica.
El objetivo es mejorar la "prevención" y la "lucha contra el terrorismo y el crimen organizado", explicó en un comunicado el Ministerio del Interior, que calificó el sistema de "más ágil" y "moderno" que el previamente vigente.
De no acatar la norma, las empresas pueden recibir multas de hasta 30.000 euros (31.500 dólares), según el decreto gubernamental.
Los establecimientos turísticos ya tenían que compartir con las autoridades el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de documento de identidad de sus clientes, pero a partir de ahora deberán añadir más datos, como el número de teléfono, el lugar de nacimiento y detalles sobre la forma de pago.
Unos requerimientos considerados excesivos por las organizaciones profesionales del sector, que afirman que deben recopilar más de 40 datos sobre sus clientes con este nuevo sistema, o incluso más de 60 cuando se trata de reservas de alquiler de automóviles.
"Estamos ante un decreto (...) desafortunado e incomprensible", denunció este martes en un comunicado Juan Molas, presidente de la asociación Mesa del Turismo, quien lamentó la falta de "diálogo" por parte de las autoridades antes de emitir el decreto.
Con este nuevo sistema "se está vulnerando la intimidad de las personas", dijo en un video Ramón Estalella, secretario general de la asociación hotelera Cehat.
"Solicitar estos datos, transmitir estos datos, guardarlos durante tres años, creemos que tiene un enorme riesgo a todos los efectos, sobre todo por protección de datos personales", agregó.
Con el objetivo de que la regla sea revertida, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) envió el lunes una carta a los ministros del Interior y de Turismo cargando contra la "norma desproporcionada" que a su juicio podría debilitar a las empresas del sector, "en su mayoría pymes".
"No vamos a someter a nadie a un interrogatorio", insistió la carta, que aseveró que muchas empresas "tampoco pueden asumir el alto coste operativo" del sistema, que podría ahuyentar a los turistas.
España, segundo destino turístico del mundo después de Francia, recibió el año pasado 85,1 millones de visitantes, un récord. Según la patronal Exceltur, esta cifra debería superarse este año, tras un verano de muy alta afluencia.
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