General prófugo en Honduras se jacta de apoyo de policías y militares
El general hondureño Romeo Vásquez, prófugo de la justicia, se jactó este sábado de tener el apoyo de policías y militares de su país, en un mensaje enviado a diferentes medios de prensa.
Vásquez, de 68 años, lidero un golpe de Estado que derrocó en 2009 al expresidente Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta Xioamara Castro. Junto a otros dos generales, está acusado por la muerte de un manifestante derivado de protestas por la interrupción del orden constitucional.
Los generales, Venancio Cervantes, de 69 años, y Carlos Puerto, de 63, fueron enviados el 18 de marzo a una penitenciaría, luego que en una audiencia un tribunal cambió el arresto domiciliario por prisión preventiva.
Vásquez no se presentó a la audiencia, por lo que es considerado prófugo, y la policía ofrece una recompensa de 40.000 dólares por información que lleve a su captura.
"Aquí estoy en primera instancia agradeciendo a los pobladores de esta zona que me han protegido. Extensivo el agradecimiento para los buenos policías y los buenos militares que me ha estado protegiendo todo este tiempo", dijo Vásquez en su mensaje.
Ni la policía ni el ejército se habían referido el supuesto apoyo de uniformados que asegura tener Vásquez.
Los tres generales retirados están acusados por la fiscalía del asesinato en 2009 de Isy Obed Murillo, de 19 años, y de lesiones graves e intento de asesinato contra Alex Zavala, otro manifestante.
Los militares estuvieron presos seis días en enero, pero un juez de primera instancia les concedió luego arresto domiciliario. Sin embargo, la Corte de Apelaciones revocó la medida el 3 de marzo a instancias de la Fiscalía y ordenó la captura de los tres.
Vásquez encabezó el golpe de Estado de junio del 2009 ordenado por una alianza cívico-militar de derecha contra Zelaya.
Las víctimas del caso, Murillo y Zavala, participaban el 5 de julio de ese año en una protesta contra el golpe, que fue reprimida por militares.
La causa contra los tres generales fue presentada hace varios años, pero se reactivó en 2024 por parte del actual fiscal general, Johel Zelaya, afín al gobierno según la oposición, aunque no es familiar del exmandatario.
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