La declaración de Barata en manos del procurador ad hoc Jorge Ramírez

Condiciones. Abogado de directivo de Odebrecht solicitó que el procurador ad hoc firme el compromiso de no utilizar las declaraciones de Barata contra Odebrecht. Si no hay compromiso, no hay declaración. Fiscalía busca alternativas.

4 Feb 2018 | 6:35 h

Jorge Barata reiteró su disposición de contar a la Fiscalía todo lo que sabe sobre los pagos lícitos e ilícitos que la constructora Odebrecht realizó a funcionarios y políticos peruanos, en un escrito que el abogado brasileño Carlos Kauffmann remitió a la oficina de cooperación judicial internacional de Brasil.

Pero la defensa de Barata puso una condición necesaria para dar su declaración testimonial: que también participe el procurador ad hoc para el caso Odebrecht en el Perú, Jorge Miguel Ramírez, y que este firme un compromiso expreso de no utilizar sus declaraciones para denunciarlo, embargar sus cuentas o perseguir a la constructora brasileña.

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A este requerimiento también se adhirió Luis Antonio Mameri, el exvicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola. Mameri es el otro directivo que está dispuesto a corroborar los dichos de Marcelo Odebrecht.

La Fiscalía de lavado de activos y el Equipo Especial del caso Odebrecht en el Perú se han comprometido a no perseguir a Barata, Mameri y la compañía brasileña por sus declaraciones. Sin embargo, la procuraduría ad hoc se ha mantenido al margen, pese a utilizar la información que recibió la fiscalía.

El 15 de mayo del 2017, para la primera declaración de Marcelo Odebrecht, la procuradora Janet Briones se abstuvo de participar, luego de que Odebrecht exigió que sus declaraciones no sean utilizadas para iniciar cualquier proceso civil y penal contra él, alguno de sus empleados o el grupo Odebrecht.

Los fiscales de lavado de activos Rafael Vela Barba y Germán Juárez, a nombre del Estado peruano, firmaron el acuerdo. Lo mismo sucedió para la declaración de Odebrecht, el 9 de noviembre. Los fiscales se comprometieron a no usar esa declaración en contra de la constructora brasileña.

La procuraduría no viajó a Curitiba y no firmó ningún compromiso. Así las cosas, el 1º de febrero, el abogado Carlos Kauffmann le dirigió una carta a la procuradora regional y secretaria de cooperación internacional de Brasil, Cristina Schwansee Romanó, para pedirle que comunique a las autoridades peruanas la necesaria participación de la procuraduría ad hoc en el proceso de cooperación judicial.

Barata y Mameri sustentan su pedido en el acuerdo de leniencia y delación premiada que Odebrecht y sus directivos han firmado en Brasil, bajo cuyo paraguas legal declararan ante la fiscalía peruana. Hauffmann informa que si bien el Ministerio Público del Perú cumple el acuerdo de no persecución, no sucede lo mismo con la procuraduría ad hoc.

“El Estado peruano sufre de personalidad múltiple”, según los abogados brasileños.

La carta de Hauffmann llegó con carácter de urgente al despacho del fiscal superior Rafael Vela, quien ve peligrar la declaración de Barata prevista para fin mes. Si la procuraduría ad hoc no firma, Barata no declarará. El Perú se quedaría sin saber nada de la corrupción de Odebrecht, por obra de la procuraduría ad hoc.

Vela busca una salida alternativa. Los fiscales no quieren perder la declaración de Barata. Hauffmann apoya su petición en las declaraciones del procurador Ramírez al programa “Cuarto Poder”. Allí el procurador advirtió que puede “adoptar medidas coercitivas de carácter patrimonial contra los colaboradores eficaces, para la reparación civil”.

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