GyM, JJ Camet e ICCGSA en investigación del caso Lava Jato en Perú

Procedimiento especial. Las empresas peruanas socias de Odebrecht en la construcción del Metro de Lima y la Interoceánica Sur habrían aportado económicamente en el pago de los sobornos, según el colaborador Jorge Barata.

14 Nov 2017 | 6:15 h

Graña y Montero, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA (ICCGSA) y JJ Camet Contratistas Generales todavía no son notificadas, pero se encuentran en el centro de una investigación del Equipo Especial del caso Lava Jato sobre el pago de sobornos realizados por la Constructora Odebrecht en el Perú.

Las tres compañías integraron los consorcios y participaron, junto a la Constructora Norberto Odebrecht, sucursal Perú , en la construcción del tramo 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima y en la vía Interoceánica Sur, tramo 2 y 3.

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El efecto jorge barata

La investigación, según conoció La República, se inició en febrero, luego de recibir la declaración del ex superintendente de Odebrecht Latinvest Jorge Henrique Simoes Barata, como parte de los actos de corroboración.

El ejecutivo brasileño declaró que sus socios peruanos tuvieron conocimiento del acuerdo ilícito y participaron económicamente en el pago de los sobornos por los contratos del Metro de Lima y la Interoceánica Sur.

"Lo que sí es cierto es que se distribuyó entre los consorciados, no recuerdo la fórmula exacta, esto lo verificaré. Esto fue más o menos así, ellos sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que corresponde", declaró Barata en el caso de la Interoceánica.

Barata ha declarado que pagaron 8.1 millones de dólares al viceministro Jorge Cuba por los contratos de la línea 1, del Metro de Lima, y 20 millones de dólares al ex presidente Alejandro Toledo por los contratos de la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

El ejecutivo brasileño explicó que la participación de los consorcios en el pago de los sobornos fue reconociendo un mayor porcentajes en el reparto de utilidades en ambas obras.

Posteriormente, los abogados de la constructora brasileña entregaron a la fiscalía los documentos de los acuerdos de consorcio para el reparto de utilidades de los años 2011 y 2015.

Los acuerdos

En dichos documentos, los consorcios "reconocen que Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal del Perú ha asumido riesgos adicionales a los que le correspondía por su participación (...) en la ejecución de las obras de construcción encargadas al consorcio".

Luego se indica que el papel de la constructora brasileña "ha sido determinante en la obtención de los resultados (...), asumiendo inclusive riesgos adicionales, corresponde que reciba un mayor porcentaje al de su participación en los resultados ...".

En el caso del Consorcio Tren Eléctrico, que integraron Constructora Norberto Odebrecht y Graña y Monteros, los documentos fueron firmados por la empresa brasileña por Raymundo Nonato Trindade Serra y Antonio Carlos Nostre Junior y por la constructora peruana, Juan Manuel Lambarri Hierro y Hernando Graña Acuña.

Respecto al consorcio de la Interoceánica Sur, aparecen firmando Jorge Barata, por Constructora Norberto Odebrecht; Eleuberto Antonio Martorelli, por Odebrecht Investimentos em Infraestructura Ltda; Gonzalo Ferraro Rey, por Graña y Montero; Fernando Martín Camet Piccone, por JJC Contratistas Generales; y José Fernando Castillo Dibós, por ICCGSA.

Verificación

A fin de verificar lo dicho por el colaborador Barata y el contenido de los mencionados acuerdos de reparto de utilidades, el equipo del fiscal Hamilton Castro dispuso realizar una serie de peritajes y recabar mayor información en forma reservada, de acuerdo con la Ley de Colaboración Eficaz.

Sin embargo, ante la denuncia del congresista Daniel Salaverry contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por una inactividad del Ministerio Público en este caso, la reserva se terminó.

Pablo Sánchez y Hamilton Castro han confirmado que existe una investigación para establecer la participación de los consorcios en el pago de los sobornos.

Al respecto, el gerente general corporativo del Grupo Graña y Montero, Luis Díaz Olivero, remitió ayer una carta a la Superintendencia del Mercado de Valores en la que indica que "a la fecha, no hemos recibido notificación alguna en la cual se nos informe formal y oficialmente de la inclusión de la compañía o alguno de sus directivos, ejecutivos y/o colaboradores en las mencionadas investigaciones".

Este documento fue utilizado por algunos congresistas para decir que el fiscal de la Nación y Castro habían mentido y que no hay una investigación.

Procedimiento

En la fiscalía responden que existe un sinnúmero de actas, disposiciones y peritajes realizados que demuestran la existencia de esta indagación reservada desde hace varios meses.

Anotaron que al tratarse de la corroboración de una declaración de colaboración eficaz, las constructoras no han sido notificadas del procedimiento especial, al no ser parte.

Los consorcios serán notificados si se corrobora lo dicho por el colaborador y se formaliza una investigación preparatoria. Recién entonces podrán presentar sus descargos. Antes no se les puede notificar, dicen, de un procedimiento de colaboración eficaz del que no son parte, explican en la fiscalía.

Otros casos

- Consorcios. El caso de Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet no es el único que se investiga de manera reservada. Como parte de la corroboración de la declaración de Jorge Barata, hay otros temas que tienen esta condición.

- Reservada. El llamado Club de la Construcción y pagos en la Municipalidad de Lima se encuentran en esta condición de investigaciones reservadas, como parte de la corroboración de las declaraciones de colaboración de Jorge Barata.

Colegios de abogados de regiones cierran filas

Los decanos de los colegios de abogados de Arequipa, Cusco, Ayacucho y La Libertad señalaron que la denuncia contra el fiscal de la Nación y miembros del Tribunal Constitucional es un abuso de poder de la bancada fujimorista que no se debe permitir.

José Suárez Zanabria, del Colegio de Abogados de Arequipa, recordó que el Ministerio Público tiene jerarquía constitucional y que el fiscal de la Nación es designado por la Junta de Fiscales Supremos, no por el Congreso de la República. Cuestionó que en el Congreso haya intereses partidarios que en algunos casos superan al interés nacional. "Tenemos que ser firmes para que esto no suceda", señaló.

En Cusco, la decana Trinidad Mujica Zevallos sostuvo que no se debe admitir el abuso de poder de la mayoría parlamentaria. "La autonomía del Poder Judicial, del Ministerio Público tiene que ser respetada le guste o no a la mayoría del Congreso", aseveró, luego de indicar que mañana difundirán un pronunciamiento público.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de La Libertad, Manuel Montoya Cárdenas, respaldó la labor que viene desempeñando el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público. Objetó que la denuncia de Daniel Salaverry contra el fiscal Pablo Sánchez no haya formulado la ampliación de la investigación "si no que, amparándose en la Carta Política del Estado, ha violado principios democráticos".

Carmela Ruiz Vergara, decana del Colegio de Abogados de Ayacucho, también rechazó la denuncia constitucional de Salaverry y la calificó como acto abusivo. "La Comisión Permanente del Congreso va a tener que rechazarla. De lo contrario, correríamos el peligro de volver al autoritarismo", advirtió.  

 

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