¿Guerra civil o guerra de Valkirias?, por René Gastelumendi

Estamos ante una guerra cuyos bandos tienen armas letales, como las prisiones preventivas, las acusaciones, los allanamientos, aunque también los testimonios de colaboradores eficaces y pruebas que hacen bailar a las portadas de la prensa al son de sus filtraciones, camufladas en el hecho de que un fiscal no es el único en el expediente que tiene acceso a tales documentos, pues también lo tienen los abogados de las partes investigadas. Tal vez por eso los disparos pasan piola y sin poder determinar a sus autores, ya que son fuentes periodísticas protegidas.

Enfrentamiento feroz que empezó en la era de Pedro Chávarry, era que hoy parece lejana con estas nuevas batallas dentro de una institución encargada de investigar y denunciar, y que forma parte crucial de nuestro sistema de justicia.

Hagamos memoria. Chávarry reemplazó a Pablo Sánchez, a quien unos le achacan haber sido benevolente con las investigaciones a Martín Vizcarra quien, a su vez, cerró posteriormente el Congreso, ganándose el odio eterno de un bando. Vencido su plazo para la elección, el 7 de junio de 2018, la Junta de Fiscales Supremos votó por Pedro Chávarry como su sucesor, lo que fue del beneplácito de la –en ese entonces– recientemente herida oposición congresal. A los pocos meses, Chávarry, por su parte, fue acusado de tener vínculos con ‘Los Cuellos Blancos’ y también de llevar a cabo medidas muy controversiales, como retirar de sus puestos a los fiscales a cargo de la investigación del caso Lava Jato, que involucra a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, vale decir, José Domingo Pérez y Rafael Vela. Chávarry, posteriormente, incluso fue grabado por las cámaras de seguridad del Ministerio Público, ingresando a lo que fue su oficina con el presunto objetivo de retirar las pruebas que ya estaban lacradas.

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En enero de 2019, la fiscal Zoraida Ávalos reemplazó interinamente a Chávarry porque la Junta Nacional de Justicia(JNJ) lo iba a suspender. Finalmente, lo destituyó en febrero de 2021.

Ya con el inenarrable Pedro Castillo en el poder, Ávalos fue señalada por la oposición congresal de haber sido blanda con las investigaciones a la corrupción del gobierno de Perú Libre.

Como vemos, de un tiempo a esta parte, cada fiscal de la Nación representa, en su momento, a alguno de los espectros de la polarización encarnizada que vive la política peruana y se convierte en un objetivo de tiro. Las balas cruzadas pueden alcanzar a periodistas como Gustavo Gorriti o Juan Carlos Tafur. También a policías que no deciden nada, solo ejecutan, como Harvey Colchado, ahora en medio de un proceso disciplinario promovido desde un Ejecutivo herido por el allanamiento de los Rolex.

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Pero sigamos. En marzo de 2022, Ávalos fue sucedida en el cargo por Pablo Sánchez, quien volvía al puesto, pero aún no se consumaba la venganza contra ella. Esta llegó en 2023 desde el Congreso: Ávalos fue inhabilita –por cinco años– por medio de una resolución legislativa que la acusó de dilatar, en enero de 2022, investigaciones por corrupción del gobierno de Castillo. También fue embarrada por el colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, de intentar diluir las investigaciones del expresidente Vizcarra por coimas cuando este fue gobernador de Moquegua.

En junio de 2022, Pablo Sánchez declinó y Patricia Benavides fue votada como nueva fiscal de la Nación. Ella se convirtió en la adalid de la derecha extrema congresal. Le perdonaron todo con tal de servir a sus oscuros intereses: la remoción de Bersabeth Revilla, fiscal que investigaba a su hermana, Enma Benavides, por presuntos sobornos provenientes de narcotraficantes liberados, hasta la inexplicable ausencia de sus tesis de maestría y doctorado, entre otras joyas.

Pedro Castillo cayó por el autogolpe, pero Benavides y sus seguidores se arrogan su caída en diciembre de 2022.

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Casi un año después, ya con Dina Boluarte en el poder, hacia el lunes 28 de noviembre de 2023, llegó hasta los oídos de la todavía fiscal de la Nación que se iba a realizar el operativo Valkiria V. Por ello, Benavides convocó de madrugada, en su oficina, a sus fiscales y personal de confianza. Allí se redactó la resolución que removió a la fiscal Marita Barreto, quien, paradójicamente, investigaba a la empresaria Sada Goray, cuyo testimonio sí había puesto contra las cuerdas al gobierno de Castillo.

Asimismo, esa noche se coordinó la estrategia para deslindar de su ya investigado asesor Jaime Villanueva, quien se convertiría más tarde en el testigo clave. Fue una represalia innegable ante las imputaciones de la coordinadora de Eficcop, referidas a que, como fiscal de la Nación, Benavides estuvo vinculada a conflictos de intereses revelados por su exasesor Villanueva.

La primera de estas imputaciones fueron los eventuales favores a actuales congresistas: el archivamiento de sus casos a cambio de votos para lograr la destitución de los integrantes de la JNJ que la estaban investigando, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y también la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, de acuerdo con los intereses del actual Congreso.

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Además de ello, Benavides, ahora presunta cabeza de una organización criminal, habría solicitado reemplazar a los fiscales a cargo de las investigaciones más comprometedoras para los líderes políticos, entre ellas, a Marita Barreto, aunque no fue la única. De la misma manera, solicitó el cambio de Rafael Vela, coordinador del equipo Lava Jato, y de Magaly Quiroz, encargada del caso Cuellos Blancos.

Benavides oficializó la suspensión de Rafael Vela a través de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC). ¿La razón? Haber declarado a la prensa su desacuerdo con un fallo del Poder Judicial en el caso cócteles de Keiko Fujimori.

En un giro inesperado en esta guerra, antes de dejar el cargo, por la primera operación Valkiria que fue respaldada por la presidenta Boluarte (pues no le quedaba otra), Benavides se vengó de su supuesta aliada y la denunció constitucionalmente ante el Parlamento por homicidio calificado. Boluarte respondió y, pulseando su alianza con el Congreso, la desafió al renunciar –declarativamente– a su inmunidad presidencial para supuestamente afrontar las investigaciones por los 60 muertos que dejaron las protestas contra su Gobierno.

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El 11 de diciembre de 2023, dos semanas después de que fuera cesada por Benavides, la fiscal Marita Barreto fue reincorporada. La JNJ, finalmente, suspendió a Benavides y esta fue reemplazada por el fiscal supremo Juan Carlos Villena. La reciente operación Valkiria XI ya alude a otros temas como sobornos para el direccionamiento de licitaciones dentro del Ministerio Público, que comprometen –aún más– a Patricia Benavides. En el interín, dos miembros de la JNJ fueron inhabilitados por el Congreso que jugaba en pared con Benavides, pero, el Poder Judicial los reincorporó en marzo. Mientras tanto, en medio de los descubrimientos criminales producidos esta semana, otro actor importante en esta guerra, el Tribunal Constitucional, podría apartar de sus cargos en la JNJ a Inés Tello y Aldo Vásquez debido a un proceso competencial iniciado por la mayoría congresal. La guerra continúa, ante una ciudadanía confundida y atarantada, que no sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos.