Los ‘lobbies’ del gas, por Humberto Campodónico

¿Se imagina usted que la gasolina cueste, por ejemplo, 15 soles el galón en Lima y que en Arequipa, Chiclayo y Trujillo se venda a 30 soles? No se lo imagina, ¿cierto? Y tiene razón, porque eso no sucede en la realidad. La gasolina, cuando sale de las refinerías, tiene el mismo precio e impuestos. Hay pequeñas diferencias debido al costo de transporte y distribución a las ciudades. Ya en los grifos, los precios al público pueden variar debido al margen de ganancia que cobra cada grifero. Pero nada más.

Eso no sucede con el gas de Camisea, pues el precio en Arequipa, Chiclayo y Trujillo es el doble (100%) del de Lima. Esto porque el gas viene por gasoducto, en directo. Pero el que va a las ciudades no llega directo: tiene varias “paradas” en el camino, lo que encarece su costo.

La primera “parada” es en Pampa Melchorita, de Peru LNG. Allí, el gas es licuefactado, reduciendo en 600 veces su volumen mediante un proceso industrial. El 95% de la producción de Peru LNG (unos 500 millones de pies cúbicos diarios) se exporta. Pero una pequeña parte (20 mmpcd) se destina al mercado interno y hace el recorrido por carretera con camiones cisterna. Llegado a su destino, tiene que “regasificarse” para recobrar su volumen original. Recién allí puede ingresar a las tuberías de gas que lo llevan a los domicilios, a los grifos y los comercios.

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Tenemos allí tres costos adicionales: el costo de licuefacción, el costo del transporte por camiones cisterna y el costo de la regasificación. Por eso cuesta el doble que en Lima. 

Desde el punto de vista social, esto es una aberración, pues las regiones pagan más que en Lima, ciudad que, además, tiene mayor poder adquisitivo. Y también económico, porque los precios son distintos para el mismo bien. Se conocen varios casos de empresarios que prefieren venir a Lima a instalar sus empresas porque el costo de la energía es más barato. Se profundiza el centralismo limeño.

Además, el mayor costo del gas en las regiones lo vuelve menos competitivo. De un lado, el gas domiciliario tiene casi el mismo precio que el balón de GLP. Lo mismo con el gas natural vehicular (GNV) que compite con los tanques de GLP en los autos.

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Hay más: el GLP se rige por el precio internacional, como todos los derivados del petróleo. Y más del 20% del consumo se importa, lo que impacta en la balanza comercial. Pero no sucede lo mismo con el gas del Lote 88, porque su precio está regulado. ¿Por qué? Porque ese gas, descubierto por Shell en los años 80, revirtió gratis al Estado cuando se rescindió su contrato. Por eso, cuando el Lote 88 fue licitado en el 2000, las reservas ya estaban descubiertas. En las bases de la licitación se consignó un mecanismo de regulación de precios, que rige hasta hoy. 

El gas natural contamina mucho menos que el petróleo y por eso se le considera como el combustible “puente” para la transición energética, es decir, para la sustitución del petróleo por energías renovables (eólica, solar, biomasa, entre otras). Esa transición forma parte de los compromisos del Perú para el cambio climático.

Lo señalado se replicaría también en la sierra central y sur, con el agravante de que allí no hay concesiones, pues las cuatro licitaciones de Proinversión para las siete regiones (Junín, Huánuco, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco y Puno) desde el 2005 a la fecha resultaron desiertas. Los postores consideraron que el monto de las inversiones no podría ser recuperado debido a la escasa demanda y a los altos precios del gas. Así, las regiones más pobres no tienen el gas barato para sus domicilios, el transporte, comercio e industria. Debido a la ortodoxia no se toma en cuenta que el gas domiciliario tiene rentabilidad social, no económica.

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Gasoducto y nuevo proyecto de ley

La solución pasa por la construcción de una red nacional de gasoductos, lo que permitiría tener un solo precio. Así lo han hecho todos los países industrializados. En Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil y México también hay redes de gasoductos. Eso se planteó aquí con el Gasoducto Sur Peruano (GSP), desde Camisea hasta Ilo-Mollendo, pasando por Cusco y Arequipa. Pero se cayó por la corrupción de Odebrecht, habiendo avanzado un 35%. Mucho se ha hablado de relanzar ese gasoducto o construir otro, pero, hasta ahora, nada.

Mientras tanto, en noviembre del 2021, el Poder Ejecutivo mandó al Congreso el proyecto de ley 679 para impulsar la masificación. Este PL ha tenido idas y venidas entre el Congreso y el Ejecutivo, pues ha sido aprobado por el primero y observado por el segundo. Hay un último dictamen en la Comisión de Energía y Minas que debiera llegar al Pleno en pocos días.

En este artículo solo veremos la propuesta de tarifa nivelada. Esta contempla que haya un mecanismo de compensación, el mismo que financiaría el costo más elevado que tiene el gas en las ciudades de la costa (que viene de Peru LNG) y lo que está por venir en las ciudades de la sierra (hace poco en Huancavelica, mediante concurso, se otorgó la buena pro a una empresa).

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Se trata de establecer un mecanismo de cobro, de un lado, a los consumidores de gas por ductos, cuyo precio se verá reflejado en los recibos. De otro, habrá un recargo a los generadores de energía eléctrica, el mismo que también sería trasladado a los consumidores. Se afirma que el incremento sería del 3% de los recibos de luz. Esta propuesta es objetada por el Congreso.

Aquí, vale la pena recordar que, del 2002 al 2009, se subsidió la construcción del gasoducto de Camisea a Lima con la Garantía de la Red Principal, por monto total de US$434 millones, a través de un aumento de las tarifas de luz a todos los consumidores. ¿Lo que vale para Lima no vale para todos los demás peruanos?

El Ejecutivo planteó que la tarifa nivelada alcanzaría a los consumos de hasta 900.000 metros cúbicos por mes. Pero sucede que en el Congreso la han reducido hasta solo 50.000 m³/mes. Esto hace que muchos pequeños comercios, servicios e industrias no tengan tarifa nivelada y tengan que pagar más caro.

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Quizá los congresistas no se hayan dado cuenta de que los autos y los taxis tampoco tendrán tarifa nivelada porque los retiraron del último dictamen. Si un grifo vende más de 50.000 m³ diarios a todos sus clientes, chau tarifa nivelada. Es lo que va a suceder: en Lima, en promedio, cada grifo vende 220.000 m³ diarios. Fuera de Lima se venderá menos, pero más de 50.000 m³ diarios. En cada región, cuando se sepa que no hay tarifa nivelada para autos, comercios y servicios, se sabrá quiénes son los responsables.

Para terminar, los impulsores de las modificaciones a la ley tienen distintos sombreros, pero un solo objetivo. No les gusta la tarifa nivelada a los vendedores de GLP. Tampoco a los que ya han llegado a esos mercados con gas comprimido y pueden perder clientes. Ni a los actuales grandes consumidores de gas (comenzando por las termoeléctricas), pues aumentará el consumo de gas, en un contexto de reducción de las reservas de gas de Camisea, sin que haya expectativa de reinversiones en exploración.

Esta es otra del Congreso, lo que nos alejará de una verdadera masificación fuera de Lima. ¿Cambiarán de opinión? No lo creo.