Frente Amplio: Decreto debilita los derechos laborales

Control. Congresistas aseguran que el gobierno legisló en forma inconstitucional en este punto. Espinoza, de APP, cuestiona retiro de DNI para estos trámites.

Marisa Glave pide a gobierno no ser secretarios de los empresarios. Foto: La República

Marisa Glave pide a gobierno no ser secretarios de los empresarios. Foto: La República.

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski promulgó un decreto legislativo con una serie de medidas para la simplificación administrativa; sin embargo, la misma norma contempla artículos que atropellan los derechos de un importante sector laboral del país, según fue denunciado ayer en la sesión de la Comisión de Constitución del Congreso.

Se trata del decreto 1246 que incluye una disposición complementaria que elimina la obligatoriedad de los empleadores de enviar copias de los contratos laborales temporales al Ministerio de Trabajo.

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En conversación con La República, la parlamentaria del Frente Amplio Marisa Glave criticó la incorporación “camuflada” de este artículo, pues recordó que el Congreso nunca otorgó al Gobierno facultades legislativas en materia de derechos laborales.

“Es un error muy grande no entender que no están para ser los tramitadores de los empresarios”, cuestionó.

La legisladora explicó que, en el Perú, siete de cada diez trabajadores formales están contratados a plazo temporal y, en adelante, las copias de sus contratos ya no serán enviados al Ministerio de Trabajo, como una forma de garantía para la posterior defensa de sus derechos laborales.

Tanto Marisa Glave como Indira Huilca, ambas del Frente Amplio, se opusieron ayer a la aprobación de este artículo en la sesión de la Comisión de Constitución, por ir contra la protección de los derechos laborales.

DNI sin caducidad

Otro extremo cuestionado de este decreto legislativo tiene que ver con la eliminación del requisito del Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado para realizar distintos trámites.

La parlamentaria Marisol Espinoza apuntó que tal modificación es inconstitucional, pues modificaría la Constitución y la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Un informe en minoría presentado por la congresista Úrsula Letona planteaba incorporar un plazo máximo de 60 días para poder realizar trámites sin DNI actualizado.

Otra salida fue propuesta por el aprista Javier Velásquez Quesquén, quien planteó que el trámite de actualización del DNI sea gratuito, con lo que se garantizaría contar con una base de datos actualizada en el Reniec. Este decreto aún no pasó por el filtro del Congreso.

Bachilleres sin luz verde

La Comisión de Constitución también rechazó el artículo 4 del DL 1337, mediante el cual el Gobierno quería contratar a bachilleres, pero como "profesionales altamente calificados".

Este artículo fue rechazado porque no tenía nada que ver con el criterio de "optimización de los servicios en el Estado", que planteó el gobierno al momento de solicitar facultades legislativas.

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