Legisladores de Fuerza Popular, Acción Popular, Frente Amplio y algunos del oficialismo sostuvieron dura polémica en la que se recordó los tiempos en los que Fujimori y Montesinos compraron parlamentarios. Al final el dictamen de FP, que pretende convertir a los disidentes en tránsfugas, se aprobó por mayoría.,Hubo un ejercicio de memoria en el Congreso. Ocurrió en la Comisión de Constitución, presidida por el fujimorismo. Allí, de manera apresurada y a rajatabla, se aprobó por mayoría un dictamen que busca sancionar a los parlamentarios que se apartan de sus bancadas. Se trata de una propuesta de ley contra el transfuguismo. La iniciativa es promovida nada menos que por el fujimorismo: los padres del transfuguismo. PUEDES VER: Marco Arana afirma que no hay razones para una ruptura en Frente Amplio Lo ocurrido ayer nos remonta irremediablemente a los últimos años del gobierno del recluso Alberto Fujimori y la compra de congresistas, a cargo de su socio Vladimiro Montesinos. La escena más memorable es aquella grabada en video, en el que aparece el entonces legislador Alberto Kouri recibiendo 15 mil dólares, a cambio de pasarse a la bancada fujimorista. Fueron en total doce los legisladores tránsfugas que se pasaron a la bancada de Alberto Fujimori, en aquel año 2000 (ver infografía). Pasado el tiempo, 16 años después, son los fujimoristas quienes intentan sacar con clara celeridad una ley que sanciona a quienes abandonan sus bancadas. Lo hacen en circunstancias en que acaba de renunciar a esta bancada la parlamentaria Yeni Vilcatoma. El congresista Yonhy Lescano fue uno de los que se opusieron en todo momento a esta iniciativa. En respuesta, los fujimoristas intentaron poner en tela de juicio la trayectoria de su partido Acción Popular. Fue entonces que Lescano les refrescó la memoria: “Nunca hemos tenido un Montesinos comprándose a los parlamentarios y entregando plata para que se vengan al fujimorismo. No tienen los señores de Fuerza Popular solvencia moral para hacer acusaciones infundadas”, enfatizó. Lo que dice el dictamen Según el dictamen aprobado –de origen fujimorista–, los congresistas que en adelante renuncien, sean separados o expulsados de su grupo político o alianza electoral no podrán formar parte de otra bancada parlamentaria y menos formar una nueva. Asimismo, estarán impedidos de presidir comisiones o integrar el Consejo Directivo del Legislativo. Votaron a favor de este dictamen los congresistas de la amplia mayoría fujimorista, además de Marisol Espinoza (APP), Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Alberto de Belaunde (Peruanos por el Kambio). En cambio, votaron en contra de la iniciativa los congresistas Yeni Vilcatoma, Vicente Zeballos, Oracio Pacori, Alberto Quintanilla, Mario Canzio y Yonhy Lescano. Este último consideró como “un abuso que se pretenda recortar los derechos de los parlamentarios que finalmente se convertirán en un paria dentro del Legislativo”. Lescano evocó la figura de Javier Diez Canseco, quien abandonó al nacionalismo por principios, pero con la actual lógica fujimorista sería sancionado con el “recorte de los derechos congresales”. Y es que el dictamen aprobado sanciona absolutamente a todos los que se alejen de sus bancadas, sin hacer distinción entre quienes lo hagan por mantener sus convicciones, por la disidencia, y por quienes opten por el transfuguismo a cambio de favores o, incluso, dinero, como ocurrió con el fujimorismo. Vilcatoma reclamó que la propuesta atenta contra el principio constitucional del debido proceso, al no desarrollar en detalle las causales de la sanción, para que el congresista pueda ejercer su derecho de defensa. Por otro lado, enfatizó que la propuesta es inconstitucional pues con una ley, dijo, se pretende recortar los derechos constitucionales que son inherentes a los congresistas elegidos por la población. Vilcatoma pidió cuestión previa para solicitar la opinión de otros especialistas. Su pedido fue rechazado por la mayoría. En una actitud de prepotencia, sus sugerencias tampoco fueron tomadas en cuenta por los asesores de la comisión, quienes sí recogieron los comentarios de otros legisladores. Ley con nombre propio El fujimorista Héctor Becerril dejó entrever que algunos parlamentarios se oponen a la aprobación de esta ley porque buscarían tener más integrantes en sus bancadas. Lescano rechazó esto y afirmó que el fujimorismo impulsa esta ley porque quiere poner candados para evitar que otros congresistas renuncien a Fuerza Popular. “Esta ley tiene nombre propio. Al fujimorismo le preocupa que otros más se vayan”, subrayó Lescano. El acciopopulista había sustentado antes una propuesta distinta que sí era específica al sancionar únicamente a los legisladores que se cambian de camiseta “por motivaciones económicas u otros beneficios para sí o para otros”, tal como ocurrió en el año 2000. El congresista Mario Canzio (Frente Amplio) coincidió al señalar que esta ley es anticonstitucional. “Están tan desesperados que han aprobado esta norma y quieren evitar la fuga de sus integrantes”. Ausencia de argumentos Desde el fujimorismo, Luis Galarreta intentó argumentar que esta ley no es sancionatoria. Sin embargo, su colega de bancada Miguel Torres aseguró que quienes deciden salir de sus bancadas “van a tener que asumir las consecuencias de su mala decisión”. Otro intento de argumentación del fujimorismo tuvo que ver con el fortalecimiento de los partidos. Oracio Pacori, del Frente Amplio, consideró en cambio que se debe apostar por otros mecanismos para fortalecer a los partidos. En Fuerza Popular, por cierto, de los 73 congresistas electos, solo 11 tenían la condición de militantes. Para la legisladora Karina Beteta, “eso no tiene nada que ver” con el fortalecimiento de los partidos, y defendió el carácter voluntario de la afiliación de los parlamentarios. Por otro lado, de esos 73 fujimoristas electos, al menos 23 anteriormente militaron en otros partidos (ver infografía). Particular es el caso de la hoy fujimorista Patricia Donayre, quien votó ayer contra el transfuguismo, aunque antes postuló a cargos por el Frente Independiente Moralizador, Acción Popular, Perú Posible y Alianza por el Gran Cambio. Con todo, el dictamen de ayer será compartido en la web del Congreso, para obtener más opiniones, por el plazo de siete días, antes de pasar para su eventual aprobación en el Pleno. Legisladores como Mauricio Mulder y Carlos Bruce han expresado que no están de acuerdo con el dictamen, pues creen que será necesario un mayor debate.
