Informe. El viceministro Rubén Vargas y la inspectora general del Ministerio del Interior confirmaron la versión periodística según la cual un grupo de policías ultimaba sistemáticamente a presuntos delincuentes para obtener beneficios en su carrera policial. Ahora se iniciará la investigación administrativa y disciplinaria, que concluirá –de comprobarse fehacientemente la responsabilidad– con la baja de los implicados.,El viceministro del orden interno del Ministerio del Interior (Mininter), RubénVargas Céspedes, confirmó que existen indicios razonables de que 27 presuntos delincuentes fueron ejecutados extrajudicialmente por un grupo irregular integrado por oficiales y subalternos de la Policia Nacional, cuyas operaciones se registraron entre el periodo del 2012 y el 2015. PUEDES VER: Se inicia desfile de ministros en las comisiones del Congreso Vargas precisó que este grupo de policías está formado por un general, un comandante y siete suboficiales, cuyos nombres no fueron revelados, aunque sus identidades sí figuran en el informe que ha sido entregado a la Fiscalía de Crimen Organizado. Según fuentes del Ministerio Público se trataría del general PNP Vicente Álvarez Moreno, el comandante PNP Raúl Prado Ravines y de los suboficiales PNP César Cutti Sueldo, Luis Mío Morocho, Edghardo Vilela Mandujano, Luis Castaño Martínez, Fernando Chuquisengo Salas y Eduardo León Arroyo. Las investigaciones de la Comisión de Trabajo, integrada por el propio viceministro Rubén Vargas y la inspectora general del Mininter Susana Silva Hasembank, concluyeron que este grupo de policías, con el objetivo de obtener ventajas personales, beneficios en el ascenso al grado superior, habrían falseado información de Inteligencia simulando enfrentamientos armados por lo menos en seis operaciones registradas en Santa Anita, Ate Vitarte, Puente Piedra, Chiclayo y Chincha. En las investigaciones de la Inspectoría General de la Policía Nacional los hechos que hace mención el viceministro del Interior, Rubén Vargas, se refieren a seis operaciones. La primera es del 11 de junio del 2012 y murieron tres presuntos delincuentes en el distrito de Santa Anita; luego, el 8 de setiembre de ese año, hubo otra operación con la muerte de 2 sospechosos. Esto ocurrió en el fundo La Floresta, en Chincha. La tercera operación data del 18 de noviembre del 2012. Ahí, 3 policías en actividad fueron abatidos en un presunto enfrentamiento con la Suat, en Puente Piedra. En tanto, el 3 de diciembre del 2013, se acribilló a otros 6 supuestos delincuentes en Chiclayo. Además, el 20 de setiembre del 2014, se habría ejecutado a 4 sospechosos en el distrito de Grocio Prado, también en Chincha. Por último, el 9 de octubre del 2014 fueron abatidos tres presuntos maleantes en Ate Vitarte. El viceministro enfatizó que la Comisión de Trabajo halló documentación reservada en los archivos de la Policía Nacional, a donde estos policías fueron convocados para pertenecer a un grupo especial de inteligencia contra el crimen organizado denominado “Geico”, que funcionaba en la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote). Con anuencia del alto mando de esa unidad, los policías se trasladaban a provincias para realizar operaciones sin ningún control. "Estos policías, a raíz de sus intervenciones, eran promovidos al grado superior y condecorados”, dijo Rubén Vargas apoyándose en documentación de la Policía. Según información obtenida por la Dircote, este grupo denominado “Geico” fue creado a pedido del entonces jefe de la Dircote en el periodo del 2013, Vicente Álvarez. El viceministro indicó que la investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales fue denunciada por el comandante PNP Franco Moreno Panta ante la Inspectoría General de la Policía Nacional. Efectivamente, como informó La República, el caso fue asumido por el coronel PNP Edgar Aybar Canales, quien, luego de realizar una serie de diligencias e investigaciones preliminares en Lima y provincias, concluyó que existían indicios razonables sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en agravio de 27 sospechosos, cuyos asesinatos habrían sido perpetrados por un grupo de policías, en los que estarían involucrados además altos oficiales. En su informe, el coronel Aybar recomendó primero al alto mando policial que los 97 investigados (17 oficiales y 80 subalternos) deberían ser separados temporalmente hasta que terminen las investigaciones, debido a la gravedad y complejidad de los hechos. Para ello, Aybar remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal Administrativo Disciplinario del Ministerio del Interior para que investigue a los oficiales generales, pues la Inspectoría General no era su competencia, pero aquí nunca se hizo nada. El rol de Vargas Vargas cuestionó que dicho tribunal recibió el expediente el 31 de marzo del 2015 y, lejos de realizar cualquier investigación contra los oficiales, retuvo el expediente hasta el 26 de febrero del 2016. "Resulta excesivo que el Tribunal Administrativo mantuviera por 10 meses el expediente, cuando el plazo máximo no debe ser mayor a 60 días hábiles. Esta demora no tiene justificación razonable y constituye una grave irregularidad, cuya responsabilidad se tiene que determinar más adelante", indicó Vargas. La comisión estableció que este grupo de policías participó directamente en las operaciones y se movilizaba en diferentes unidades con el mismo equipo. Vargas señaló que el comandante (Prado) participó directamente al menos en cinco operaciones y estuvo dando las órdenes. El viceministro dijo que, según la documentación obtenida de los archivos de la Policía, el comandante (Prado) elaboró información de inteligencia irreal convocando a unidades especializadas para dar legalidad a sus actividades delictivas. La Comisión de Trabajo determinó que de los 27 presuntos delincuentes abatidos por las fuerzas del orden, once no tenían antecedentes policiales ni eran requeridos por el Poder Judicial. Asimismo, Vargas comprobó que según su hoja de vida el comandante (Prado) obtuvo en el 2013 un ascenso al grado inmediato superior, por acción distinguida. Lo que sigue es la investigación administrativa disciplinaria de la Inspectoría, que acaba con el pase a retiro de los que fueran hallados culpables. “Policías tenían un patrón de conducta” El ministro del Interior, Carlos Basombrío, dijo que su portafolio había cumplido con entregar el informe sobre las investigaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por un grupo de policías en actividad, y que dicha acción era obra de la propia Policía Nacional, Inspectoría General y del Ministerio del Interior . Basombrío reiteró que dicho informe ha sido entregado a la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado. Calificó lo hallado como un hecho "grave y focalizado". Dijo que lo investigado revela que hubo un patrón de conducta por un grupo de oficiales y policías. Se encargó de aclarar que el informe no compromete a ninguna Unidad de la Policía y que se trató de personas que se movían en diferentes unidades hasta que fueron descubiertas. Resaltó el papel de la Policía en esta investigación.
