Diversos miembros de la bancada de Fuerza Popular se han expresado a favor de la creación del Senado. De hecho, el resto de bancadas se encuentra de acuerdo con reinstalar nuestra histórica bicameralidad, de modo que no habría razones de fondo para que, de aprobarse la respectiva reforma constitucional, los peruanos no elijamos un Senado junto a las elecciones regionales y locales del 2018. Luego de 28 años de la elección del último Senado, en 1990, sería esta la ocasión de una renovación de la representación. Un cuerpo de legisladores con funciones distintas a las de la Cámara de Diputados haría la diferencia –o por lo menos lo intentaría– en un proceso político en el que se necesitan cambios institucionales que refunden el sistema. Cierto que su sola presencia no garantiza nada si el nuevo órgano de representantes no se eleva por encima de la crisis. Pero de eso se trata, de una apuesta que ojalá la actual representación se atreva a realizar. Un Senado territorial pequeño y operativo que realice la revisión legislativa mejoraría la producción de normas y dejaría a la Cámara de Diputados más tiempo y oficio para el control político. Sería, al mismo tiempo, una ruta para relanzar el proceso de descentralización ahora carente de voz en el Parlamento a pesar de que cada región se homologa con los distritos electorales. Finalmente, el país se dotaría en el momento en que más lo necesita de una cámara reflexiva, más unitaria y dialogante, mejorando el equilibrio entre los poderes. Encuentro pocos problemas para que el sistema se dote de un Senado en breve plazo. El primero es de orden social, y se refiere a que todavía un apreciable porcentaje de peruanos se opone a la reinstalación de la bicameralidad. Las razones, siendo principistas, no son necesariamente políticas en el sentido operativo, sino financieras (cuesta mucho) y de confiabilidad (más otorongos). Esta visión ha retrocedido desde el año 2000 pero se mantiene activa en su talante populista y antipolítica. La mejor manera de enfrentar ese discurso es desde la democracia, la transparencia y desde los cambios mismos en otras áreas. Desde ese punto de vista, por ejemplo, tendría poco sentido la elección de un Senado cuyos miembros presenten los mismos problemas de credibilidad de varios de los actuales legisladores. El segundo se encuentra en retroceso luego de que el fujimorismo abandonase su clásica defensa del unicameralismo. Quedan pocos argumentos en favor de esa tesis y crecen las certezas en favor de cambios que acompañen las aspiraciones del Perú como país de renta media y que aspira a ingresar a la OCDE y a mejorar su representación. Del mismo modo, la iniciativa se convierte en un asunto delicado de cara a otras reformas que han sido sugeridas y que recorren desde el ámbito de la formación de la representación hasta el del ejercicio de la representación, además de otras reformas institucionales. Siendo necesario definir el retorno del Senado, será poco conveniente aparcar otras reformas como la electoral, que debate el grupo de trabajo presidido por la legisladora Patricia Donayre, o los cambios en la administración de justicia o en la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Lo peor que podría pasar es que se apruebe el retorno al Senado y nada más. Es necesario que el Congreso vuelva a discutir sus prioridades porque se hace evidente que el marco de la discusión realizado en agosto pasado se ha transformado radicalmente. El juzgamiento de los casos de corrupción y la forma que adopta el juego político dentro y fuera del Congreso hacen necesaria la ubicación de un núcleo de reformas de alto calado que garanticen la gobernabilidad y la transparencia en los próximos años, cambios que deberían ser negociados dentro del Congreso y con los otros poderes del Estado. El diálogo político instalado en enero en el marco del Acuerdo Nacional debería decantarse hacia las reformas políticas macro y quizás sea la hora de que estos cambios sean asumidos por el gobierno como propios. http://juandelapuente.blogspot.pe/
