Se desmorona el sistema de AFP en Chile que sirvió de paradigma para el Perú

Cifras. La pensión promedio de un chileno es US$ 315, muy por debajo del salario mínimo de US$ 384. Trabajadores reciben como pensión el 34% de su último salario.

Foto: AP.

El descontento sobre las pensiones en Chile es un problema que viene desde hace muchos años, toda vez que la mayoría de la gente debe seguir trabajando aún después de su edad de jubilación, mientras que las empresas privadas obtienen enormes ganancias invirtiendo los ahorros de seguridad social de los chilenos.

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De acuerdo con una nota publicada en The New York Times, el enojo alcanzó su punto máximo en julio, cuando se hizo público que la ex esposa de un dirigente del Partido Socialista recibía una pensión mensual de casi US$ 7.800 después de jubilarse de la Gendarmería (policías). La cifra empequeñece la pensión mensual promedio de US$ 315, lo cual es mucho más bajo que el salario mensual mínimo de US$ 384.

Más de 1,3 millones de personas, de acuerdo con los organizadores, asistieron a la manifestación a lo largo del país, la más grande desde el regreso de Chile al régimen democrático en 1990.

En 1981, la dictadura de Pinochet privatizó el sistema de pensiones de reparto, en el que los trabajadores, empleadores y el gobierno contribuían.

Bajo el sistema privatizado, que el presidente George W. Bush llamó un ejemplo, los trabajadores deben destinar el 10% de sus ingresos a cuentas individuales administradas por empresas privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Las administradoras invierten el dinero y les cobran a los trabajadores una comisión por las transacciones y otras cuotas. Los empleadores y el gobierno no contribuyen a las cuentas de los trabajadores.

Este sistema es precisamente el que copió el ex presidente Alberto Fujimori, en la década del 90, para implantarlo en el Perú y es el que rige hasta la actualidad.

En Chile, los fondos invertidos por las administradoras contribuyeron al desarrollo de los mercados de capitales, lo cual estimuló el crecimiento económico y ha tenido retornos razonables. Hoy seis AFP –la mitad de las cuales son propiedad de empresas extranjeras– controlan US$ 171 mil millones en fondos de pensiones, el equivalente a cerca del 71% del producto bruto interno de Chile, de acuerdo con la superintendencia de las AFP.

Sin embargo, el sistema privatizado no ha logrado brindar pensiones dignas para la mayoría de los jubilados. Si la bolsa de valores se hunde o las inversiones salen mal, los ahorros de los trabajadores y los cheques de las pensiones de los jubilados también caen.

Una comisión designada por la presidenta Michelle Bachelet en el 2014 halló que la pensión mediana de las AFP era equivalente al 34% del último salario promedio de un jubilado (24% en el caso de las mujeres y 48% para los hombres) y se elevó al 45% con ayuda de un pilar solidario financiado por el primer gobierno de Bachelet.

Historias detrás de la protesta del pueblo chileno contra las AFP

Luis Montero, de 69 años, un manifestante cuya pensión mensual es de aproximadamente US$ 150, participó en la marcha.

Como muchos, Montero ha trabajado principalmente en empleos informales sin contrato, con ingresos demasiado bajos para ahorrar para su jubilación. Aún realiza trabajos de mantenimiento en una escuela para que el dinero le alcance.
“He trabajado toda mi vida y me gustaría descansar, pero no puedo”, dijo Montero. “No tengo idea de qué haré cuando sea más viejo”.

“El SPP no es justo”, dijo Romina Celis, una profesora de 28 años que marchó en agosto. “No sé qué fórmula podemos utilizar, pero debe haber más participación del Estado. La idea de llegar a vieja de manera tan precaria da susto”.

Claves

  • A los chilenos se les dio la opción de permanecer en el antiguo sistema o cambiarse al nuevo.
  • La mayoría se cambió, pero quienes entraron a la fuerza laboral después de 1981 deben afiliarse al sistema privado.
  • Las fuerzas armadas y la policía fueron exentas del cambio y hoy disfrutan pensiones varias veces más altas que las disponibles en el sistema privado.

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