Arequipa: Coronel PNP cobraba S/500 al mes por operativos bamba

Por: Mónica Cuti Yauli

El primer golpe se produjo en diciembre de 2018. Detuvieron a 14 implicados de la organización criminal Los Correcaminos del Sur, que cobraba cupos al transporte informal de las minivanes. Sin embargo, el cáncer continuaba enquistado en la Gerencia Regional de Transportes de Arequipa. El martes en la noche y la madrugada del miércoles se dio otro golpe. Otros 16 implicados. Entre ellos, la sorpresiva detención del coronel Richard Talavera Fuentes, jefe de Inspectoría de la Policía en Arequipa.

Al oficial lo sindican de ser uno de los brazos de la organización criminal y de apoyar falsas intervenciones a transportistas de carga pesada y minivanes. Intervenían a los choferes que se resistían a pagar las coimas. Prácticamente los obligaban. Estos hechos se remontan a 2018 ( gestión de Yamila Osorio).

En las detenciones figuran además 4 funcionarios de Transporte y transportistas que habrían efectuado los sobornos.

"Ustedes conocen mi trayectoria y un delincuente no me acusará. Hay documentación pertinente", dijo Talavera a los periodistas la mañana de ayer mientras era sacado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa enmarrocado.

El jefe de la Novena Macro Región Policial, Roy Ugaz, el coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, Omar Tello Rosales, y la fiscal Marita Cueva, titular del caso, en una conferencia explicaron el modus operandi de la red criminal.

Talavera ordenaba a los comisarios de diferentes dependencias policiales apoyar los operativos bamba organizados por inspectores de la Gerencia Regional de Transporte. Estas intervenciones servían para ablandar a los choferes y obligarlos a pagar las coimas.

Según la investigación fiscal, el jefe de Inspectoría recibía montos de hasta S/500 mensuales por apoyar con los operativos policiales, además de favores como el trámite de licencias de conducir, también le daban regalos. Según la fiscalía, Los Correcaminos del Sur iniciaron sus operaciones desde el 2015. Sin embargo, la participación del coronel recién habría empezado en julio del 2018. Quienes lo contactan son Abraham Mendoza, alias “El Viejo”, y Gabriel Almonte Concha, alias “Chascoso". Ambos están presos fruto de la intervención ocurrida en diciembre pasado.

Ellos buscaban a un miembro de la Policía que los ayude en los operativos, pues cuando solicitaban apoyo no los querían ayudar porque no tenían autorización. Un superior de la PNP, que aún no es identificado, los lleva a Talavera Fuentes y ya reunidos acuerdan el pago de S/500 mensuales.

El general Roy Ugaz indicó que el coronel será suspendido de sus cargos temporalmente, mientras duren las investigaciones. Aseguró también que sancionarán a más policías si son hallados culpables.

Así operaban

Durante el operativo se detuvo a cuatro trabajadores de la Gerencia de Transportes. Miriam Luz Chuquitaype es una de ellas. Se desempeñaba en el sector de trámite administrativo para la emisión de tarjetas de autorización para el servicio de mercadería. Ella cumplía las funciones de recepción, evaluación y elaboración del certificado de habilitación vehicular.

Según revela la investigación, se descubrió que ella reutilizaba vouchers de pago para la emisión de estos documentos. Para sacar por primera vez una tarjeta de autorización de servicio de carga pesada se paga S/300, sin embargo, ella hacía pasar este trámite como una renovación, lo que cuesta S/28. Es decir, la mafia se quedaba con el saldo.

Un voucher de pago era usado en cuatro expedientes de autorización, por lo que la Policía calcula que el Estado dejó de percibir por esta causa más de un millón de soles, durante el tiempo que operó la red criminal. Se le acusa del delito de peculado y organización criminal.

Otra intervenida es Carmen Lelis Dávila Hernán, asesora jurídica de la Gerencia de Transporte. Ella identificaba y ubicaba a los dueños de vehículos que tramitaban autorizaciones para transporte interprovincial. A cambio de 500 soles, elaboraba informes legales y resoluciones a su favor sin que cumplan los requisitos. Tenía relación con Christian Motta Contreras, exfuncionario de la Gerencia de Transporte y actualmente preso.

Incluso, gracias a sus resoluciones se dieron autorizaciones de rutas que en su tiempo no existían. Así beneficiaron a empresas de transporte como Transportes Perú Bus Kley SAC, de propiedad de Mary Lucelia Rivera Cárdenas, otra investigada por el caso Correcaminos del Sur desde el 2018. Ella hacía depósitos de hasta S/500 por estos favores. Los dineros llegaban a la cuenta del hijo de Dávila Hernán.

También están Manuel Hernán Salazar Valdivia y Pedro Lucas Ttite Mamani. Ambos eran inspectores de gabinete y evaluadores. Ellos coordinaban con los inspectores de transporte, quienes imponían actas de control por presuntas faltas a los transportistas. Entonces los supuestos infractores les pedían asesoría particular en sus oficinas ubicadas en el Centro Comercial La Negrita.

En sus despachos solicitaban dádivas a cambio de orientarlos sobre cómo debían emitir sus descargos. Luego de esto, en el Gobierno Regional emitían informes técnicos donde aprobaban los descargos. Con ello se anulaban las actas de intervención.

Otros 11 detenidos transportistas eran los encargados de recolectar las coimas. Uno es Carlos Huacani Bendita, quien recogía S/ 1 400 mensuales para depositar a Gabriel Almonte (detenido por caso correcaminos el 2018) porque no tenía autorización de circulación.v

Procedencia de la investigación y pruebas

La identificación de los nuevos 16 integrantes de Los Correcaminos del Sur se da tras la incautación de documentos de la Gerencia de Transporte a inicios de año, además de las declaraciones de los testigos protegidos y colaboradores eficaces.

Según Ministerio Público, también se analizaron 3 mil pruebas, entre audios, videos y wasaps, incluso se autorizó el levantamiento del secreto de comunicaciones de las redes sociales como Facebook de algunos investigados.

El último martes en la noche, tras la intervención, se volvieron a incautar documentación de la Gerencia de Transporte, además de tres CPU. Los 16 detenidos estarán con detención preliminar por 8 días, luego se solicitarán las prisiones preventivas.