Más cárceles: el plan del INPE para reducir el hacinamiento

Han pasado cuatro años desde que un fallo del Tribunal Constitucional puso al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) entre la espada y la pared, entre la carencia de recursos y plazos estrechos, y entre la paralización por la pandemia y la presión de acabar cuanto antes con el hacinamiento en los penales. Una misión casi imposible en un país como el nuestro.

La sentencia (expediente n.° 05436-2014-PHC/TC) es más que clara: “Si en el año 2025 no se consigue superar el estado de cosas inconstitucional (deficiencias halladas en los penales) se deberán cerrar seis establecimientos penitenciarios que han alcanzado mayores niveles de hacinamiento”, es decir, los reclusorios de Chanchamayo (553% de sobrepoblación), Jaén (522%), Callao (471%), Camaná (453%), Abancay (398%) y Miguel Castro Castro (375%).

Pues bien, queda poco más de un año para que el INPE demuestre que ha superado el “estado de cosas inconstitucional” o para que consiga, como es la intención del presidente de esta institución, Javier Llaque Moya, convencer a los magistrados del TC que hay obras ejecutadas y otras en marcha que en conjunto buscan terminar con el hacinamiento que caracteriza a las cárceles del país.

Veamos de qué se trata. En diálogo con La República, Llaque Moya señala que este año y el próximo se construirán nuevos pabellones en el penal de Abancay, en Apurímac, y en la cárcel de Arequipa, con lo que se reducirá el hacinamiento que hay en estos centros.

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Pero también hay obras ya ejecutadas y otras en marcha, como nuevos pabellones en el penal de Chimbote, una ampliación en la cárcel de Lampa y otras obras en el penal de Puno. Igualmente, un nuevo pabellón en el penal de Iquitos.

Nuevos centros

Este año, además, se concluirá el expediente técnico y se concretará el financiamiento del nuevo penal de Venado Pampa, en la provincia de Leoncio Prado, en Huánuco, cuyo inicio de obra está previsto para febrero de 2025. “Será un nuevo penal, después de varios años. El último en ser construido fue el penal de Cochamarca, en Pasco”, señala.

En Lima, en tanto, se ha aprobado la construcción del penal Ancón III, en el distrito de Ancón. Y en Cajamarca, el centro de readaptación Shumba, en el distrito de Bellavista, provincia de Jaén. El inicio de obras de estos nuevos espacios está planeado para febrero de 2025 y la culminación de los mismos, en el mejor de los casos, sería en setiembre de 2026, precisa el presidente del INPE. 

Igualmente, se ha proyectado la ampliación, con nuevos pabellones, del penal de varones de Trujillo, ubicado en el distrito de Huanchaco, en La Libertad, región convulsionada por los altos índices de criminalidad que registra anualmente.

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Pero ¿cuánto costarán estas obras? De acuerdo con Javier Llaque, el Gobierno ha comprometido 1.631 millones de soles para concretar las ampliaciones de penales y la edificación de los nuevos.

Las características

Ahora bien, ¿qué caracterizará a estos nuevos centros y quiénes serán sus primeros ocupantes? De acuerdo con los planes del Ministerio de Justicia, los nuevos recintos carcelarios estarán destinados a internos de régimen ordinario que no sean de alta peligrosidad. 

En cuanto a sus características estructurales, el jefe del INPE señala que se parecerán mucho al penal Ancón II, con algunas particularidades propias de la región y geografía del lugar donde estarán ubicados. “Serán lugares a donde no llegue la señal para teléfonos celulares”, asegura. También tendrán espacios para la recreación, talleres y aulas para los internos que deseen seguir estudios escolares y técnicos productivos.

¿Será suficiente todo esto? Llaque Moya reconoce que no, porque el crecimiento anual de la población penal es de 5.000 internos. “Cada año ingresan a las cárceles un promedio de 19.000 albergados y salen alrededor de 14.000. Esa diferencia es la que consideramos población nueva. A la fecha tenemos 130% de sobrepoblación a nivel nacional”.  

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Pero también alistan otra respuesta: la vigilancia electrónica personal (grilletes). “Ya en los siguientes días sale el reglamento. El objetivo del INPE es tener este año unas quinientas vigilancias electrónicas instaladas, lo que significa 500 unidades de albergue desocupadas”. 

Actualmente, la población penal nacional es de 95.446 internos, lo que significa que al 2027, manteniendo un crecimiento anual de 5.000, se tendrá 15.000 nuevos internos, mientras que con todos los proyectos y obras anunciadas, los cuales estarán listos en tres años, apenas se llegará a 13.000 nuevos espacios. Es decir, continuará existiendo un déficit . 

Cárceles de extrema seguridad

Y para los internos de difícil readaptación se ha proyectado ampliar el penal de Challapalca este año. “Tendrá dos nuevos pabellones con lo que su capacidad pasará de 200 a 600 internos. Será para presos de régimen cerrado especial. Adicionalmente, en Huancavelica ya tenemos un terreno donado donde planeamos construir un penal con 500 unidades de albergue para régimen ordinario”, anota Llaque.

Será para los internos que hoy ocupan el viejo penal de esa ciudad, “pero ahí mismo construiremos un penal para internos de difícil readaptación. Tendrá una capacidad para 1.500 albergados, es decir, será un nuevo Challapalca, un penal de alta contención, en una zona alejada y sin comunicación”.

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¿Y se puede hacer todo lo mencionado en tan poco tiempo? Llaque cree que sí y la mejor prueba son los Juegos Panamericanos de 2019, donde se pudo construir, bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno, en poco más de dos años. 

¿Y la experiencia de El Salvador? Para el jefe del INPE no se puede tomar como ejemplo lo hecho por el Gobierno de Nayib Bukele en materia de penales porque la información es “reservada”. “No se sabe cómo lo hicieron, qué método constructivo emplearon, ni nada, porque no se transparenta esa información. Solo se conoce la propaganda oficial que señala que lo hicieron en seis meses”.

Pero como todo lo anterior es aún insuficiente, el jefe de INPE apuesta por imponer una política de “cero tolerancia al ocio” para hacer de los internos mejores personas y eviten así caer en la reincidencia y llenar los penales.

“Actualmente, mantener un interno le cuesta al Estado entre 23 y 25 soles diarios; en un mes cuesta 900 soles y en un año casi S/10.000. Si gastamos esa suma y vemos que el interno vuelve al delito, entonces sabremos que solo fue gasto, pero si logramos que estudie y trabaje y ya no reincida, entonces sabremos que fue un dinero bien invertido”, anota.

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Lo señalado por Javier Llaque, en momentos en que congresistas y hasta la Defensoría del Pueblo piden a gritos reabrir penales inviables, resulta sensato. Solo falta saber si el Gobierno entregará los fondos y si el tiempo que queda será suficiente. Ya lo veremos.

Minjus: El Sepa y El Frontón no son opciones viables

Sobre el planteamiento de algunos congresistas de reabrir el penal El Frontón, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, señaló que por el momento se están examinando otras propuestas, entre ellas, la construcción de seis penales, pues El Frontón y El Sepa son opciones muy costosas.

Por su parte, el jefe del INPE, Javier Llaque, señaló que “hemos considerado que es inviable (...). Nos han visitado congresistas a quienes les hemos explicado esta situación: tanto el penal El Frontón como El Sepa son muy caros. El agua hay que llevarla hasta el penal, y lo mismo con el Sepa que está en ruinas”

El exministro del Interior y exjefe del INPE Wilfredo Pedraza señaló que reabrir El Frontón “no es viable porque es un terreno que no tiene servicios básicos y un penal requiere de agua, desagüe, energía eléctrica y de acceso público porque van trabajadores, van internos, van sus familias, jueces y también fiscales”.