Subcomisión de Acusaciones Constitucionales escuchó los descargos del exministro Luis Adrianzén
El ex titular de Trabajo rechazó la denuncia por presunta infracción constitucional y presuntos delitos contra la administración pública y negociación incompatible que presentaron el congresista Juan Burgos y la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides debido al caso Aionia.
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Ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), el exministro de Trabajo Luis Adrianzén negó que se haya interesado indebida y directamente en que EsSalud pague 41 millones 520 mil soles a la empresa Aionia Technology Corporation SAC por la contratación de más de un millón de pruebas rápidas durante la pandemia del Covid, según indica la tesis fiscal.
En la sesión, que se prolongó por más de dos horas, el fiscal adjunto supremo Luis Germaná dijo que Adrianzén se habría valido de su cargo como ministro de Trabajo, sector al cual está adscrito EsSalud, para acudir al despacho del entonces presidente de este organismo, Aurelio Orellana, y entregarle un folder con copia de la carta que había presentado el gerente general de Aionia al ministro, donde requería el pago de 41 millones.
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El representante del Ministerio Público refirió que después Orellana habría convocado a una reunión en el que participaron el gerente general, el gerente de asesoría jurídica y otros ejecutivos para tratar el pago a favor de la empresa.
“En esa misma fecha, se decide proceder con el pago a Aionia. Ese mismo día Aurelio Orellana fue al despacho del ministro para informarle sobre el pago”, expuso el fiscal Luis Germaná, quien también mencionó que Adrianzén se habría comunicado con Orellana por whatsap interesándose por el proceso del pago. “Ello evidenciaría el interés indebido del ministro en el pago”, acotó.
A su turno, Luis Adrianzén respondió que no tuvo ninguna injerencia y que EsSalud como organismo autónomo cumplió con su directiva 003 sobre laudos arbitrales, que señala el pago inmediato de la deuda.
“Este caso es mediático, en el cual las únicas voces que dicen componenda, delito vienen de fuente periodística. No hay un solo testimonio en la fiscalía que dice actitud orientada a cometer delito. Ni Aurelio Orellana, ni otros funcionarios han dicho que se realizó actos para cometer un delito de la magnitud que se está señalando. He sido efímero en el cargo, de enero a abril; no me fui por ventana sino con resolución y en buenos términos”, alegó.
Por su parte, su abogado Guillermo Mendoza insistió en que no se ha producido interés indebido, beneficio propio o de tercero ni afectación de normas administrativas.
“El pago no es malo, porque el Estado extingue una obligación. Orellana en su declaración ante el Ministerio Público dice que no haberse pagado la deuda se habría hecho el triple de 41 millones. No es pago apresurado porque esta obligación se tenía desde 2020. Debió pagarse en esa oportunidad, es decir dos años antes. Para pasar de investigación preliminar a investigación preparatoria se solicita que pasemos de una presunción simple a una reveladora. No hay ningún elemento nuevo, no hay interés indebido, ni beneficio propio ni de tercero”, argumentó el letrado.
El congresista José Cueto pidió la presencia del expresidente de EsSalud Aurelio Orellana en la próxima audiencia.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación - Universidad Jaime Bausate y Mesa. Trabajé en la Unidad de Investigación de La República bajo la jefatura del señor Edmundo Cruz. Hoy estoy en la sección de Política y abordo temas sobre conflictos sociales y comunidades indígenas.
