El resumen político: los hechos más destacados de esta semana

Demanda por US$1,200

Odebrecht anunció el último miércoles que interpuso una demanda ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI), contra el Perú por el Gasoducto Sur Peruano. La demanda de arbitraje presentada por la constructora brasileña alcanza los US$ 1.200 millones.

En efecto, fue a través de una carta firmada por Ray Lemos Sampaio y Rogerio Bautista da Nova Moreira, presidente y director de Odebrecht, le comunicaron a la Fiscalía que presentaron una demanda contra el Perú el 21 de enero último.

Odebrecht asegura que el Estado Peruano canceló “de manera arbitraria” el contrato de concesión del Gasoducto Sur e interpuso otras medidas que violaron los derechos subsidiarios de la constructora. Dicha información enfrenta la posición del Estado que argumenta que el contrato se culminó debido a que no obtuvo el financiamiento necesario para acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto para realizarse la obra.

Iniciaron reuniones

Tras culminar las elecciones congresales el último 26 de enero, el presidente Martín Vizcarra empezó a dialogar con los próximos integrantes del Poder Legislativo.

Alianza Para el Progreso (APP), Somos Perú, Podemos Perú y Fuerza Popular fueron los primeros grupos en reunirse en Palacio de Gobierno el lunes. Le siguieron el Partido Morado, el Frente Amplio, el martes y, finalmente fue el partido de Acción Popular el último miércoles.

Por otra parte, Unión Por el Perú (UPP) no aceptó dialogar con el mandatario anunciando su ausencia días antes mientras que el Frepap no acudió a la cita que tenía programada con el presidente de la República, Martín Vizcarra, en Palacio de Gobierno, pues alegaron que aún no había resultados oficiales de la ONPE.

Allanamiento

El último lunes el Ministerio Público inició el allanamiento a la sede de Fuerza Popular en busca de documentos de 2016. Dicha inspección fue autorizada por el juez Víctor Zúñiga y tuvo como objetivo encontrar los libros contables de la agrupación política comprendido en los años 2015 y 2016.

En efecto, el allanamiento fue dirigido por José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, quien indaga todos los presuntos delitos en la que estaría involucrada la excandidata presidencial y la organización política fujimorista.

Cabe precisar que en el primer día del operativo, que contó con la participación de efectivos de la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC), se halló un dictamen pericial contable de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) de la Policía Nacional.

El peritaje tenía el sello del coronel PNP Walter Tello Bedriñana, integrante del equipo de peritos contables de la Dirección de Lavado de Activos. Pero no tenía la firma del oficial. Posteriormente Tello, negó tener vínculos con la agrupación de Keiko Fujimori.

Evaluarán apelación

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional de Crimen Organizado del Poder Judicial consideró devolver al despacho del juez Víctor Zuñiga el recurso de apelación presentado por la defensa de la excandidata presidencial, Keiko Fujimori referida a la medida de 15 meses de prisión preventiva en su contra.

Según el tribunal de segunda instancia, Zuñiga Urday debe emitir un pronunciamiento oficial sobre el recurso del fiscal del Equipo Especial, José Domingo Pérez, de anular la decisión del magistrado en caso admita la apelación presentada por Giulliana Loza, abogada de Fujimori Higuchi, hace unos días.

Cabe recordar que el pedido del representante del Ministerio Público se dio tras conocer que dicho magistrado declaró “admisible” el trámite del recurso de apelación a favor de la lideresa de Fuerza Popular (FP) quién se encuentra internada en el penal anexo de Mujeres de Chorrillos.

Postergan audiencia

El Poder Judicial reprogramó la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Luis Castañeda Lossio, hasta este lunes 10 de febrero. La Fiscalía considera que el exalcalde favoreció a las empresas OAS y Odebrecht a cambio de sobornos.

Por otro lado, la fiscal Milagros Salazar, del Equipo Especial del caso Lava Jato, solicitó la medida cautelar por el plazo de 36 meses, sosteniendo que los tres exfuncionarios podrían vulnerar la investigación mientras se encuentren en libertad, a pesar de que ya cuentan con impedimento de salida.

Pues el Ministerio Público considera que Luis Castañeda Lossio habría liderado una organización criminal infiltrada en la Municipalidad de Lima, en conjunto con Luna Gálvez y Giselle Zegarra.

Presuntamente, esta asociación ilícita habría favorecido a las empresas brasileñas OAS y Odebrecht, al facilitarles concesiones y licitaciones de megaobras a cambio de sobornos y en perjuicio de los intereses del Estado.