El indulto trucho de Fujimori, por Jo-Marie Burt
“Fujimori es culpable de graves violaciones de derechos humanos, por más que él y sus aliados lo nieguen”.
El 7 de abril de 2009, un tribunal de la Corte Suprema de Justicia del Perú encontró culpable a Alberto Fujimori como responsable mediato de graves violaciones de derechos humanos, entre ellos, la masacre de Barrios Altos y la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta y lo condenó a 25 años de cárcel. Fujimori apeló la sentencia, pero un segundo tribunal de la CSJ afirmó la sentencia.
Internacionalmente, el proceso judicial contra Alberto Fujimori fue considerado imparcial y justo, además de histórico por sancionar a un expresidente por crímenes contra los derechos humanos.
No se puede decir lo mismo sobre el proceso que terminó con su liberación, varios años antes de cumplir su sentencia.
Para comenzar, el indulto humanitario que liberó a Fujimori fue otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski como producto de un vil negocio político entre PPK y el entonces congresista Kenji Fujimori. A cambio de que PPK le otorgara el indulto a su padre, Kenji prometió torpedear la moción de vacancia promovida por su hermana, Keiko Fujimori. El indulto fue revocado luego de que las familias de las víctimas solicitaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ejerciera su potestad de supervisión de sentencias de Barrios Altos y La Cantuta. La Corte resolvió que el indulto violaba los derechos de las víctimas y ordenó al Estado peruano a revocar el indulto, lo cual hizo, y Fujimori fue regresado a la prisión.
Ello no impidió que los abogados y allegados de Alberto Fujimori siguieran buscando aplicar un indulto ilegal y contrario al derecho internacional. Eso pasó por varias etapas, y fue frenado varias veces. Pero ahora, con la institucionalidad democrática pisoteada, cuando no importan las normas ni el Estado de derecho, cuando la ultraderecha quiere salir del sistema interamericano de DDHH para sellar la impunidad que es la base de la alianza gobernante, pudieran hacerlo, pues ya no importan los procesos y las formas.
Descaradamente, tres miembros del Tribunal Constitucional –quienes fueron nombrados por el Congreso dominado por Fuerza Popular y sus aliados– resolvieron aplicar el indulto a pesar de la orden explícita de la Corte de no hacerlo, y lo hicieron sin agendar el voto y sin consultar a dos magistrados del mismo TC que sabían votarían en contra. En otras palabras, lograron el indulto pasando por alto todo proceso democrático, pisoteando las instituciones, las reglas y las normas que son el fundamento del Estado de derecho.
Las familias de las víctimas han solicitado a la Corte declarar al Estado peruano en desacato, y un magistrado del TC ha solicitado que se declare nulo el fallo que liberó a Fujimori.
Fujimori podría ser obligado a regresar a la prisión, pero es dudable que este Gobierno, aliado total con el fujimorismo, lo obedecería. Aun así, el indulto, agraviante para las familias y para la sociedad en su conjunto, no borra su condena. Fujimori es culpable de graves violaciones de derechos humanos, por más que él y sus aliados lo nieguen.
Doctora en ciencia política por Columbia University. Profesora en George Mason University y Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), investiga sobre violencia política, autoritarismo, derechos humanos, y justicia transicional en América Latina.