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Economía

Chile: luz verde a un impuesto a la riqueza en la Cámara de Diputados, falta el Senado

Para financiar la nueva Pensión Garantizada Universal. Legisladores de la oposición agregaron un impuesto a la riqueza de 1,5% para personas con capital entre US$ 5 y US$ 22 millones, y de 2,5% para quienes superen ese rango.

El royalty minero propone una compensación a favor del Estado por la explotación del cobre y litio a partir de un impuesto al 3% de la venta de los minerales. Foto: difusión
El royalty minero propone una compensación a favor del Estado por la explotación del cobre y litio a partir de un impuesto al 3% de la venta de los minerales. Foto: difusión

El debate por las bajas pensiones que otorgan las AFP no solo traen cola en el Perú. Esta semana, la Cámara de Diputados de Chile dio luz verde a un proyecto de ley que busca financiar la nueva Pensión Garantizada Universal (PGU), propuesta en diciembre pasado por el presidente Sebastián Piñera, mediante un impuesto a la riqueza, según informó el portal Bloomberg.

La propuesta del Ejecutivo establece una pensión mensual garantizada de 185.000 pesos (US$ 222), que beneficiará a los chilenos de 65 años en adelante que no pertenezcan al 10% más rico de la población.

El costo alcanzará el 0,95% del PBI entre 2028 y 2034 antes de promediar el 0,92% en la década de 2040, según el Ministerio de Hacienda.

Para financiar la PGU, el plan original planteaba eliminar o reducir exenciones tributarias. Sin embargo, los legisladores de oposición agregaron un impuesto a la riqueza de 1,5% para personas con capital entre US$ 5 y US$ 22 millones, y de 2,5% para quienes superen ese rango. La carta fue remitida al Senado.

Legisladores y economistas han dicho que el plan del Gobierno para cubrir los costos de mejores pensiones se quedará corto. Aún así, la administración dijo que impugnará el proyecto de ley ante el Tribunal Constitucional, argumentando que las materias impositivas son prerrogativa del jefe de Estado.

La PGU será financiada por el Estado, administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS) y le llegará directamente, sin pasar por las AFP, a los adultos mayores, reemplazando al Pilar Solidario. Se calcula que beneficiará a 2,3 millones de personas, 500.000 más que los beneficiados por el actual sistema solidario.

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