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Congresista denuncia que establecimientos policiales de Oyón permanecen en área privada

Parlamentario Alfredo Benites Agurto señala que para ingresar a dependencias se necesita del permiso de minera Buenaventura. Exige que policías sean reasignados a zonas donde población los necesite.

Legislador también ha solicitado la intervención de la Contraloría General de la República. Foto: Facebook Alfredo Benites
Legislador también ha solicitado la intervención de la Contraloría General de la República. Foto: Facebook Alfredo Benites
Sociedad LR

Alfredo Benites Agurto, congresista por el Frepap, ha solicitado explicaciones al Ministerio del Interior tras conocer que dos establecimientos policiales en la provincia de Oyón se encuentran en un territorio que le pertenece a la minera Buenaventura, lo que perjudica a la población que se ve afectada por la falta de personal policial que garantice la seguridad ciudadana.

El legislador se dio cuenta de la situación en uno de sus anteriores viajes de representación a Lima Provincias, por la cual postuló al parlamento. En aquella ocasión tuvo el objetivo de revisar el estado actual de las comisarías.

En la provincia de Oyón pudo visitar las comisarías de Oyón y Churín. Sin embargo, cuando quiso visitar las otras dos que tenía programadas, no pudo al saber que se encontraban dentro del área de la minera Buenaventura, por lo que para entrar debían pedir permiso a esta última.

Se trata de la comisaría PNP Uchucchacua y del Destacamento Antisubversivo (DAS) PNP Patón. Según averiguó Benites, estos establecimientos policiales se instalaron durante el tiempo que duró el conflicto armado en el país para brindarle protección a la mencionada empresa.

Para el congresista, la presencia de estos dos puestos policiales dentro del área minera ya no debería estar vigente teniendo en cuenta que ya se superó la etapa en mención.

En tal sentido, envió un oficio al ministro del Interior, José Elice, en el que solicita “adoptar las medidas correctivas que correspondan para revertir la situación descrita”, es decir, que ambos establecimientos policiales sean retirados de su ubicación actual.

“En la actualidad son otras las demandas y necesidades que el pueblo tiene, como es el servicio de seguridad ciudadana, combate a la delincuencia y lucha contra la violencia a la mujer e integrantes del grupo familiar, entre otros. Además, señor ministro, esta situación puede crear la sensación en la población de que la Policía Nacional está protegiendo intereses particulares por sobre el bien común”, se lee en un oficio enviado el 4 de junio.

Asimismo, pide que los 10 policías que trabajan en ambos puestos policiales sean reasignados a las comisarías de Oyón y Churín para que se refuercen las acciones en favor de la población. Finalmente, exigió “remitir información detallada a mi despacho congresal sobre las acciones adoptadas”.

En respuesta, el Ministerio del Interior mandó al congresista el 28 de junio un informe elaborado la División Policial de Huacho, la cual realizó una visita a las dependencias policiales dentro de la minera, “verificando in situ que la incidencia delictiva es nula, no teniendo mayor actividad o incidencias en la población”.

En tal sentido, la propia División Policial de Huacho recomienda que ambas subunidades sean suprimidas y el personal PNP se repliegue a las comisaría de Oyón y Churín.

Y si bien el congresista Benites recibió este informe, que le da la razón, lo que él sigue esperando es que el Ministerio del Interior detalle qué acciones se están adoptando de forma inmediata. “No nos señala qué acción va a ejecutar para revertir esta problemática, o si van a hacer caso a la recomendación de la Divpol Huacho”, indica el legislador.

Pide intervención de la Contraloría

Por otro lado, el congresista Benites ha solicitado ante la Comisión de Defensa, a la cual pertenece, que también se pida al ministro del Interior información sobre el asunto y, además, se pide la intervención de la Contraloría General de la República al considerar que “se están usando mal los recursos públicos”.