Mujer denuncia que sus nietas serían víctimas de maltrato y explotación sexual

Adela Llanca Cueva tuvo que hacerse cargo de sus dos nietas y un nieto desde que eran bebés, ya que Sara, su hija y mamá de los niños, era una persona drogodependiente que no podía responsabilizarse por ellos. Dueña de una gran fortaleza, Adela era trabajadora del hogar, ayudante de limpieza, recicladora, en suma, hacía todo lo que pudiera traer un ingreso para sus pequeños. Ahora vive angustiada porque no los puede tener cerca.

Cuando Sara murió, los menores, que en ese momento tenían 15, 13 y 10 años. Ellos se quedaron al cuidado de su abuela, pero ella afirma que, días después, Mariela y David Gallardo Llanca, sus otros hijos y tíos de los niños, se los llevaron. “Vinieron a recogerlos para comprar ropa supuestamente, pero me los quitaron. Nunca pensé que iban a hacer eso”, cuenta con frustración la señora de 63 años.

Inmediatamente fue a poner una denuncia por la desaparición de sus nietos. Luego se enteró de que la hermana mayor de iniciales P. G. G. Ll se quedó con Mariela, mientras que la otra niña A. R. G. Ll. y el pequeño solían estar con David, pero seguía preocupada por la calidad de vida que tenían. ”Mi hija no trataba bien a mi nieta mayor, la hacía trabajar a diario. Mariela quería que los chicos estén callados cuando su pareja les ponía la mano encima”, narra Adela.

El hombre en cuestión se llama Cristhiam Saenz Benalcazar y tiene una denuncia por actos contra el pudor por haber realizado tocamientos indebidos en perjuicio de su hijastra y de la menor A. R. G. Ll. en el 2017 y 2016, respectivamente.

Esta no era la única razón de la preocupación de Adela, pues se enteró de que su nieta mayor sería víctima de explotación sexual. “La hija de Mariela lleva a mi nietas a la prostitución. Yo me enteré porque una vecina me dijo que le había gritado a mi nieta mayor, porque había querido llevarse a su hija donde Mariela. Otra chica me dijo lo mismo: ‘Ha venido con hombres extraños, por eso no fui con ella’. Mi P. G. G. Ll. había empezado a hacer ese trabajo de jalar niñas”.

“La mandaban a prostituirse en altas horas de la noche. La vestían con esas ropas que se muestran hasta desnudas”, detalla la abuela, quien apenas se enteró de esto fue a denunciar el caso a la comisaría. “Me dijeron que traiga las pruebas, que filme con el celular. Yo no sé cómo manejar estas cosas. A ellos parece que tienes que darles el plato servido en la mesa”, revela con frustración refiriéndose a las autoridades y su indolencia frente a la denuncia.

De acuerdo con el Código Penal, el delito de explotación sexual lo comete quien mediante violencia, amenaza u otro medio, obliga a una persona a ejercer actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico. La pena es no menos de diez ni más de quince años de prisión efectiva, pero si el que comete el delito es pariente de la víctima, la condena puede ser de hasta 25 años.

“Estos son delitos públicos y la Policía, en coordinación con el Ministerio Público, debe desarrollar la investigación que confirme lo que la persona está denunciando. Lo que no puede hacer la autoridad policial es descartarlo de plano. Esto muestra una conducta equivocada. No le podemos pedir pruebas a la parte que en este caso es la más débil”, señala Percy Castillo, adjunto en derechos humanos de la Defensoría del Pueblo.

Pero los abusos parecían no tener un final. Un día, P. G. G. Ll. llegó a la casa de su abuela alrededor de las 11.00 de la noche. “Le habían cortado el pelo, le habían pegado con un cable. Cuando se fue a la cama me dijo: ‘Mamá, me duele la espalda, me han lastimado’”. Entonces, Adela denunció a Mariela por maltrato físico en contra de su nieta. El proceso avanzó y las autoridades pidieron que la adolescente declare sobre los hechos.

“La asustaron, la paraban llamando a su celular y ya no quiso declarar por miedo. Me dijo que se iba a ir a trabajar, pero era menor de edad y yo estaba a cargo de ella y no la dejé. Fui a buscarla con un patrullero y la encontré con una señora con la que iba a trabajar, pero la saqué de ahí. Me dijo que ya no quería ir a juicio ni declarar, porque estaba asustada”, relata Adela.

Tras todos estos episodios, en el 2020, la adolescente decidió irse al Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, un espacio que acoge a los menores que han sido declarados en desprotección familiar, donde se les da educación, salud y más cuidados. Ahora, su tutela la tiene el Estado y P. G. G. Ll. se encuentra más tranquila, pero no deja de preocuparse por sus hermanos y le pide constantemente a su abuela que “ellos no se queden ahí, porque mi tía no es buena”.

Nietos desaparecidos

A pesar de que la hermana mayor ya se encuentra bajo protección, la realidad no es la misma para los otros dos menores. Su tío David se los llevó y no los estaría tratando bien. “No la cuidan. A la mujercita la hacen dormir con un niñito que tiene autismo y con un bebé de un año. (...) Viste con su ropa viejita y cuando ella quería regresar conmigo le decían: ‘No te vas a ir con tu abuela la bruja’”, señala Adela.

Además, ella afirma que la niña en realidad no está con su tío. “Está con Mariela y ella no anda bien; su hija mayor es prostituta. Un día vinieron a dejar a A. R. G. Ll. un rato conmigo. Yo le cocine y ella me dijo: ‘Mi abuelita cocina parecido al restaurante del Torito, cuando me llevaron a esos hombres me dieron todo esto y unas copas para tomar’. Desde que eso pasó ya no la dejan venir”.

Por eso, la menor quería escaparse. “Yo di parte a la autoridad. En ese tiempo yo tenía la tendencia y el comisario me dijo: ‘Llévesela usted si tiene la tenencia’. Entonces me la traje, pero mi hija la mayor no la dejaba en paz. Iba todos los días a tocar nuestra pared”, narra la abuela. Hasta que de un momento a otro la niña volvió a desaparecer. “Una cámara de seguridad enfocó que a las 9.40 p. m. la han sacado (de la casa)”. Desde ese día, Adela busca a sus dos nietos con desesperación.

En el 2018, la Unidad de Protección Especial de Lima Norte del MIMP (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) inició un proceso de desprotección familiar de los tres niños a causa de su inadecuado cuidado que afectaría su bienestar. Días después, dentro de las medidas de protección que se dictaron, removieron el acogimiento familiar de A. R. G. Ll., que estaba a cargo de su abuela, y lo pasaron a su tío David, a quien la misma Adela denunció por llevárselos hace años sin su conocimiento. Ahora, él tiene que encargarse de darle protección y cubrir sus necesidades para su adecuado desarrollo.

“Ellos trataban de decirme que está bien que estén con el tío. Que yo no tenía comodidades, no tenía televisor. Pero para todo hay un tiempo. Yo puedo comprar esas cosas. Un artefacto es un artefacto, pero no hay que jugarse con la vida de los seres humanos y ellos son niños”, cuenta indignada Adela, pues formalmente ya no está a cargo de su nieta.

A pesar de los continuos obstáculos, ella no ha parado de luchar por sus pequeños. Hace poco tuvo que regresar a la comisaría por unos documentos y se enteró que su hija Mariela la denunció por violencia psicológica. “No sé ni dónde vive y ¿yo le estoy maltratando psicológicamente?”, señala sorprendida, pues, después de todo lo que ha tenido que vivir, su salud mental está afectada. Ese mismo día también le dieron una dirección del lugar donde se encontrarían sus nietos.

Ahora se está a la espera de que la Unidad de Protección Especial de Lima Norte acuda a esa vivienda y verifique el estado de los niños. “La Unidad de Protección Especial acude inmediatamente, hace constataciones de hecho y puede dar algunas medidas de protección, entre ellas hacer que los niños vayan a ser protegidos en un albergue del Estado”, explica la abogada María Rosas Ballinas, exviceministra del MIMP y directora del Estudio Rosas Ballinas Abogados.

El principal temor de Adela es que los menores puedan cambiar de domicilio y nunca se los pueda ubicar. ”Me duele la injusticia que viven mis nietos. Con ellos yo voy a ser feliz . Ya están todas las cosas a la luz. No pierdo las esperanzas”, afirma.