Educación bloqueada

Valentina no conoce un colegio, le tocó iniciar su etapa preescolar en casa y a través de una pantalla de televisión. Sabe que tiene una “miss”, pero no tiene mucho contacto con ella. Los bloqueadores de señal del penal Castro Castro se lo impiden. Su educación depende de que sus padres escalen a diario una pendiente de unos 800 metros, pues solo en la cima del cerro obtienen la cobertura suficiente para descargar el material educativo que la profesora envía.

Claudia Ramos, madre de la pequeña, es una comerciante que, para motivar el aprendizaje de su hija, decidió convertir el ambiente principal de su vivienda en una suerte de salón inicial. “Ella se levanta, toma desayuno y marca su horario. Después tiene que entrar a clase con lo que la miss nos envía por video y que debemos descargar en la cima del cerro”, nos cuenta, mientras intenta sostener su voz, pero la indignación hace que se quiebre en unos segundos.

La frustración e impotencia se apodera de ella y su pareja, padre de la menor, pues ambos ven cómo, mientras su niña recibe clases con todas las limitaciones posibles, a solo unas cuadras, los reclusos cuentan con cabinas de internet improvisadas en medio de sus pabellones.

Después de un año y un trimestre escolar de educación a distancia, esta es la realidad que atraviesan más de 2.000 familias que viven en la quebrada Castro Castro de San Juan de Lurigancho (SJL). Pese a que en reiteradas oportunidades han pedido una solución, el problema de la cobertura sigue llegando a oídos sordos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de 8 millones de alumnos en educación básica, al menos 470.000 dejaron de estudiar para el tercer trimestre del 2020. Además, en todo el país, solo el 40.1% de familias cuenta con una conexión a internet y, en su mayoría, las personas acceden a este servicio a través de un celular.

Cifras materializadas en historias como la de Valentina o la de Saulwyer, quien acaba de iniciar la primaria en un colegio privado de SJL. Magaly Matara, su madre, comenta que la cambiaron de institución educativa porque a través del sistema público no recibía ningún tipo de acompañamiento. Es entonces que se genera una nueva necesidad: el internet fijo para las clases en vivo. Un presupuesto adicional que no tenía mapeado.

“Debemos trabajar duro, desde la mañana hasta muy tarde para que nos alcance. La verdad es un gasto que nos viene doble porque, si no hubiera una pandemia, posiblemente estaría en un colegio estatal y todo sería mejor”, detalla Magaly.

Sistema vulnerable

Hace pocas semanas, un reportaje periodístico revelaba cómo dentro del penal Castro Castro alquilaban celulares con internet a 10 soles la hora. Nadie entendía cómo esto era posible si contaban con bloqueadores de señal. Se hacía evidente entonces que había una vulneración al sistema, pero además, que se estaba incurriendo en actos poco transparentes dentro del establecimiento a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Estos bloqueadores funcionan mediante paneles de interferencia que emiten señales todo el tiempo. Estas mismas son las que impiden que cualquier amago interior o exterior pueda penetrar la barrera de bloqueo. Según ProInversión, estas emisiones no afectan las comunicaciones en zonas aledañas al recinto; sin embargo, esto no se cumple en la quebrada Castro Castro.

La empresa a cargo de la instalación de los bloqueadores de señal es Prisontec SAC, una iniciativa privada que -según la limitada información pública con la que cuentan- tiene el objetivo de modernizar las penitenciarías. De acuerdo al contrato firmado, la compañía tiene que colocar estos bloqueadores de señal telefónica y de WiFi en 33 penales del país. Hasta el momento se han instalado solo en 15, y tres se encuentran en periodo de prueba. Se espera que para agosto de este año culminen las instalaciones en su totalidad.

Para José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, los bloqueadores de señal son necesarios, pero siempre que se tenga en consideración que un bloqueo al 100% es sumamente difícil. Menciona además la necesidad de un supervisor especializado que esté constantemente verificando que no existan vacíos de señal penetrables, una responsabilidad que según el contrato recae en manos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

“Algo que nadie ha dicho es que el responsable de la supervisión de estos bloqueadores es el Minjus. Ellos tenían que contratar un especialista para que, justamente, se encargue de ver este tipo de problemas. La queja de la población es justa, pero eso le corresponde al Minjus y no ha hecho su labor”, asegura.

Asimismo cuestiona la labor del personal del INPE que, aunque no tenga la responsabilidad de lo que sucede con los bloqueadores de señal, debía conocer lo que estaba pasando dentro de la penitenciaría. “Es imposible que un alcaide no sepa que eso no está funcionando en su pabellón (un centro de alquiler de internet). Eso quiere decir que no están entrando al mismo”, expresa.

La República se contactó con el MINJUSDH para solicitar el número de especialistas contratados para supervisar los bloqueadores de señal desde la firma de contrato a la fecha, además de los datos del actual encargado. La respuesta fue que esta responsabilidad está en manos de la Oficina de Gestión de Inversiones (OGI) y que para dicha labor cuentan con un equipo conformado por dos ingenieros electrónicos y una abogada.

“Cumpliendo un cronograma y de manera presencial, ellos realizan visitas de inspección técnica a los penales para verificar el correcto funcionamiento del bloqueo en los penales del país que están incluidos en el referido contrato. En estas visitas también se cuenta con la participación de profesionales técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”, nos indicaron.

El MTC, por su parte, descartó que tuviera competencia en este tema por ser el MINJUSDH el encargado del contrato de los bloqueadores de señal. La cartera de Eduardo Vega Luna, precisó que las restricciones impuestas por el INPE a causa de la pandemia por COVID-19 afectaron el normal desarrollo de las supervisiones de los bloqueadores de señal pero que ya se están regularizando.

“El personal está abocado a resolver el tema en campo con la implementación de los mejores mecanismos, dependiendo de cada área en el exterior del penal. Es así que se puede ir desde la modificación de la orientación de los bloqueadores, la adecuación de las antenas de las operadoras o la colocación de Internet con cable en las viviendas”, finalizaron desde el MINJUSDH.

Caminos posibles y soluciones

César Santivañez, PhD en Ingeniería Eléctrica por la Northeastern University de Boston, confirma lo mencionado líneas arriba sobre un bloqueo total de la señal telefónica o de WiFi. El especialista explica que no existe un sistema perfecto y que la vulnerabilidad del mismo se debe básicamente a una cuestión de recursos.

“Existen varias opciones para implementar estos bloqueadores de señal, uno es aplicando la fuerza bruta que bloquea toda un área geográfica dependiendo la propagación, pero no existe una barrera firme que delimite el alcance de este método que emite señales de interferencia desde los bordes. Otra opción sería utilizar inteligencia y aplicar una serie de protocolos para hacer divisiones entre buenos y malos o autorizados y no autorizados, algo muy complicado en estos casos. Entonces, bajo estos conceptos genéricos, no es posible que tú digas ‘yo solo quiero afectar a esta área geográfica’ porque siempre la señal va a salpicar a los costados”, aclara.

Señala que no existe una solución ideal, pero que hay alternativas de infraestructura que podrían funcionar si contaran con las especificaciones técnicas correspondientes, como los cercos de mallas metálicas. Otra propuesta sería implementar un área con acceso a red de internet fijo donde los estudiantes puedan recibir sus clases virtuales sin exponerse a ningún peligro.

“Tiene que ser un espacio en el que puedas tener acceso a recursos educativos y con las medidas sanitarias que se requieran. Entonces es mucho más sencillo controlar las disposiciones de seguridad, como que esté a determinada distancia del penal y, sobre todo, hacer visitas inopinadas para supervisar que nadie pueda estar mandando señal electromagnética hacia el recinto”, agrega.

Acciones tardías

El presidente de la agrupación familiar El Valle, Édgar Solano Peña, solicita que el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Ricardo Cuenca, garantice el derecho a la educación de los cientos de niños que viven en la quebrada Castro Castro.

“La comunicación es un derecho que le corresponde a cada ciudadano y no nos pueden privar. Si bien es cierto, que bloqueen la parte del penal, de su perímetro para adentro, pero para afuera ¿qué tenemos que ver nosotros? La educación y la comunicación se perjudica, imagine cuando hay algún accidente o alguien que esté enfermo, ¿cómo llamas a la policía o al centro de salud? Hasta que salgas a llamar a una ambulancia el paciente ya se nos fue”, manifiesta.

Razón no le falta. Apenas unos días antes de brindar estas declaraciones, un pequeño de ocho años, quien escaló el cerro para recibir sus clases virtuales, había sufrido un accidente por el que necesitó 11 puntos en la pierna. Escenas como esta son una constante, debido a que la pendiente que suben para captar señal es empinada y rocosa, un peligro para cualquiera, sin importar la edad.

Por todo lo narrado, este medio se contactó con el Minedu para solicitar algún vocero que nos pueda responder las interrogantes generadas a partir de este caso. Luego de varios días de insistencia, nos emitieron un comunicado indicando que este lunes se haría una visita a la zona.

“Funcionarios de la UGEL N° 5 y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y representantes de la empresa Prisontec, concesionaria de los bloqueadores instalados en los penales Castro Castro y San Pedro, visitarán este lunes la agrupación familiar Las Palmeras II, uno de los asentamientos humanos de la zona”, se lee en la misiva.

Agregan que tienen previsto presentarse en el asentamiento humano Cesar Vallejo, el cual se ubica previo a la entrada del penal Castro Castro y donde tienen problemas de interferencia en sus conexiones. En estas visitas se busca empadronar a los estudiantes y conocer sus necesidades educativas para implementar puntos de encuentro. Una acción positiva, sin embargo; no mencionaron la zona que referimos en nuestra consulta.

Hay 10 agrupaciones familiares que residen en el lugar: Los Muebleros, Silvano Torres, Triunfo de Jesús, Las Favelas, 1 de enero, Virgen del Rosario, Betania, Shalom, Valle 15 de junio y Brillante Amanecer. Cada una de ellas cuenta con un representante y se organizan mediante un sistema de perifoneo. Si surge algún acto delictivo, accidente o reunión, todos acuden al llamado colectivo.

Nadie aquí ha recibido las tan anunciadas tablets con internet, muchos no fueron beneficiados por los bonos COVID-19 y tienen necesidades de servicios básicos. Sus demandas son muchas, pero lo único que estos ciudadanos esperan les sea resuelto con prioridad por el Estado es el bloqueo de la señal telefónica y WiFi.

“Acá nadie viene, ningún alcalde, ningún congresista, estamos totalmente abandonados. Les pedimos que se preocupen por nosotros, por nuestros niños, por el bienestar del pueblo para que puedan salir adelante, que nuestros niños puedan estudiar y ser alguien en la vida para sacar este país adelante”, sentencia Lucía Alfaro, madre de Noemy y Usiel, quienes esperan poder alcanzar la cima sin tener que escalar un cerro a diario.