Pueblos indígenas piden al Banco Mundial mejorar las salvaguardas socioambientales y sanitarias en sus préstamos

La defensa de los pueblos indígenas de la Amazonía frente a la actividad extractiva y de infraestructura en sus territorios se ha visto más vulnerada a raíz de la pandemia. La flexibilización de algunos derechos indígenas y de estándares ambientales para agilizar proyectos de inversión, sumado a la constante amenaza a las y los líderes indígenas y la alta tasa de contagios por COVID-19, han sido una constante en el último año en Brasil, Bolivia, Ecuador y el Perú.

Esta es la realidad que presentó la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) ante el Banco Mundial en el marco del evento “Mejoras para la implementación de las salvaguardas sociales y ambientales de las Instituciones Financieras Internacionales desde la propuesta indígena”, desarrollado el martes 23 de marzo en el marco del espacio de sociedad civil, las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

Tabea Cacique, dirigenta y coordinadora de Educación de la COICA, tomó la palabra para compartir lamentables cifras de ataques a los líderes indígenas en el último año: Según el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) se registraron 604 ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, cifra por encima de lo registrado en el 2019.

“De los ataques en el último año, al menos un tercio se derivaron de la falta de participación y acceso a la información. Además, un quinto de ellos fue en contra de las mujeres. Muchos líderes han sido asesinados durante el periodo de cuarentena del COVID-19 y, ante ese riesgo de hostigamiento y de contagio, hemos venido desarrollando mecanismos para la atención de los hermanos indígenas como el Programa de Defensa de Defensores y Defensoras indígenas”, explicó.

Se hizo mención al lamentable caso de Estela Casanto Mauricio, lideresa indígena del pueblo Asháninka en la región de Junín, que fue asesinada el pasado 13 de marzo por la defensa de su territorio ante el tráfico ilegal de tierras. Asimismo, se recordó el caso de los líderes Omar y Ernesto, del pueblo Embera en Colombia, entre otros.

Cacique destacó que el Acuerdo de Escazú, el cual entrará en vigor el 22 de abril, y establece obligaciones para que los estados parte puedan mejorar la protección hacia los defensores de derechos humanos. Es por ello que se hizo el llamado al Banco Mundial para que puedan recomendar e instar a los Estados a ratificar el Acuerdo. Es el caso de Perú, donde, en base a argumentos falsos fue archivado.

Consulta previa

Elcio da Silva Machineri, coordinador de territorios de la COICA, explicó que en el marco de la pandemia, países como Colombia y el Perú propusieron implementar consultas virtuales para ciertas etapas de los procesos de consulta previa. “Esto recibió un rechazo rotundo ciudadano y de las organizaciones indígenas, por ser inconstitucional y vulnerar los derechos indígenas, reconocidos internacionalmente. Además, existen países como Ecuador o Brasil donde no existe una ley general de consulta previa”, señaló.

En estos últimos casos, Manchineri informó que la COICA se encuentra elaborando protocolos de consulta previa regional para la Cuenca Amazónica; los mismos que en el 2020 fueron incluidos en el nuevo Marco de Política Ambiental y Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A su turno, Tomás Candia, de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), explicó que la pandemia no ha significado un límite para el avance de la actividad extractiva tanto legal como ilegal. “Esto es un doble riesgo para los pueblos, puesto que es motivo para flexibilizar algunos derechos indígenas y estándares ambientales para agilizar proyectos de inversión. Todo bajo el discurso de la necesaria reactivación económica”, explicó.

Salvaguardas a los créditos

Es ante tal realidad que Elcio Manchineri, Coordinador de Territorios y Recursos Naturales de la COICA, solicitó ante el Banco Mundial la implementación y consideración de los protocolos de consulta previa para la evaluación y aprobación de los préstamos que otorga el banco a los estados. El objetivo es lograr que más Instituciones Financieras Internacionales implementen estas salvaguardas como una buena práctica en el respeto de los derechos indígenas.

Adolfo Chávez, Coordinador de Relaciones Internacionales de la COICA solicitó “adoptar una política de presupuesto directo para el proceso de vacunación de los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica, la adquisición y distribución de pruebas de detección de COVID-19 y que se exija a los Estados prestatarios del Banco Mundial sus proyectos de respuesta rápida de COVID-19, en el cual se priorice a los pueblos indígenas”, resaltó.

Cabe destacar que en la Amazonía, al 15 de marzo, se han registrado 2 millones 292 mil 648 casos confirmados de contagio en la Amazonía y un total de 57.498 casos de deceso por el COVID-19.

Finalmente, Dianna Pizarro, Coordinadora Global de Pueblos Indígenas del Banco Mundial, explicó que comunicará a los más altos niveles las propuestas que hoy fueron planteadas. “El rol de la COICA es fundamental para definir qué significa una reconstrucción resiliente e inclusiva. Estamos trabajando para precisar cuáles serían esas características para definir esa resiliencia. Agradeceré contar con el protocolo que trabaja la COICA”, finalizó.