Claves para repensar la muerte digna en el Perú

El caso de Ana Estrada volvió a poner el foco sobre la muerte asistida en el Perú. Pese a que su situación sigue sin resolverse y se mantiene a la espera de una sentencia judicial, se trata de uno de los sucesos más emblemáticos relacionados a un tema poco discutido en el debate público: el derecho a una muerte digna. Una lucha silenciosa que apenas ha logrado conquistas en cinco países del mundo, y que genera controversia cada vez que se plantea su aplicación.

En Latinoamérica, el único país que ha reglamentado el derecho a la muerte digna es Colombia. Sucedió entre 2014 y 2015, a raíz de una paciente con cáncer terminal. Aquello marcó un precedente, aunque no se replicó en otras partes de la región. En el Perú, esta figura se ha convertido en una discusión oscilante que se enciende cada cierto tiempo gracias a alguna voluntad individual para luego apagarse rápidamente.

Lograr que el debate se mantenga encendido es difícil. La última encuesta referida al tema la realizó Ipsos hace más de cinco años. Entonces, poco más de la mitad de peruanos que respondió (52%) se mostró a favor de la muerte digna, mientras el resto manifestó su rechazo (48%). Además, la muestra de aquel estudio se limitó a la ciudad de Lima. ¿Qué ha quedado de todo ello? ¿Por qué parece que la sociedad peruana —como muchas otras— se resiste a hablar de este derecho?

Visiones de la muerte

Para el antropólogo y docente universitario Leonardo Fernández, reflexionar sobre ello es un proceso complejo dado que implica “repensar la muerte”. “Desde siempre hemos entendido a la muerte como resultado de tres cosas: el dolor, la enfermedad y el azar. Hablar de muerte digna o asistida es romper con esa historia, porque estás planteando que alguien pueda perder la vida sin dolor, suspendiendo momentáneamente los síntomas de cierta enfermedad y, además, decidiendo en qué momento la pierde. Es una intervención de la ciencia que desafía nuestro concepto de encuentro con la muerte”, apunta.

El especialista enfatiza que si bien este escenario puede suscitar una falta de entendimiento, no se debe olvidar que, al fin y al cabo, es un derecho individual, y por tanto la aprobación social queda en segundo plano. “Rechazamos lo que no comprendemos. Por eso siempre habrá resistencia a estos temas, que de algún modo cuestionan lo aprendido sobre aspectos tan trascendentes como la muerte. Pero tengamos en cuenta de que en este caso se trata de reglamentar el derecho de una persona a morir dignamente. Las incomodidades por parte de ciertos sectores sociales pueden servir para el análisis, pero no deben ser condición para legislar”, agrega Fernández.

Un panorama donde juega un rol fundamental la apertura de quienes ven el derecho a la muerte digna desde lejos. Si bien buena parte de la oposición a su aprobación surge de sectores conservadores, no siempre es así, dado que la figura de la muerte tendría más que ver con una cultura trasversal a la sociedad peruana.

“Desde luego que la religión tiene un peso importante. Que solo una fuerza superior, digamos Dios, te puede dar o quitar la vida, es algo que más del 70% de peruanos aprende desde la infancia. Y aquí no podemos ignorar que igualmente los ‘no religiosos’ crecen en una cultura muy marcada por el cristianismo. Lo que quiero decir es que, seas o no un creyente que va a misa o que espera una vida después de la muerte, esas ideas están allí, como dando vueltas a nuestro alrededor desde el colegio”, sentencia.

Cuestión de autonomía

Asimismo, hablar de muerte digna es también plantear un reto al sistema sanitario del país. La tarea, en este caso, no pasaría tanto por carencia de recursos, sino más bien por una necesidad por capacitar a las y los profesionales de la salud. Finalmente, el ejercicio de este derecho recaería en sus manos. Así lo explica la investigadora de la UPCH y especialista en salud pública, Stephany Tafur Contreras.

“El derecho a la muerte digna significa pensar en la relación médico-paciente. Para ello, hay que dejar de ver al paciente como lo que sugiere esa palabra, como un ente pasivo que solo acepta lo que recomienda el personal médico. El paciente debe empezar a tener también un rol de agencia sobre su propia salud, y ahí entra el derecho a decidir sobre si quiere continuar en determinadas circunstancias o no. Las personas tienen su propio criterio, y hace falta en el sector salud este enfoque”, sostiene.

En ese sentido, merece la pena revisar también el factor educativo en la formación del personal de salud. Para Tafur, hay una serie de enfoques que están quedando relegados y serían de gran ayuda para comprender con más amplitud la exigencia por el derecho a la muerte digna.

“En la bioética, existe un principio de autonomía, que consiste en respetar los valores y las creencias de los otros, en este caso de los usuarios del sistema de salud. Ahí es importante la comunicación, y hay que decir que en las carreras de ciencias de la salud no se abordan temas de cómo dar diagnósticos, noticias a los pacientes. Eso ayuda mucho en la preparación ética y académica”, precisa la especialista.

Comunicación fracturada

¿Cómo empezar a hablar del derecho a una muerte digna? La psicóloga Sofía Medina narra que debido a una experiencia familiar, lleva algunos años dedicada a este tema. Reconoce que el vacío legal es una limitación, pero insiste en que aquello no cambiará mientras sigamos eligiendo los términos inapropiados para introducir el tema.

“Lo primero que debemos hacer es dar con las palabras adecuadas. Muchos de los tabúes que se tiene respecto a la muerte digna nacen porque automáticamente se la relaciona con el suicidio. Y definitivamente son situaciones diferentes. Claro que es natural que le tengamos cierto temor a la muerte, y por eso preferimos voltear la mirada. Pero allí hay que introducir un elemento sustancial que es la empatía. Consiste en decir: quizá a mí no me esté pasando y no quiera hablar de ello, pero, vamos, reconozco que hay gente sufriendo porque realmente tiene una situación de salud insostenible. Entonces, discutámoslo, hablémoslo”, manifiesta.

En suma, no seguir esperando a que aparezca otro caso emblemático y otorgar por fin la libertad de elección a quien la necesite. “A pesar de la pandemia y de todo lo malo, el caso de Ana Estrada puede ser crucial. Ella ya pidió al juez Jorge Ramírez que declare fundado su pedido. Lo que se resuelva puede abrir una puerta de posibilidades para mucha gente en el país”, concluye Medina.