Cajamarca: identifican responsabilidad penal en compra de 60.000 pruebas rápidas
La Contraloría determinó que fueron cuatro los funcionarios de la Diresa que habrían cometido irregularidades en la compra de evaluaciones para detectar la COVID-19.
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Coronavirus en Perú. La Contraloría evidenció presuntas irregularidades en la adquisición de 60.000 pruebas rápidas para el diagnóstico de la COVID-19, las cuales fueron valorizadas en más de 2 millones de soles. Cuatro funcionarios de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de la región Cajamarca tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa en estos hechos.
Según el Informe de Control Específico n.° 9628-2020, la comisión auditora constató que servidores de dicha entidad seleccionaron a una empresa como ganadora de la contratación directa de las pruebas rápidas sin que haya cumplido con los requisitos.
Después de que el Órgano de Control Institucional (OCI) comunicó este hecho, la Diresa decidió realizar un nuevo requerimiento y un nuevo estudio de mercado, donde se advirtió la existencia de otro proveedor con una mejor oferta en precio, plazo y lugar de entrega.
Pese a esto, los funcionarios optaron nuevamente por la primera contratación valorizada en 2,1 millones de soles y cancelaron el adelanto del 20%, mientras que la entrega de las pruebas se realizó en la ciudad de Lima, situación que fue contemplada en el requerimiento.
Como consecuencia de ello, afirmó la Contraloría, la Diresa asumió un gasto adicional por el traslado de las pruebas rápidas a Cajamarca, lo que puso en riesgo la integridad y efectividad de las mismas.
Pruebas no aptas para el diagnóstico
Cuando la entidad gestionó el documento de validación de las pruebas rápidas, ya que el proveedor no lo entregó, el Instituto Nacional de Salud (INS) determinó que estas evaluaciones no eran aptas para el diagnóstico de la COVID-19.
Por esto, la entidad aceptó el canje de todas las pruebas por otro lote, el cual tampoco contó con el informe de ensayo de control de calidad.
La Diresa gestionó nuevamente el análisis de una muestra del lote canjeado que obtuvo la validación del INS.
La Contraloría afirmó que esta situación fue causada por cuatro servidores de la entidad, quienes afectaron la eficacia, eficiencia, inmediatez de la contratación y su aplicación oportuna para prevenir la propagación del virus en la población cajamarquina.
Periodista egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Chiclayo (UDCH). Redactora de la sección Sociedad de La República y con interés en temas políticos.
