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Salas Penales de Apelaciones reinician audiencias

Lo realizan mediante videoconferencia y así continuar con el servicio de impartición de justicia.

Se utiliza la plataforma específica Hangouts Meet para las comunicaciones de los abogados.
Se utiliza la plataforma específica Hangouts Meet para las comunicaciones de los abogados.
Wilson Castro

Para resolver aquellas apelaciones que quedaron pendientes de trámite, audiencia y emisión de resolución pertinente y así evitar retardo procesal existente durante la pandemia del COVID-19, los magistrados que conforman las tres salas penales de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) reiniciaron sus labores mediante la plataforma Hangouts Meet de Google.

Es así que, en su primera semana, los jueces Víctor Burgos Mariños, Norma Carbajal Chávez y Manuel Loyola Florián, que integran la Primera Sala Penal de Apelaciones, iniciaron con las audiencias vía videoconferencia, realizando un total de cinco.

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Mientras tanto la Segunda Sala Penal de Apelaciones conformada por los magistrados Cecilia León Velásquez, Jorge Colmenares Cavero y Manuel Sosaya López desarrollaron otras cinco audiencias.

También se dio a conocer que los jueces Sara Pajares Bazán, Carlos Merino Salazar y Eliseo Taboada Pilco de la Tercera Sala Penal de Apelaciones también se unirán a este mecanismo virtual a partir del 11 de mayo, en la que llevarán a cabo 13 audiencias. Lo mismo ocurrió con la primera que programó siete mientras que la segunda sala realizará la audiencia de la banda “Los nuevos justicieros”.

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Todo ello se impulsó gracias a la solicitud planteada por el juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones, Víctor Burgos Mariños, quien indicó al titular de la Corte liberteña, Oscar Alarcón Montoya, la necesidad de atender no solo materias urgentes sino también de procedimientos de beneficios penitenciarios, conversión de penas y apelaciones de sentencia de reos en cárcel que quedaron pendientes por la medida de aislamiento social obligatorio; siempre y cuando no implique el traslado innecesario del personal de los órganos jurisdiccionales.