Vocera de Emolienteros de Surco: “El alcalde está dejando sin trabajo a personas mayores y humildes” [VIDEOS y FOTOS]

Martha Pérez Poza, representante de la Asociación de Emolienteros de Surco, contó la problemática que pasa su gremio con la administración del alcalde de ese distrito, Jean Pierre Combe Portocarrero, a quien vienen denunciando ante el Poder Judicial por presuntamente no dejarlos trabajar pese a tener licencia.

La representante de los vendedores de emoliente en Surco asegura que la forma como viene procediendo la municipalidad es arbitraria.
La representante de los vendedores de emoliente en Surco asegura que la forma como viene procediendo la municipalidad es arbitraria.
Walter  Lopez

El pasado 9 de enero, informamos acerca de la protesta que realizó la Asociación de Emolienteros de Surco contra las autoridades municipales, y en especial contra el alcalde Jean Pierre Combe Portocarrero, denunciando lo que ellos consideraran un abuso de autoridad de las autoridades ediles, quienes no les permiten trabajar.

Es por ello que La República conversó con la vocera de la mencionada agremiación, Martha Irene Pérez Poza, quien en su testimonió aseguró que la Municipalidad de Surco, sin motivo aparente, no les permite trabajar pese a contar con autorización para hacerlo y que les exigen 520 soles para devolverles sus carritos. También indicó que presentaron una denuncia en el Poder Judicial contra el alcalde Pierre Combe Portocarrero.

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“Los 30 integrantes que nos inscribimos en el 2005 seguimos hasta ahora continuando con nuestro trabajo, no hemos lucrado metiendo a más personas. La mayoría son de la tercera edad, uno de ellos el señor Oswaldo, de 74 años, que tiene diabetes y al cual están a punto de amputarle las piernas. Él trabaja con la ayuda de su hijo, pese a esto, el Serenazgo le ha quitado su carreta”, precisó.

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La dirigente precisó que con los alcaldes anteriores (Roberto Gómez Baca, Juan Manuel Del Mar y Carlos Dargent) no tuvieron mayores problemas, y les brindaron las facilidades del caso para poder realizar su trabajo de manera formal.

Además, criticó que el actual burgomaestre nunca les brinde una respuesta concreta a sus requerimientos ni tenga intenciones de solucionar el problema. “El alcalde (Jean Pierre Combe Portocarrero) nunca da la cara, el día del plantón (9 de enero), solo salieron serenazgos a ver, pero no hicieron nada”.

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Cabe resaltar que el emoliente fue declarado como patrimonio cultural por el municipio del distrito de Surco en el año 2003. Posteriormente, en el 2005 se inscribieron como Asociación en Registros Públicos, por lo que la casa edil autorizó con la ordenanza 282 a dicha asociación a trabajar en los puntos destinados por la Municipalidad con total legalidad.

“Hay una ley del emolientero que declaró la Municipalidad de Lima, es una ley que se tiene que respetar y no se puede derogar. Surco podría acomodar sus ordenanzas a esa ley, poniendo algunas condiciones que no impidan la venta de la bebida, como el uniforme, la medida de los módulos, los envases, tener carritos ecológicos, normas de salubridad, etc.”

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Al mencionar los 520 soles que les exigen para devolverse sus carretas, dijo que no cuentan con ese dinero. “Y cuando las devuelvan, si lo hacen, ¿en qué condiciones sería?, porque cuando los serenos cargan con nuestras cosas lo hacen de mala manera, lanzándolas como sea. Además, que hacen ‘desaparecer’ los balones de gas, algo que no está prohibido de usar según la ordenanza”.

Pérez Poza añadió que “tampoco permiten vender panes porque la ley, según interpretan ellos, la licencia es solo es para bebidas naturales. Antes vendíamos de forma normal y ahora ni siquiera nos dejan poner una sombrilla”.

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La esperanza de los integrantes de la Asociación de Emolienteros es que su abogado logre que la ordenanza se respete, y allí cada trabajador podría volver a sus labores. “No ganaremos igual que antes, pero al menos nos permitirá estar más tranquilos, porque nuestra situación actual es agobiante”, señaló Pérez.

La representante de los emolienteros contó que en el 2019 no pasaron una buena navidad, pues no tuvieron “ni un panetón, ni un chocolate, nada. Estábamos con el miedo de qué hacer, de juntar dinero, pero por ningún lado nos han querido ayudar, por eso estamos pidiendo ayuda al Poder Judicial y la prensa, pues es nuestra última esperanza”.

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Para los nuevos emolienteros que quieran inscribirse la situación es complicada, pues el municipio no les permite formalizarse. “Después de nosotros hubo cuatro o cinco grupos y los han ido sacando a todos. A veces pasa que los informales quieren vulnerar las reglas e ir a zonas inadecuadas. Pero a nosotros legalmente no tenían cómo sacarnos, hay una ordenanza que nos ampara, sin embargo, están vulnerando nuestros derechos”.

Pérez Poza asegura que la percepción de los ciudadanos de Surco hacia el alcalde Jean Pierre Combe Portocarrero es la peor, pues elevó los impuestos, los arbitrios en un 30% y suele hacer problemas a los propietarios de las viviendas, mientras permite “que aumente la inseguridad ciudadana y la delincuencia por disminuir la cantidad de serenos”.

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La trabajadora concluyó su conversación con La República con una frase reflexiva en la que invita a sus compañeros a no desistir en luchar por sus derechos: “¿Por qué tenemos que irnos, si hemos hecho las cosas bien?”.

¿Qué dice la Municipalidad de Surco?

La República se comunicó con una representante de la comuna y nos envió una ordenanza municipal firmada por el alcalde Jean Pierre Combe Portocarrero. El texto, con fecha 20 de diciembre de 2019, busca regularizar la venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales en los espacios públicos y dejar sin efecto la licencia de los emolienteros, planteando nuevas normas para permitirles trabajar.

Sin embargo, Julio César Castiglioni, experto en temas municipales, considera que la Asociación de Emolienteros de Surco tiene la razón, pues hay una ley especial para ellos. Además criticó al alcalde Jean Pierre Combe Portocarrero, y recordó que tuvo un problema similar con los mototaxistas.

“No se puede prohibir toda una actividad comercial en un distrito a través de una ordenanza. El Tribunal Constitucional ya se pronunció en un caso parecido en Carabayllo, y precisaron que la prohibición era ilegal”, aseguró el experto.