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Sociedad

Lo justo

La defensa del patrimonio de San Marcos.

EDITORIAL
EDITORIAL

El conflicto por la culminación de las obras que comprometen los terrenos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha ingresado a una etapa que augura su solución, luego de la instalación de una mesa de diálogo entre las autoridades de la universidad, los estudiantes, el ministerio de Educación y la Municipalidad de Lima, bajo los auspicios de la Defensoría del Pueblo.

El primer acuerdo adoptado es que se respete el principal punto del pliego de reclamos estudiantil, es decir, que la universidad no ceda más espacios de su campus para ejecutar obras viales asociadas al intercambio vial de la avenida Venezuela.

Este acuerdo es justo y saludable. Pone fin al centro del conflicto, la pretensión de que la UNMSM ceda 9.500 metros cuadrados de sus terrenos, y con ello de una serie muy larga de despojos de la universidad más antigua de América que en el último siglo fue afectada en su patrimonio, y considerada más de una vez como una beneficencia inmobiliaria que no recibía nada a cambio.

El papel más decisivo de este conflicto lo desempeñaron los estudiantes, que suplieron con grandeza las acciones y omisiones de sus autoridades en la defensa de su patrimonio y despertaron una ola de solidaridad con su demanda, o de respuesta a los ataques que sufrieron de un sector minoritario que cree que toda protesta social debe ser calificada como terrorista.

El alcalde de Lima ha reaccionado con inteligencia ante este asunto, heredado de una gestión anterior y sobre el que ya tenía un compromiso previo. No se puede afirmar lo mismo del rector de la principal universidad del país, que persistió en la cesión de los terrenos de San Marcos, se enfrentó sin argumentos a los alumnos, desprotegiéndolos y amenazándolos con la violencia luego de un período que él mismo llamó de “tregua”.

Que se haya impuesto el diálogo es positivo, aunque este solo adquiere su valor en la medida que facilita la verdad expuesta por alguna de las partes. Es bueno recordarlo porque el caso de las obras de infraestructura no es el único punto en la agenda de los estudiantes.

Preocupan especialmente dos de sus demandas, el retorno al bachillerato automático y el fin de los estudios generales, ambas disposiciones muy valoradas de la Ley Universitaria que no pueden suprimirse, so pena de rebajar la calidad de la educación universitaria. Ni la opinión pública ni las autoridades nacionales de la educación respaldarán este retroceso. Bienvenida toda mejora de la universidad y todo pedido justo. Pero que sea justo.