Lambayeque: identifican problemas en servicios de seguridad ciudadana
El 40.3 % de vehículos motorizados para el patrullaje se encontrarían inoperativos, situación que afectaría la cobertura del servicio e incrementaría la percepción de inseguridad.
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La Contraloría General de la República comunicó los resultados del operativo nacional de control “Seguridad Ciudadana 2019” realizado del 10 al 14 de junio de este año, realizado en la región Lambayeque.
Por ello se supervisaron 24 comisarías, lo que permite obtener y difundir información sobre situaciones que podrían estar afectando los objetivos del servicio de seguridad ciudadana que ofrecen la Policía Nacional del Perú (PNP)
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De acuerdo al informe, el 84.3 % de policías en la región requieren de radios portátiles de comunicación para realizar el patrullaje motorizado y a pie. De acuerdo al Manual de Patrullaje de la Dirección General de la Policía, los policías deberían contar con equipos de comunicaciones, chalecos antibalas y esposas metálicas. No contar con el equipamiento completo estaría afectando la adecuada prestación del servicio.
Además, El 40.3 % de vehículos motorizados para el patrullaje se encontrarían inoperativos, situación que afectaría la cobertura del servicio e incrementaría la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. El patrullaje es un mecanismo de vigilancia preventiva y disuasiva que puede ser percibido directamente por la población. La Oficina General de Administración (OGA) de cada entidad es responsable del registro, administración y disposición de sus bienes muebles.
Ante este panorama, la Contraloría General realizó el operativo para verificar la situación actual de lo relacionado al patrullaje, programas preventivos y atención de denuncias sobre violencia familiar y contra la mujer. La información obtenida permitirá analizar e impulsar políticas para mejorar este servicio público y reducir la percepción de inseguridad ciudadana.
En cuanto a denuncias por violencia a la mujer o al grupo familiar, se identificó que el 83.3 % de comisarías en la región no contarían con Centros de Emergencia Mujer para brindar orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica a víctimas de violencia familiar y violencia sexual.
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