Perú ya tiene un protocolo que podría garantizar la atención integral a víctimas de violencia

Ruth Castro
12 May. 2019 | 12:12h

La Policía Nacional deberá informar a las víctimas de agresión sobre las medidas de protección que les serán otorgadas. Lo mismo ocurrirá en los centros de salud. 

Tras varios meses de espera y frente a la ola de violencia que azota al país, el Gobierno ha publicado un protocolo que precisa la actuación de cada uno de los sectores e instituciones del Estado para atender a las mujeres e integrantes del grupo familiar que pudieran ser víctimas de agresión. 

“Nuestro compromiso es firme contra la violencia hacia las mujeres, y exigimos el mismo compromiso de las autoridades de justicia. La policía, el personal médico, los jueces, fiscales… todos estamos en la obligación de dar un trato respetuoso e integral a las víctimas de la violencia. Cerremos filas contra el maltrato”, señaló la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Gloria Montenegro Figueroa.

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Con el objetivo de brindar un trato especializado e integral para las víctimas, el Protocolo Base de Actuación Conjunta fue aprobado mediante el Decreto Supremo 012-2019-MIMP. En este, se precisan los procedimientos claros de actuación en la atención y protección de mujeres e integrantes del grupo familiar frente a hechos de violencia. 

Por ejemplo, los efectivos de la Policía Nacional deberán verificar el domicilio de las víctimas e informarles sobre las medidas de protección otorgadas. También deben coordinar con los juzgados de paz y las autoridades comunales en las zonas más alejadas de nuestro país en  las que existe una débil presencia del sistema de justicia ordinario. 

Asimismo, los centros de salud que reciban a una víctima de violencia deberán denunciar el hecho y brindar orientación e información sobre las medidas de protección disponibles para garantizar su integridad. 

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Si quien denuncia es una menor de edad, niña, niño o adolescente, deberá tomarse su opinión así como de asistirlo en las necesidades que tenga. Si se tratara de un familiar agresor, la víctima no debe permanecer junto al denunciado; y en el caso de los adultos mayores, existirá un trato prioritario para su caso.