Abogados piden al congreso debatir proyecto ley que regula ejercicio profesional

Ernesto Guerrero
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Iniciativa legislativa 3426 fue presentada por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú el 24 de setiembre pasado y aún no es puesta en agenda. Propuesta prioriza la ética y probidad. Establece sanciones para abogados que incumplan estos preceptos fundamentales. 
 


La representante de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados  del Perú ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Flor de María Deur Morán, demandó al Congreso de la República debatir el proyecto ley 3426-2018-CP que dicho gremio presentó ante el Legislativo para que todos los profesionales del Derecho en el país puedan regir sus labores con mayor eficiencia y eficacia en beneficio de la sociedad.

 

Deur Morán, quien también es decana del Colegio de Abogados del Callao, precisó que la mencionada propuesta legislativa  busca  establecer estándares de calidad  de los letrados, ante una sociedad competitiva que requiere profesionales idóneos en los ambitos público o privado.

 

En ese sentido, indicó que los 33 decanos de los Colegios de Abogados del Perú, integrantes de la Junta Nacional, impulsan la dación de una norma que priorice la Ética y Probidad. Es necesario –dijo– que se mencionen en una ley las infracciones y sanciones contra aquellos abogados que no cumplan con estos preceptos fundamentales.

 

PUEDES VER: https://larepublica.pe/sociedad/1442389-moquegua-60-abogados-inhabilitados

 

La doctora Deur Morán, (exjueza del Tercer Juzgado Penal con Reos en Cárcel de la Corte de Lima) señaló que el proyecto ley 3426-2018-CP fue presentado ante el Congreso de la República el 24 de setiembre del año pasado. Lamentó que hasta la fecha no haya sido agendado para su debate. “Los abogados somos parte importante en la vida jurídica del país...”, sostuvo la letrada y mostró su esperanza de que la propuesta legislativa sea discutida este mes en las comisiones de Justicia y Constitución. 

 

El referido proyecto es importante porque considera la acreditación y certificación del nuevo abogado y ratifica la obligatoriedad de estar  colegiado para ejercer la profesión. 
También establece la obligación que debe tener todo abogado en la cotización mensual a su ente deontológico como forma se sustento de la vida gremial.

 

Considera, igualmente, la creación del Registro Nacional de Abogados y Registro Nacional de Abogados Certificados que serán de carácter público para que cualquier ciudadano o entidad pueda conocer si el profesional al que tiene previsto contratar se encuentra debidamente habilitado y si cuenta con la experiencia suficiente para brindar el servicio requerido.