Urge declarar en emergencia reclusorio juvenil de Chiclayo

Defensoría del Pueblo pide además agilizar transferencia de centro de rehabilitación al Ministerio de Justicia. Ello tras la reciente fuga de varios internos.

Defensoría del Pueblo pide además agilizar transferencia de centro de rehabilitación al Ministerio de Justicia. Ello tras la reciente fuga de varios internos.

Carlos Vásquez Romero 

El 10 de setiembre fue un día de drama y violencia en el centro de rehabilitación juvenil José Quiñones Gonzales, conocido como “escuelín”. Cuatro menores infractores treparon las paredes del recinto y se dieron a la fuga tras golpear al vigilante. Un días después, otros dos internos burlaron la seguridad interna y externa para escapar. 

A cinco días de las dos fugas juveniles, la Defensoría del Pueblo reiteró su pedido al Poder Judicial para que declare en emergencia no solo al centro de Chiclayo sino también a los otros nueve reclusorios juveniles del país. 

Un último informe sobre la situación del centro de rehabilitación juvenil de la Defensoría constata graves deficiencias.

“Las 16 cámaras de videovigilancia, instaladas en el interior del establecimiento, están operadas por una sola persona, quien además realiza labores de control de ingreso y salida de personas al lugar. En los exteriores del centro se registra un puesto de auxilio rápido de la Policía Nacional, donde solo dos agentes son los encargados del servicio de seguridad. Esto configura condiciones deficientes en cuanto a seguridad”, señaló el defensor de Lambayeque, Julio Hidalgo. 

BOMBA DE TIEMPO

Durante una visita de supervisión en febrero de este año, la Defensoría comprobó que la población del centro juvenil era de 139, aunque su capacidad de albergue era de 80. Es decir, el hacinamiento pasaba del 60%. 

“Es prioritario que este centro juvenil sea declarado en emergencia para que el Poder Judicial, el administrador, consiga el presupuesto que le permita paliar la crisis. Por ejemplo, se necesita atender el mal estado de la infraestructura porque no existe un mantenimiento”, indicó. 

El último martes la Defensoría realizó otra labor de supervisión en el centro juvenil y comprobó que la población es de 157 infractores. El hacinamiento, en general, es de 70% internos menores y 30% mayores de edad. 

“En Chiclayo hablamos de jóvenes procesados o sentenciados por delitos de robo agravado, hurto, lesiones, contra la vida, el cuerpo y la salud en su figura de homicidio, tráfico ilícito de drogas y otros. Si esta problemática no es enfrentada, la situación podría empeorar”, sostuvo Hidalgo. 

MEDIDAS

La suspensión del proceso de transferencia de los centros del Poder Judicial al Ministerio de Justicia también preocupa. Hasta la fecha esta iniciativa anunciada por el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, no se ha cumplido. 

“La crisis en el país tuvo un efecto de retraso para que los centros juveniles aún no sean administrados por el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, el centro José Quiñones solo cuenta con once educadores para la rehabilitación de menores, siendo necesario mayores recursos económicos”, mencionó. 

Cabe precisar que el representante defensorial solicitó al general PNP Lucas Núñez, la instauración de mayor personal policial en el exterior del centro. 

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