Fiscalía pide 25 años de cárcel para testigo clave de la matanza de El Frontón

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04 Abr 2013 | 3:24 h

Edmundo Cruz y Elizabeth Prado.

Hace diez años el infante de Marina Carlos Castillo Vega fue considerado "testigo clave" en la investigación fiscal de la matanza de El Frontón. Hoy la acusación del Ministerio Público pide para él una pena privativa de libertad de 25 años, sin considerar la colaboración que el procesado reclama haber aportado al esclarecimiento de los hechos ocurridos en el motín del 18 y 19 de junio de 1986, en el primer gobierno de Alan García .

El marino integró uno de los primeros destacamentos que acudieron a la isla para sofocar el levantamiento de los presos por terrorismo.

"He colaborado con el Ministerio Público . En el año 2003 me puse en manos de la fiscal Eliana Álvarez . La he llevado a los lugares de entierro clandestino y por mí es que ha podido hallar los cuerpos de los amotinados para entregarlos a sus familiares", afirma a La República .

 Bertha Barrantes, esposa del marino, recuerda el pasaje: "La fiscal Eliana Álvarez mandaba que nos recogieran en el mercado tempranito. Íbamos con los peritos a los cementerios. Él decía acá, allá, excavaban e iban encontrando (los restos). En algunos lugares mi esposo se ha desubicado por el paso de los años. Ahorita no coordina algunas cosas".

Carlos Castillo fue dado de baja en enero de 1992 al diagnosticársele secuela de guerra. Los 11 años que sirvió en la Marina fue destacado a la zona de emergencia de Ayacucho.

"Él ha sido testigo clave y se le asignó un número. Cuando iba a declarar lo ponían detrás de un vidrio y él hablaba, lo escuchaban mas no lo veían. Yo no sé por qué ahora lo han cambiado y lo han puesto como culpable", alega.

"LO QUE VIERON MIS OJOS"

Carlos Castillo Vega fue según el Ministerio Público el colaborador Nº EE010102270603 y su declaración ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue registrada como Testimonio Nº 053-03-CVR-UIE.

El 18 de junio de 1986, el día que se inició el motín, Castillo Vega había regresado a su base en Ancón, después de sus 15 días de vacaciones, para retornar a la zona de emergencia. Pero a las 5 de la mañana del siguiente día lo despertaron para una misión desconocida. Los buses enrumbaron no al Grupo 8 sino a la Base del Callao. Allí se enteró de que iban a debelar el motín de El Frontón.

"Cuando llegamos al lugar de los hechos empezó la balacera, todo se desorganizó, se produjeron bajas y sentí la voz del comandante Juan Vega Llona gritando: ¡Vamos, muchachos! Él seguía avanzando", relata el ex infante.

"En ese momento se tomaba el Pabellón Azul , ese era el objetivo. No había habido una orden distinta. Pero ya tomado el objetivo –recuerda Castillo– vi que del lado de los terroristas salía gente con sus banderas blancas, rindiéndose. Ahí me di con la sorpresa de ver en acción a un pelotón con otra orden. A nosotros no se nos dijo que se les iba a fusilar".

"Ahí es cuando veo a mi compañero de estudio (el recluso) Armando Tulich Morales", continúa revelando. Precisa que estudió con él jardín, primaria y secundaria.

Confesó que cuando lo vio se puso muy mal. "Nunca he podido olvidarlo porque siempre habíamos sido bien yuntas. Jamás pensé que me iba a encontrar ante un cuadro así, vi lo que hace un fusil al cuerpo, eso me desubicó bastante", explica el ex infante.

"Lo que vieron mis ojos nadie me lo va a borrar. Comencé a caminar y vi todo el movimiento. Vi a Agustín Mantilla con uniforme de faena como si fuera militar dando órdenes, vi a (Luis) Giampietri recibiéndolas", continúa. Aunque precisa que no llegó a escuchar las órdenes, pero sí observó los ademanes.

Quince días después integró un destacamento de Marina que volvió a El Frontón a recoger los restos chamuscados para enterrarlos secretamente. El 2003 contribuyó con la justicia a ubicar esos escondites.

UNA JUSTICIA A MEDIAS

Walter Chinchay, abogado de Carlos Castillo, manifestó: "Me estoy solidarizando con los subalternos acusados porque ellos cumplieron órdenes. No están exentos de culpabilidad porque nadie puede matar a nadie, pero tiene que atenuarse la responsabilidad".

"Mi cliente, habiendo sido un colaborador con código de seguridad, está incluido en esta acusación. Un mismo argumento han usado para todos, lo único que varía es el jefe que han tenido", dijo.

"Los que dieron las órdenes fueron excluidos del proceso. Ahora dos oficiales y veintitantos subalternos van a asumir toda la responsabilidad de El Frontón. Es una justicia a medias porque se entiende que esto tuvo que ser debidamente organizado por altos mandos", explicó.

"Él no se va a acoger a la conclusión anticipada del proceso para lograr una pena debajo del mínimo legal, yo voy a demostrar con documentos que efectivamente él colaboró y que esa colaboración quede a consideración de los fiscales al emitir su fallo", concluyó.

CLAVES

En primera instancia, la 41a  Fiscalía Provincial Penal de Lima archivó el caso El Frontón el 19 de abril del 2002.

La Sexta Fiscalía Superior de Lima confirmó el archivamiento el 20 de mayo del 2002.

El 27 de noviembre del 2002 la CIDH invocó la responsabilidad internacional del Perú y obligó al Estado peruano a investigar el caso.