Día clave para la libertad de expresión en cita de la OEA

SUSPENSO. Entretelones de las discusiones en la reunión del Consejo Permanente previa a la Asamblea General de mañana en Washington. No hubo acuerdo. Ecuador convoca de urgencia a una reunión de cancilleres

SUSPENSO. Entretelones de las discusiones en la reunión del Consejo Permanente previa a la Asamblea General de mañana en Washington. No hubo acuerdo. Ecuador convoca de urgencia a una reunión de cancilleres

Ricardo Uceda.
INFOS.


Luego de una tediosa discusión, el Consejo Permanente de la OEA no pudo llegar a una posición de consenso sobre las reformas al sistema interamericano de derechos humanos a ser propuestas a la Asamblea General de mañana viernes 22 en Washington. Ecuador, con el apoyo de Venezuela y Bolivia y, con menor énfasis, por Nicaragua, bloqueó el acuerdo. Los países del ALBA prefieren que una negociación entre cancilleres en la asamblea –en el Consejo Permanente actúan embajadores– produzca una resolución que debilite lo más posible a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Más precisamente, a la Relatoría de Libertad de Expresión, que depende de la CIDH.

En la tarde del martes 19, algunos embajadores ante el Consejo Permanente no ocultaban su fastidio. Habían estado tres días discutiendo un documento de consenso en un comité especial, y una palabra, “preferentemente”, impedía que concluyeran. El proyecto empleaba el término para decir que los donantes de la CIDH, que no es financiada por los Estados, entregaran fondos, preferentemente, sin fines específicos. Ecuador deseaba retirarlo porque la Relatoría para la Libertad de Expresión es la que recibe más recursos de donantes. Si el dinero fuera a la caja de la CIDH, sin direccionamiento, se quedaría sin el dinero. Era lo que quería.

Martín Sannemann, el embajador de Paraguay, hizo notar que la palabra “preferentemente” no existía en el diccionario de la Real Academia. Breno Dias da Costa, de Brasil, advirtió que todos estaban repitiendo lo mismo del día anterior, y pidió votar o pasar a otro sistema de decisiones que no fuera perder el tiempo. El uruguayo Milton Romani sostuvo que estaban centrándose en las diferencias, perdiendo de vista que el documento reflejaba un amplio consenso al final de un largo proceso. El embajador del Perú, Walter Albán, quien había sido artífice de la propuesta junto con el mexicano Joel Hernández, dijo sentirse identificado con lo que expresaron Brasil y Uruguay. A su vez apoyó el proyecto: respetaba tanto a la mayoría como a los que discrepaban. Pero ya la ecuatoriana María Isabel Salvador había informado que necesitaba consultar con Quito.

RECUERDOS DE COCHABAMBA 

–No deberíamos temer ir sin consenso a la Asamblea General –dijo Salvador–. Antes de la Asamblea General de Cochabamba tampoco obtuvimos consenso y después, en la reunión de cancilleres, el resultado fue mejor.

Los recuerdos de Cochabamba eran más que pertinentes. En aquella ocasión, junio del 2012, los miembros de la OEA arrinconaron a la CIDH como nunca antes en su historia, arengados a grito pelado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Le hicieron cargamontón no solo los países del ALBA, cuyos abusos contra la libertad de expresión estaban documentados –especialmente en Venezuela y Ecuador–, sino naciones de todo el espectro político. Colombia, amiga de Estados Unidos, por el tratamiento a sus expedientes que proceden de su lucha contra la guerrilla. El Perú porque la CIDH denunció ante la Corte Interamericana el caso Chavín de Huántar. Brasil porque una medida cautelar, por una supuesta ausencia de consulta previa, pretendió paralizar la construcción de la represa de Belo Monte, una obra mimada por Dilma Rousseff. Argentina porque se lo pidió Brasil. Todo lo cual produjo 53 recomendaciones a la CIDH, que se evaluarían al final de un proceso.

Aunque el interés público de este proceso ha estado concentrado en la Relatoría de Libertad de Expresión, el menú de recomendaciones era más amplio. Consideraba objetivos institucionales de la CIDH, medidas cautelares, soluciones amistosas, tramitación de casos, financiamiento, promoción de los derechos humanos, redacción del Informe Anual. Muchas recomendaciones eran razonables, pero la correlación adversa que tuvo la CIDH en Cochabamba hizo temer que perdería su autonomía, basada en la Convención Americana de Derechos Humanos. También podía perder la facultad de imponer medidas cautelares. Cualquier gobierno se fastidia cuando desde Washington la CIDH lo obliga a tomar acciones muchas veces indeseables, por ejemplo darles protección a sus enemigos políticos.


El peligro para la Relatoría de Libertad de Expresión estaba principalmente en las recomendaciones sobre financiamiento: sugerían, de acuerdo con una interpretación restrictiva, que no podía tener mayores recursos que las otras siete que tiene la CIDH. Equivalía a inutilizarla.

ECUADOR SE DISTRAE 

Pero algunas cosas pasaron entre Cochabamba 2012 y Washington 2013.

Ecuador, después de Cochabamba, hubiera insistido en su bullying contra la CIDH si no lo hubieran distraído dos sucesos: la petición de asilo de Assange y la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo. El primero le permitía al presidente Correa aparecer como defensor de un héroe de las libertades informativas a quien supuestamente Estados Unidos perseguía. En realidad Assange, reclamado por Suecia por un delito de acoso sexual, no corre ningún peligro de ser extraditado a los Estados Unidos. El caso llegó a la OEA porque Gran Bretaña hizo declaraciones que podían interpretarse como una amenaza de invadir la embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra el fundador de Wikileaks.  Hubo un acuerdo mayoritario con 23 votos para condenar a los ingleses. Estados Unidos y Gran Bretaña, acompañados de nueve países más, ninguno de América Latina, votaron en contra o se abstuvieron.

Con el caso Assange se dio una reiterada demostración de que Estados Unidos ya no influye como antes en el hemisferio. Los países del ALBA, sumados a los de Mercosur alineados con Brasil, suman unos doce o trece votos. Cuando actúa aliada esta es la corriente más fuerte en la OEA, aunque por sí sola no define las situaciones. No pudo, por ejemplo, obtener un voto de condena contra la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo.

Los temas de Assange y Lugo distrajeron a Ecuador en su arremetida contra la CIDH. Al mismo tiempo, ni corta ni perezosa, la CIDH empezó a consultar a los Estados, uno por uno, respecto de sus intereses particulares, y a reunirse en audiencias con la sociedad civil en Washington y en distintos países del hemisferio. Sometió a consulta un proyecto de reformas que admitirían la mayoría de recomendaciones, y los Estados empezaron a mostrarse satisfechos. Finalizó 2012 y a fines de febrero del 2013, ante la cercanía del final del proceso, la cancillería de Ecuador, consciente de que había perdido el paso, empezó a buscar maneras de recuperarlo. Su objetivo ya no era tanto la CIDH sino la oficina de Catalina Botero, Relatora Especial de Libertad de Expresión.

ENCIERRO EN GUAYAQUIL 

En los primeros días de marzo, el canciller de Ecuador, Hugo Patiño, realizó una gira por varias naciones que incluyó Venezuela, Brasil, México, Haití, Argentina, Chile y Colombia. Estaba preparando una extraña reunión convocada por su gobierno para el 11 de marzo en Guayaquil. Patiño no interrumpió su agobiante trayectoria ni con la muerte de Hugo Chávez.

¿Por qué extraña? Porque era la primera vez que se reunían los Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos que son miembros de Unasur. En la práctica, los de la OEA menos Estados Unidos y Canadá y algunos países caribeños. Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, se negó a convocarla porque carecía de potestad. De modo que la citó Ecuador en el marco de Unasur, teniendo como operador a Perú, que es secretario Pro Témpore. Esta reunión, celebrada a puertas cerradas, donde lo único público fue un agresivo discurso de Rafael Corea en contra de la Relatoría de Libertad de Expresión y la CIDH, fue un fracaso en cuanto a representatividad, pues solo asistieron cinco cancilleres, uno de ellos de Perú. La prensa, que aguardaba fuera, no pudo ver a todos los asistentes.

Lo más destacado fue el documento: una breve declaración que pedía considerar el cambio de sede de la CIDH y que las donaciones que esta reciba no vengan direccionadas. Los Estados, añadía, debían cubrir íntegramente sus gastos. Por último, todas las relatorías deberían ser “Especiales”, como la de Libertad de Expresión. Aunque no reflejaba la postura de Ecuador en sus partes maximalistas, era una concesión  a sus posiciones. Ecuador ha planteado formalmente que la CIDH sea un simple organismo promotor de los derechos humanos –sin capacidad de dictar medidas cautelares–, que funcione en una sede distinta de Washington, que no tenga otro financiamiento que el dinero que tengan a bien proporcionarle los Estados y que las relatorías dejen de estar bajo su fuero y pasen a ser organismos técnicos de la Corte Interamericana. Para la Cancillería del Perú esta concesión hecha en Guayaquil no implicará menoscabo alguno, en la práctica, para la Relatoría de Libertad de Expresión.

ENCIERRO EN WASHINGTON 

El cien por ciento de los fondos de la Relatoría de Libertad de Expresión –unos novecientos mil dólares– provienen de las donaciones de Estados, en su mayoría no miembros de la OEA. Todas están direccionadas, en el sentido de que su finalidad es apoyar el plan de trabajo de la Relatoría. Impedir el direccionamiento es cortar el flujo de fondos para la oficina. Este ha sido el punto principal de las discusiones en Washington, donde transcurrió el siguiente capítulo de la historia. Pues, una vez concluida la reunión de Guayaquil, Ecuador presentó la declaración en el Consejo Permanente, donde debía elaborarse un proyecto de resolución sobre las reformas de la CIDH antes de la asamblea del 22 de marzo. Ante la diferencia de posiciones se formó un Grupo de Trabajo, integrado por los embajadores de México y Perú, en el cual, por su carácter abierto, podían participar los que quisieran. Después de tres días, produjeron el documento que el martes 19 no quiso firmar Ecuador. En sus términos no hay una amenaza para la CIDH o para la Relatoría de Libertad de Expresión. Las partes de la Declaración de Guayaquil consideradas lesivas –entre ellas convertir a todas las relatorías en especiales, para apocarla– habían sido suprimidas.

El contexto de la Asamblea General de mañana ya no es el mismo de Cochabamba. Brasil, el gran aglutinador de los cargamontoneros en esa ocasión, ya no está contra la CIDH. Mientras el Consejo Permanente iniciaba reuniones en Washington, Rousseff recibía en Planalto al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán. El Perú tampoco se halla en una situación de condena, lo mismo que Colombia. Además, a Argentina, que un día dice no y otro dice sí  –el martes apoyó el consenso y la noche anterior se había opuesto: no es la primera vez– le cuesta más aparecer de furgón de cola de Ecuador.

Pero algo sigue igual: la impetuosa enemistad contra la CIDH del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien gustosamente le torcería el pescuezo a la valiente Relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero. Ahora, como en Cochabamba, Correa podría llegar a la Asamblea General para hacerse escuchar. Para esta noche, en la víspera, Ecuador ha convocado nuevamente a una Reunión de Estados Partes de la Convención Americana que son miembros de Unasur. ¿Asistirá el canciller peruano Rafael Roncagliolo? ¿Será ratificada la Declaración de Guayaquil, distinta  del documento consensuado en el Consejo Permanente? Todo se sabrá mañana, en la Asamblea General.

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