EN VIVO - Pleno debate proyectos para definir el futuro de los restos de Abimael Guzmán

Inquietud por anuncio de revisión de la ley penal

Debate. Las penas por corrupción ya son muy altas y se ha duplicado el tiempo de la prescripción. Faltan mejorar los procesos y la especialización de los fiscales.

Reforma. Ya no sería posible aumentar aún más las penas, pero sí mejorar los procedimientos judiciales y en el Congreso. Foto: Félix Contreras / La República
Reforma. Ya no sería posible aumentar aún más las penas, pero sí mejorar los procedimientos judiciales y en el Congreso. Foto: Félix Contreras / La República
César Romero

El anuncio del presidente Pedro Castillo de revisar “toda la legislación sobre corrupción, la tipificación de los delitos vinculados a ella y las sanciones impuestas en el Código Penal para reforzarlas” ha generado incertidumbre y preocupación en medios judiciales.

Para muchos especialistas las penas por los delitos de corrupción de funcionarios, como colusión, peculado o cohecho, llevan penas de hasta 20 años de prisión efectiva y, en caso de ir acompañados de otro delito, las penas pueden llegar a la sanción máxima permitida en nuestra legislación: 35 años.

Junto con la privación de libertad, las penas incluyen inhabilitación para ejercer cargo público por el mismo periodo de la prueba. En los casos de corrupción de funcionarios, los plazos de prescripción se han duplicado.

Un tema que podría ser objeto de reforma es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, de lo cual se ha venido hablando en los últimos años. Es decir, la posibilidad de que perseguir este tipo de delito no prescriba nunca y se pueda perseguir en cualquier momento que se conozca un acto de corrupción.

Lo que pasa es que muchas de las reformas penales a los delitos de corrupción se han dado en los últimos años y recién se están aplicando. Por ejemplo, muchos de los hechos que se investigan en el publicitado caso Lava Jato sucedieron antes que se incrementaran las penas, y no se les puede aplicar la legislación actual.

En lo que muchos coinciden que se debe mejorar es en los procesos y en la especialización de los magistrados, jueces y fiscales. Los casos más graves de corrupción suelen demorar hasta seis años para llegar a juicio público y eso genera una sensación de impunidad.

La prisión preventiva llega a un máximo de 36 meses y para cuando se presenta la acusación, los acusados suelen estar libres. Esto es lo que sucede con el caso Lava Jato, que fue criticado por el presidente Castillo.

“En el caso mencionado vemos a muchos funcionarios, incluso hasta tres expresidentes del país implicados, dos de los cuales han sido detenidos, pero paradójicamente no vemos preso a ningún empresario. Algunos lo estuvieron unos días, pero ahora ya están libres y hasta fuera del país. Esto no es correcto”, dijo el presidente.

Eso sucede porque las investigaciones son complejas y es difícil encontrar las pruebas, por lo que los empresarios ya salieron libres. El otro aspecto es que varios de ellos se han acogido a proceso de colaboración eficaz y están delatando a funcionarios corruptos.

Jueces

Congreso. Se debe mejorar el proceso de antejuicio político en el Congreso para que de verdad sea político y no jurídico, como está sucediendo actualmente. Las denuncias de la Fiscalía deben tener prioridad.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.