2020, año en el que la juventud reorientó la democracia

“Se metieron con la generación equivocada”, la potente frase usada en carteles de jóvenes en las protestas en las calles y redes sociales, se convirtió en una concretización de la realidad: el gobierno de facto de Manuel Merino de Lama se cayó luego de seis días de marchas a nivel nacional.

Un régimen deslegitimado al no contar con el respaldo ciudadano desde su primer día, no tuvo más opción que renunciar, luego que se derramara sangre de quienes se reunieron para exigir autoridades que sí los representen.

Las negociaciones para la vacancia de Vizcarra

Tras semanas de tensión en el Congreso y el Poder Ejecutivo y en medio de una crisis sanitaria, el 9 de noviembre de 2020, 105 legisladores decidieron vacar a Martín Vizcarra de la Presidencia de la República. La llamada “representación nacional” usó este recurso por cuarta vez en la historia peruana y ante un caso aún sin corroboraciones.

Esta medida la tomaron luego de casi dos meses de haberse rechazado un anterior pedido de destitución, en esa ocasión por las irregularidades de las contrataciones del cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing.

Ese lunes 9, la mayoría de los representantes de Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, el Frepap, Podemos Perú, Unión por el Perú, Somos Perú y el Frente Amplio respaldaron la vacancia. Solo el Partido Morado por unanimidad votó en contra.

¿Porqué decidieron destituir al presidente? La mayoría de bancadas días antes aseguraban que no respaldarían la destitución, pero todo cambió en cuestión de horas. Un día antes del Pleno decisivo, se divulgaron unos chats de Martín Vizcarra con el exministro José Manuel Hernández.

En estas conversaciones, el entonces gobernador regional pidió el número de Rafael Granados, representante de ICCGSA, señalado como uno de los aspirantes a colaborado eficaz que asegura haberle dado coimas a cambio de la adjudicación del Hospital de Moquegua. Además, se mostró ciertas coordinaciones de reuniones con personajes cuestionados. Sin embargo, en ellas no se revelaron una prueba contundente a la posible responsabilidad en actos de corrupción del entonces mandatario.

¿Entonces qué provocó el cambio radical en las posicione de las bancadas? Una de las posibles respuestas es la confluencia de intereses particulares. Según fuentes de este diario, y como se difundió en una nota anterior, Manuel Merino convocó a una reunión no oficial de algunos voceros ese 9 de noviembre, luego de la intervención de Vizcarra Cornejo ante el Pleno.

En este encuentro, José Luna Morales, quien es hijo del fundador de Podemos Perú, aseguró que el objetivo del gobierno era detener a todos los congresistas investigados. “Si no vacamos a Martín Vizcarra, nos jodemos todos”, dijo, según dos testigos. De esta manera, todos estuvieron de acuerdo con la existencia de un “complot” por parte de Vizcarra y la Fiscalía. Además, Manuel Merino se comprometió a darles el liderazgo de diversos ministerios y altos cargos en instituciones públicas.

Finalmente, pasada la 7.30 p. m. de aquel lunes, el Pleno del Congreso decidió vacar a Martín Vizcarra y llevar a Manuel Merino de Lama al poder. Mientras que los parlamentarios aplaudían su decisión, la ciudadanía los observaba desde distintos canales, pero, sobre todo, desde las redes sociales, en las que comenzaron a compartir el hashtag #MerinoNoMeRepresenta.

El Perú no quiso a Merino

Cuando se anunció la vacancia presidencial, ciudadanos ya habían trasladado sus convocatorias desde las redes sociales a las calles. Comenzaron a reunirse en la Plaza San Martín, Cercado de Lima, en la que también estaban personas a favor de la medida. Ambos grupos se exponían a más contagios del nuevo coronavirus, pandemia que aún sigue en el país.

Los parlamentarios expresaban su satisfacción por esta decisión señalando que un “corrupto” no podía seguir en el poder, dejando de lado que Humberto Acuña, de APP es sentenciado por este delito, y Edgar Alarcón, de UPP y presidente de la Comisión e Fiscalización también investigado en diferentes variantes de este mismo, continúan con impunidad en el Congreso.

Minutos después una reprochable agresión en contra del congresista Ricardo Burga, de AP, mostró la reprobación e impotencia por parte de grupos sociales. En esos momentos, especialistas comentaban las opciones que tenía el gobierno para evitar la vacancia, pero casi una hora después del golpe perpetrado, estas figuras quedaron disueltas.

“La historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. (...) Hoy salgo de Palacio Gobierno como entré hace dos años, con la frente en alto, y llano a afrontar las investigaciones”, dijo Martín Vizcarra en un pronunciamiento junto a sus entonces ministros.

Decidió no interponer recurso legal porque, según dijo, no quería aparentar que su objetivo era permanecer en el poder. Ante esta falta de acción, el pueblo, mayoritariamente joven, decidió organizarse para evitar que los poderes políticos del Congreso lideren el país. Ese mismo día las manifestaciones continuaron en las calles aledañas a la sede legislativa.

Un régimen en medio del rechazo ciudadano

Al día siguiente, Manuel Merino adelantó la sesión solemne en la que asumía el cargo de presidente de la República. Ordenó cerrar las calles y actuaba como si nada pasaba. El representante del partido de la lampa juró al cargo mientras ciudadanos eran reprimidos por la Policía. Sin duda, esta fue una de las primeras muestras de lo que vendría después.

Las protestas continuaron hasta la noche de ese martes y en los días posteriores en el Cercado de Lima así como en distintas ciudades del país. En redes convocaron a la primera marcha nacional para el jueves 12 de noviembre, ese mismo día Manuel Merino tomó juramento al nuevo gabinete ministerial liderado por Ántero Flores-Aráoz, quien horas antes de asumir al cargo reiteró su respaldo a dar “una segunda oportunidad” a las universidades privadas que no obtuvieron la licencia.

La marcha de ese jueves fue multitudinaria, incluso mayor a la de Los cuatro Suyos, aseguran personas que participaron en ambas. Los jóvenes mostraron su espontaneidad con carteles que reflejaban su hartazgo a la política tradicional que no los representaba. Y tampoco permitieron infiltraciones de personajes a los que rechazaban y eran parte de la red de malos manejos en el sistema peruano.

Los ciudadanos seguían manifestándose en contra del régimen al que consideraban ilegítimo desde el lugar donde se encontraban. En el Perú no era costumbre los cacerolazos, pero este mecanismo comenzó a usarse desde las casas en diversas partes del país.

Los manifestantes, mayoritariamente jóvenes, dieron un ejemplo de organización y consenso. Contaron con diferentes brigadas conformadas por ellos mismos: de primeros auxilios, de salud, la de la cruz blanca, la de los animalistas, la de los que desactivan lacrimógenas, las primeras líneas, la que asiste con agua y comida, entre otras.

Usaron el territorio de diversas formas, a través de la danza, caravana de motocicletas, proyecciones en edificios, música y otras manifestaciones culturales. Ese día, como en las anteriores jornadas, también la Policía Nacional reprimía con violencia a los ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta.

A pesar de los heridos por bombas lacrimógenas y perdigones, más ciudadanos se reunían en los días posteriores. Nuevamente a través de redes sociales se convocó a la segunda marcha nacional del sábado 14 de noviembre. El hashtag #fueramerino obtuvo 29.9 millones de tuits y el de #marchanacional 19.8 millones. De las exigencias en las redes, pasaron a las calles.

Cuando Gastón Rodríguez ya lideraba el Ministerio del Interior, la marcha pacífica se tornó violenta en diversas partes del Cercado de Lima. En dos de esos puntos fueron asesinados Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado por múltiples disparos de proyectiles con armas de fuego.

Inti Sotelo y Brayan Pitado, héroes del bicentenario

La muerte de los jóvenes en ese sábado llenó de indignación a todo el Perú que ya se encontraba paralizado por la violencia en contra de quienes rechazaban el régimen de facto de Manuel Merino y al Congreso. Se exigió respuestas rápidas de las autoridades.

Horas después, los ministros que juraron al cargo frente al representante de Acción Popular comenzaron a renunciar y el gabinete de Ántero Flores-Aráoz se desplomó. Ese sábado 14 de noviembre el país no durmió. Sin embargo, a pesar de la sangre derramada, Manuel merino no se pronunció, permaneció en silencio.

Según comentó el entonces primer ministro en la reunión que tuvo horas antes, el congresista de Acción Popular no pensaba en renunciar. Horas después, Luis Valdez, congresista de Alianza Para el Progreso, y quien presidía el Congreso de la República convocó a Junta de Portavoces para el día siguiente a primera hora. También pidió que Manuel Merino evalúe su renuncia.

Al día siguiente, el Parlamento oficializó este pedido y aseguró que, si Merino no daba un paso al costado, lo censurarían. Ante la presión, el acciopopulista anunció su renuncia leyendo un papel y señaló que no aceptó la dimisión de los ministros para que estos sectores no se queden sin responsables.

El Congreso y la falta de consenso

Sin embargo, al Parlamento le tomó más de un día ponerse de acuerdo y nombrar a una nueva Mesa Directiva y, por consiguiente, a un presidente interino del país. Al día siguiente, el lunes 16 de noviembre, el Perú amaneció sin autoridades.

Hasta el último intento las bancadas que apoyaron la vacancia buscaron llegar al poder al proponer a María Cabrera de Podemos Perú, quien llamó “gentita” a los manifestantes, como próxima presidenta de transición. No obstante, esta lista fue rechazada por haber consignado el nombre de la congresista Leslye Lazo, de Acción Popular, sin su consentimiento.

De esta manera, la única lista que logró el consenso en el Parlamento fue la liderada por Francisco Sagasti, del Partido Morado, quien asumió al día siguiente la Presidencia de la república. Mientras que Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, se quedó frente al Legislativo, al ser la primera vicepresidenta de la Mesa Directiva del Legislativo.

En medio de la juramentación del 17 de noviembre, cientos de personas exigían en las afueras del Congreso un cambio en la Constitución, entre otras demandas. Las manifestaciones continuaron unos días después, pero en general los jóvenes se mostraron más tranquilos con este cambio de mando.

No obstante, aseguraron que seguirán activos ante cualquier evento que requiera de su participación. Una nueva Carta magna es una de las demandas pendientes por la ciudadanía. Un 48% de la población electoral se muestra a favor de esta medida, según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos.

Más de un mes después, aún no hay responsables de los asesinatos de Inti Sotelo y Brayan Pintado. El Ministerio Público calificó como compleja la investigación contra Manuel Merino, Ántero Flroes-Aráoz y Gastón Rodríguez, mientras que cada uno de ellos continúa sus actividades con normalidad.

El congresista de Acción Popular, quien será patrocinado con el dinero del país en este proceso en su contra, lejos de hacer un mea culpa por su falta de control ante la crisis nacional, se dedica a exigir que su régimen no se considere como un ataque a la democracia. La realidad muestra que la población, en la que se basa este sistema político, no lo reconoció como legítimo y advirtió seguir vigilante ante cada acción de los políticos para, nuevamente, reorientar la democracia.

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