Asesinato de Inti y Jack es violación de derechos humanos

Investigación. Organismos de derechos humanos denunciaron a Manuel Merino y a sus ministros. Un fiscal especializado en delitos de DD. HH. investigará los crímenes durante marchas.

Estado. Manuel Merino, Antero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez deberán responder penalmente por el asesinato de los estudiantes y represión de las marchas. Foto: Sepres.
Estado. Manuel Merino, Antero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez deberán responder penalmente por el asesinato de los estudiantes y represión de las marchas. Foto: Sepres.
César Romero

Por disposición de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el asesinato de Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y el de Jack Brian Pintado Sánchez, de 22 años, durante la marcha del 14 de noviembre, sean investigados como graves violaciones a los derechos humanos.

Igual sucederá con las agresiones, lesiones, detenciones arbitrarias y casos de desaparecidos que se hubieran presentado y reportado durante las marchas de protesta contra el régimen de Manuel Merino.

A su vez, diversos organismos de derechos humanos presentaron una denuncia para que se investigue por estos hechos a Manuel Merino de Lama, Antero Flores Aráoz, Gastón Rodríguez, el general PNP Jorge Cayas Medina, el director general de la PNP Orlando Velasco Mujica por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, lesiones graves.

En la denuncia se pide investigar el uso de la fuerza injustificada, con el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y uso de perdigones, pese a que se trataba de marchas pacíficas. Además de la intervención del escuadrón Terna.

Diligencias

En atención a esta disposición, las investigaciones fueron asumidas por el fiscal Jhonny Soto Jiménez, de la 3° fiscalía supraprovincial especializada en delitos de terrorismo y violación de derechos humanos.

Soto Jiménez continuará las investigaciones y diligencias que en las primeras horas de la tragedia iniciaron las fiscales Lesly Carmona Viena y Juana Meza Peña. Las investigaciones continuarán con el apoyo de peritos y medicos legistas del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.

Así, la fiscal Carmona encargó a los peritos de la Fiscalía determinar qué tipo de proyectil son las diez bolas de plomo o perdigones extraídos del cuerpo de Jack Pintado, si el disparo se realizó a corta o larga distancia y qué tipo de armamento se utilizó. Los proyectiles le impactaron dos en el cráneo, dos en la cara, dos en el cuello, dos en el brazo derecho y dos en el tórax.

Mientras se realizaban las diligencias sobre los dos asesinatos, diversos fiscales, representante de la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos recorrieron comisarías y cuarteles de la policía para dar con la ubicación de más de 40 jóvenes reportados como desaparecidos durante la marcha de protesta.

Para la noche, 9 jóvenes aún continúan sin ser ubicados. La Fiscalía de la Nación había dispuesto la presencia de fiscales en las comisarías donde habitualmente se traslada a detenidos de las marchas en el Centro de Lima, pero la noche del sábado, la policía los trasladó a otro lugar y solo informaron de seis detenidos.

Por ejemplo, el impresor Javier Mollo Fuentes y su enamorada Ana de la Cruz detenidos ilegalmente bajo la acusación de imprimir panfletos, fueron trasladados a la Dinincri, donde no había fiscal estable, y no es una dependencia para este tipo de intervenciones, señaló la abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos, María del Mar Pérez.

Violencia sexual

Pérez indicó que los organismos de derechos humanos están recogiendo información adicional, como los abusos y maltratos de índole sexual que sufrieron algunos detenidos, para realizar una denuncia ampliatoria contra Merino de Lama y los mandos policiales.

Uso excesivo de la fuerza por la policía

La denuncia contra Manuel Merino y el ministro del Interior de facto, Gastón Rodríguez, anota que los gases lacrimógenos como los perdigones no se utilizaron de forma disuasiva, ante algún evento que entrañe peligro, sino para evitar el ejercicio del derecho de protesta.

Para la abogada de la Coordinadora de DD. HH. María del Mar Pérez, las evidencias apuntan a señalar que los policías actuaron con extrema violencia porque habrían recibido órdenes de sus jefes superiores. Por lo que es necesario que la Fiscalía realice una exhaustiva investigación que determine culpabilidades.

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