Fiscales de sistema anticorrupción ven casos Acurio y Oscorima

César Romero

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30 Oct 2020 | 3:34 h
Gobernadores regionales. Jorge Acurio Tito y Wilfredo Oscorima deberán responder por presuntos pagos ilícitos. Foto: composición / La República

Sin controversia. Equipo Especial Lava Jato derivó las declaraciones de los colaboradores eficaces del caso Obrainsa por presuntos pagos ilícitos en obras de Cusco y Ayacucho.

Sin ninguna controversia, el sistema nacional para casos de corrupción asumió las investigaciones a los ex gobernadores regionales Jorge Acurio Tito, del Cusco, y Wilfredo Oscorima Nuñez, de Ayacucho, por las declaraciones incriminatorias de los aspirantes a colaborador del caso Obrainsa e ICCGSA.

A diferencia de lo que sucede con el presidente Martín Vizcarra en su labor como gobernador regional de Moquegua, el Equipo Especial Lava Jato no ha considerado tener jurisdicción para investigar a estos gobernadores regionales, pese a que en el caso de Acurio hay una clara referencia a Odebrecht.

Escogiendo casos

Según fuentes del Ministerio Público, en los casos de Acurio y Oscorima, el fiscal Germán Juárez Atoche remitió a las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios la transcripción de parte de las declaraciones de los colaboradores eficaces del caso Obrainsa, en las que hablan de los ex gobernadores regionales del Cusco y Ayacucho.

El fiscal Germán Juárez Atoche informó a las fiscalías anticorrupción las declaraciones de colaboradores eficaces del caso Obrainsa, que involucran a Acurio y Oscorima. Foto: La República

Al derivar dichas declaraciones, el fiscal Juárez reconoce que no tiene jurisdicción para investigar a gobernadores regionales por actos ilícitos en obras que no tengan relación con Odebrecht o el “Club de la Construcción”.

Pese a lo cual insisten en retener la investigación al presidente Vizcarra por hechos no relacionados con el caso Lava Jato, generando una mayor incertidumbre de cómo los fiscales del Equipo Especial Lava Jato interpretan sus atribuciones, pues a simple vista lo que parece es que estarían escogiendo los casos por algún interés especial.

El fiscal superior coordinador Rafael Vela ha explicado en diversas entrevistas que asumieron la investigación al presidente Vizcarra al tratarse de colaboradores del caso del “Club de la Construcción”, por tanto, deberían asumir las investigación vinculadas a todos los gobernadores regionales mencionados, y eso no está sucediendo.

Sobre Cusco

El colaborador 10-2018 declaró que las constructoras Obrainsa y Concar realizaron dos pagos ilícitos por S/ 5,8 millones al exgobernador del Cusco Jorge Acurio, los años 2012 y 2013, para beneficiarse con los contratos de las redes viales del Cusco 1 y 3.

Obrainsa y Concor pagaron S/ 5,8 millones de coima a Jorge Acurio, exgobernador regional de Cusco. Foto: Andina

Para ello debían pagar el 3% del valor de lo obra, lo que equivale a 14,1 millones de soles. Un primer pago de 4,2 millones fue hecho a través del director de contratos de Odebrecht, Renato Ribeiro Bortoletti, quien entregó el dinero en una maleta de viaje, en el hotel Roosevelt, en San Isidro.

En mayo del 2013, el gerente general de Obrainsa, Elard Tejeda, habría realizado el segundo pago, también en efectivo, por 1,6 millones de soles.

Ayacucho

En el caso del ex gobernador regional de Ayacucho, el colaborador eficaz habría dicho que, el año 2015, Obrainsa realizó un pago de 856 mil dólares a Wilfredo Oscorima.

El pago tuvo como objetivo adjudicarse un contrato de rehabilitación de la carretera Condorcocha-Vilcashuaman. El pago ilícito se habría realizado en efectivo, en un departamento ubicado en el jirón Los Eucaliptos, en San Isidro, Lima.

Las fiscalías anticorrupción de Ayacucho, Cusco y supraprovincial nacional ya venían investigando estas obras.

Sobre el acuerdo con Odebrecht

Renato Bortoletti es uno de los colaboradores eficaces del Equipo Especial Lava Jato. Si lo que dice el colaborador 10-2018 es cierto, el director de Odebrecht no habría dicho toda la verdad en su colaboración, pese a que tenía esa obligación. La Fiscalía y la procuradora ad hoc Silvana Carrión deberían activar las cláusulas de la sentencia a Odebrecht.

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