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Proyecto Lomas de Ilo pone en problemas a presidente Vizcarra

La Republica
Controlaría hizo varias observaciones en el proyecto Lomas de Ilo, realizada en la gestión de Vizcarra. Foto: La República.

Obra en Moquegua tuvo varias irregularidades detectadas por la Contraloría. Dos válvulas de agua se reventaron cuando se hicieron pruebas, tuvieron que realizar peritajes en 63 kilómetros de tuberías, entre otras.

El presidente Martín Vizcarra fue acusado por un aspirante a colaborador eficaz del caso Club de la Construcción de haber recibido S/ 1 016 212,76 para adjudicar el proyecto Lomas de Ilo al consorcio Obrainsa-Astaldi el 2013, cuando era gobernador regional de Moquegua.

Varias irregularidades se han denunciado en relación a este proyecto que pondría en problemas al jefe de Estado. Por ejemplo, en diciembre del 2017 se comenzó a detectar nuevas y graves deficiencias en las tuberías instaladas para la ampliación agrícola de 1.750 hectáreas en Lomas de Ilo. En ese entonces, el directorio del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) acordó contratar un consultor externo para que haga un peritaje a la obra.

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El peritaje se realizó sobre una línea de 63 kilómetros de tuberías desde el sector de pampas de Jahuay (Mariscal Nieto) hasta el reservorio regulador en Lomas de Ilo. Las tuberías debían de soportar al menos 600 l/s (litros por segundo) de agua, pero cuando se hicieron las pruebas en junio de ese año soltando 10 l/s y después 50 l/s, se reventaron dos válvulas (km 49 y 53).

Ese año se abrieron también las zanjas en siete puntos distintos y detectaron que no se compactaron bien las bases antes de haberse puesto los tubos. Además, las alturas de las zanjas no cumplían con las especificaciones técnicas, ya que se hicieron 30 centímetros menos.

Por este problema la llegada del agua a Lomas de Ilo iba a ser imposible todo el 2018. Antes de marzo de ese año, Obrainsa ya había reparado las dos válvulas rotas, pero faltaba la revisión del resto de tuberías.

También hubo otras irregularidades detectadas por la Contraloría General. En septiembre del 2019, la Contraloría advirtió que se modificó el cronograma y se autorizó postergar el plazo de entrega de material para presuntamente beneficiar a la empresa ecuatoriana Plásticos Rival con la venta de 64 kilómetros de tuberías para el proyecto por S/ 47 millones. Esto evitó aplicar una penalidad por S/ 4 735 000.

Obrainsa también habría sido favorecida con los diferentes cambios en el expediente del proyecto. La empresa se encargó de la instalación de los tubos, por lo que se le pagaron S/ 196 millones. Ello le permitió a la contratista plantear varios arbitrajes.

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