El uso de audios y videos en la política peruana [FOTOS]

Wilder Pari

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14 Set 2020 | 6:16 h
Los “vladivideos”, una serie de grabaciones revelaron sobornos a políticos en el gobierno de Alberto Fujimori.
Los “vladivideos”, una serie de grabaciones revelaron sobornos a políticos en el gobierno de Alberto Fujimori.

Controversia. Difusión de audios, generaron una nueva crisis en el gobierno y un proceso de vacancia presidencial. La grabación y propalación de material privado no es nuevo en la política nacional e incluso se normalizó en la sociedad.

La publicación de tres audios de la esfera privada, han llevado a un proceso de vacancia al presidente Martín Vizcarra. Pero no se trata de un hecho aislado en la política peruana. Su antecesor Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) también cayó por la difusión de material similar y otros políticos, igualmente vieron cambiar su suerte por grabaciones.

El sociólogo Alipio Montes señala que el registro y propalación de conversaciones privadas es una práctica latinoamericana, pero que se ha normalizado con fuerza en el Perú y su partida de nacimiento, fueron los “vladivideos”, una serie de grabaciones realizadas por el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, que revelaban sobornos a políticos. La difusión del primer vladivideo, el 14 de setiembre de 2000, desencadenó la caída del tercer periodo de Alberto Fujimori.

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Desde entonces, empezó la propagación de estos materiales, que revelaban presuntos delitos o actitudes antiéticas de distintos personajes, con consecuencias legales o políticas. Entre algunos casos, el 2010, Lourdes Flores sufrió un revés en sus aspiraciones a la alcaldía de Lima, luego que se publicara una conversación donde decía que no le importaba el puesto.

Arequipa no fue ajena. En 2010, Álvaro Moscoso sufrió un revés en su campaña a la alcaldía provincial, al difundirse un audio donde señalaba que desde su puesto de locutor, presionaba a autoridades para obtener favores personales.

Hasta que las consecuencias llegaron al ámbito presidencial. En marzo de 2018, PPK ya tenía los votos que lo salvarían de un segundo proceso de vacancia presidencial. Pero dos días antes de la votación en el Congreso, el fallecido exparlamentario de Fuerza Popular Moisés Mamani, difundió videos -grabados por él- donde allegados a PPK, trataban de persuadir su decisión a cambio de favores políticos. PPK renunció antes de la vacancia.

Y ahora su sucesor, Martín Vizcarra, se ve inmerso en el mismo proceso político, por audios con sus asesores, donde supuestamente coordinaba sus respuestas ante la Fiscalía en torno al caso Richard Swing (Richard Cisneros).

Alipio Montes remarca que la publicación de estas grabaciones, no tendrían razón de existir ni repercusión, si los políticos fueran transparentes.

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Sociedad del vladivideo

El sociólogo José Luis Ramos Salinas, señala que grabar conversaciones privadas se ha normalizado en la política, por el impacto que generan en la opinión pública, más allá de las reales implicancias legales. En un contexto electoral, un audio o video que revela actos irregulares, tiene más efecto que el discurso político. Con ello, se refuerza el voto emocional sobre el racional.

Para Ramos, el objetivo ya no solo sería destapar delitos, sino chantajear.

José Luis Ramos recuerda que personas implicadas en actos ilegales, incluso usan claves para comunicarse, pues saben que podrían ser grabados. Así sucedió con los jueces de la mafia de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que empleaban palabras como “La señora K” (sería Keiko Fujimori).

Legalidad controvertida

Desde la difusión de los vladivideos, se discute la validez de propalar material de la esfera privada y sobretodo, su uso como prueba judicial, pues se obtuvo vulnerando el derecho a la intimidad. El abogado penalista Javier Cornejo, señala que que las conversaciones privadas pueden usarse en un juicio bajo la figura del interés público. Pero ello implica otra controversia, pues no hay norma ni parámetro que lo defina. El Tribunal Constitucional incluso ha indicado que es indeterminado.

Javier Cornejo sostiene que la valoración del interés público, en un primer momento corresponderá al fiscal a cargo del caso. Luego, su argumento será analizado por un juez, quien determinará la validez de la prueba. Esta evaluación, puede llegar hasta el Tribunal Constitucional.

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