Caso Richard Swing: los posibles delitos y funcionarios involucrados, según la Contraloría

Los contratos del Ministerio de Cultura con el cantante Richard Cisneros, también conocido como Richard Swing, motivaron la investigación de diversas entidades. Una de ellas, la Contraloría, determinó en un informe reciente que existieron irregularidades en las nueve contrataciones realizadas entre 2018 y 2020.

En el documento, se explica que 16 funcionarios y servidores públicos del ministerio tendrían una presunta responsabilidad penal en estos pagos irregulares y se recomienda tomar las acciones respectivas.

¿Qué pasó con el Caso Richard Swing?

La Contraloría General de la República emitió un Informe de Control Específico, con fecha 31 de agosto de 2020, en el cual se determina que desde el Ministerio de Cultura se efectuaron pagos indebidos a Richard Swing por un monto que llega a los S/ 155.400.

El organismo recomienda al procurador público de dicho ministerio “iniciar las acciones legales penales” contra los funcionarios responsables, e invoca al ministro de la cartera, Alejandro Neyra, a “disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan”.

¿Qué dijo la Contraloría?

El informe de Contraloría asevera que Richard Swing “no contaba con la especialidad, el perfil y la experiencia debida para la ejecución de actividades motivacionales y otros servicios desde el 2018 al 2020″.

Asimismo, el organismo precisa que al artista se le consignaron actividades que son propias del Ministerio de Cultura, y que “se omitió definir si el servicio debía ser prestado por un técnico, un profesional o un especialista”.

En el documento también se consigna que hubo “incumplimiento del servicio” por parte de Swing, pues no se halló un diagnóstico que este debía entregar al ministerio y que “supuestamente debió servirle de base para su propuesta de promoción”. A la vez, el cantante debía entregar un video, lo cual no reconoció la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional.

¿Qué funcionarios estarían involucrados?

La Contraloría señala la participación de 16 servidores y funcionarios del Ministerio de Cultura en estos hechos irregulares.

Según el organismo, estos ciudadanos “elaboraron y aprobaron perfiles en los términos de referencia no adecuadas al objeto de las contrataciones, estableciendo actividades que corresponden a funciones inherentes de las unidades orgánicas de la entidad, fraccionando contrataciones para evitar la aplicación de la Ley de Contrataciones, para viabilizar la contratación de diversos servicios a un solo proveedor, a través de diversas órdenes de servicios durante los años 2018, 2019 y 2020, otorgándole conformidad a los servicios; permitiendo que la entidad pague a favor del proveedor el monto total de S/ 155.400; pese a que no acreditó la real ejecución del servicio”.

Las personas comprendidas en los hechos, según Contraloría, son Jorge Antonio Apoloni Quispe (secretario general del ministerio del 12 de abril al 28 de diciembre de 2018), Felix Antonio Lossio Chávez, Patricia Cristina Vásquez Montes, Liliana Margot Chaname Castillo, Aura Elisa Quiñones Li, Carlos Felipe Palomares Villanueva, Mimyrle Jesús Dioses Morán, José Antonio Bellido Suárez, Lincoln Martín Matos Parodi, Laura Isabel Montes De Oca Rivera, Amalia Estela Sánchez Alva, Katiya Nathali Paredes Gonzales, Osbin Richard Vargas Estrada, Juan Julio Pilares Maqui, Darío Nemecio Armas Casos y Mauricio Manuel Salas Torreblanca.

¿Qué delitos se habrían cometido?

La entidad detalla que “se elaboraron y aprobaron términos de referencia con requisitos que no se adecuaron al objeto de la contratación, consignando como actividades funciones inherentes a la entidad; y sin establecer el perfil mínimo requerido para la contratación”.

También, el informe asegura que “se fraccionó una contratación con el fin de evadir la aplicación de la Ley de Contrataciones, así como se otorgó conformidades pese a no acreditarse la prestación del servicio y en un caso sin aplicar penalidad por mora”.

De esta forma, precisa el organismo, “se benefició indebidamente al proveedor con el pago de S/ 155.400, afectando la transparencia de las contrataciones; así como, la finalidad pública prevista”.

¿Quién es Richard Swing?

Richard Cisneros, conocido por su nombre artístico Richard Swing, es un cantante y compositor que se atribuye los cargos de consultor cultural, artístico y deportivo; asesor de imagen, marketing y de liderazgo político; y productor creativo en actividades para promover y difundir sedes institucionales.

Fue en mayo de 2020 que diversos programas periodísticos revelaron que Richard Swing obtuvo un contrato por S/ 30.000 con el Ministerio de Cultura para prestar el servicio de “ejecución de actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores”.

Dicho servicio habría sido brindado el 24 de abril de ese año, en medio de la emergencia nacional por el nuevo coronavirus. También se dio a conocer que el cantante habría realizado distintos trabajos para dicho ministerio, por los cuales recibió un monto total de S/ 175.400. Swing trabajó para la entidad bajo seis distintos ministros.

El registro de visitas de Palacio de Gobierno también mostró que, en 2018, Richard Swing se reunió en varias ocasiones con personas del entorno del presidente Martín Vizcarra.

Durante su mensaje presidencial del 25 de mayo, el propio mandatario admitió haber conocido a Cisneros en la campaña presidencial de 2016, pero negó las especulaciones que hablaban de una supuesta amistad con el artista. El jefe de Estado también dijo que el rol de Swing en la campaña pudo haber “permitido que tenga una participación a nivel del Gobierno”.

El contrato del cantante con el Ministerio de Cultura quedó sin efecto tras las revelaciones, y el caso pasó a ser investigado por el Ministerio Público, que intervino el local de dicha entidad y la Secretaría General de Palacio de Gobierno en su búsqueda de irregularidades en los contratos.

Asimismo, la Comisión de Fiscalización del Congreso, encabezada por Edgar Alarcón, solicitó al Pleno facultades especiales para investigar los contratos; dicho pedido fue aprobado por unanimidad. La investigación comenzó formalmente el 10 de junio.

Entre los primeros interrogados estuvieron Mirian Morales, secretaria general del despacho presidencial, con quien Swing se reunió en 2018, las ex ministras Sonia Guillén y Patricia Balbuena y el propio Cisneros.

En su comparecencia ante la comisión, Swing dijo no tener relación con Martín Vizcarra y sostuvo que deseaba formar parte de su grupo de asesores, aunque reconoció no tener los grados académicos para ello. Asimismo, subrayó que “nadie lo recomendó” para trabajar en el ministerio.

Durante el pedido para que se amplíe el plazo de investigación, Alarcón anunció que Richard Swing pasaba a condición de investigado, al igual que los ya mencionados Jorge Apoloni y Mirian Morales. La comisión también citó al presidente Martín Vizcarra para que declare este 4 de septiembre, pero dicha sesión no se realizará por coincidir con el Pleno de ese día.