Martín Vizcarra: denuncia por genocidio en su contra es inviable, aseguran especialistas

El presidente de la República, Martín Vizcarra, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía de la Nación por el delito de genocidio a causa de las miles de muertes y contagios por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país.

La abogada Liliana Humala, prima y ex defensora legal de Antauro Humala, presentó la demanda precisando que las modalidades atribuidas son de lesión grave a la integridad física o mental a los miembros de los grupos vulnerables y al sometimiento de grupos sociales “a condiciones de existencia que han acarreado su destrucción física”, es decir, su muerte.

Sin embargo, los abogados penalistas Romy Chang y Carlos Caro aseguraron que el recurso interpuesto no es viable por no tener sustento legal al no configurarse el delito de genocidio en el actual contexto de la pandemia.

¿Qué es el genocidio?

La especialista Romy Chang explicó que la base para que se configure el delito de genocidio es cuando se aprecia una intención en la exterminación de cierta parte de la población, lo que, considera, no se muestra en la gestión del actual jefe de Estado.

“Yo no veo técnicamente un sentido en esta denuncia, no la veo viable. (...) No hay forma alguna de decir que el coronavirus es un elemento que el presidente ha utilizado para atacar a una parte de la población. Además, la existencia de la COVID-19 nunca dependió del presidente Vizcarra. (...) Es evidente que no hay ningún tipo de genocidio”, declaró la abogada para La República.

El jurista Carlos Caro sostuvo que el delito de genocidio es reconocido a nivel internacional y debe cumplir con ciertos parámetros para que pueda interpretarse como tal. Asimismo, resaltó que este no debe confundirse con otros ilícitos como lesiones graves u homicidio.

“Es una denuncia exagerada, inviable. Para empezar el delito de genocidio está calificado como un delito penal internacional, no es matar personas, sino tener un plan para erradicar a una comunidad. Creo que es una denuncia que parte de una idea totalmente equivocada, que no se confunda con el delito de lesiones u homicidio, porque es más que ellos”, sostuvo para este diario.

El especialista agregó que por más que un Gobierno tenga deficiencias en sus políticas públicas, estas no pueden calificarse como parte de una acción genocida, debido a que no se realizaron con una intención especial.

“Que se hayan dado políticas públicas equivocadas en el manejo del país, no significa que exista una intención genocida de parte del Gobierno, eso no ha pasado acá. El mal manejo sí podría dar paso a consecuencias políticas o constitucionales”, resaltó.

Proceso sería archivado

Romy Chang subraya que cualquier ciudadano puede interponer una denuncia penal, y que esta es recibida por mesa de partes del Ministerio Público, pero que si no tiene lógica, la entidad debería archivarla, como, menciona, ocurriría con la que se presentó contra Vizcarra Cornejo.

“La Fiscalía tendría que archivarla de plano, porque realmente no tiene lógica y es más termina quitando tiempo a otras actividades que en este momento de pandemia realmente sí requiere la preocupación de las entidades”, agregó.

Señaló que si el despacho del Ministerio Público a cargo del caso decide rechazar la demanda, no se abre ningún proceso, por ende no se llamarían a las partes. No obstante, sostiene que algún fiscal pueda decidir iniciar el proceso, pero que normalmente no podría desarrollarse si no hasta que el presidente acabe su mandato, luego de julio del 2021.

En esta línea, Carlos Caro señala que los despachos fiscales suelen abrir investigación ante las denuncias, pero que las imputaciones contra el jefe de Estado quedarían a la espera de hasta que cumpla su gestión por la inmunidad presidencial que goza.

“La Fiscalía seguramente va abrir la investigación por el delito de genocidio, pero en el caso del presidente no puede ser investigado durante su mandato porque tiene una inmunidad absoluta. Podría ser a partir de agosto de 2021, y se iniciaría primero en el Congreso de la República. La otra opción que tiene es rechazar la denuncia por ser inverosímil, no suele pasar eso”, manifestó el abogado.

La especialista Chang agregó que la denuncia contra el mandatario, al no tener sustento legal, reflejaría una intención política, y una explicación a esto sería el que Liliana Humala es parte de una agrupación opositora a las medidas del Gobierno.

“No tiene ni pies ni cabeza, es bien absurdo desde el punto de vista penal. Lo que refleja es que hay un ánimo político. No podría prosperar una denuncia así”, señala la abogada penalista sobre la denuncia contra Martín Vizcarra.

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