Los tres procesos

Raúl Tola

@larepublica_pe

10 Ago 2020 | 5:26 h
La Republica
Raúl Tola

"Luna es dueño de Telesup, una universidad que no hizo ningún esfuerzo por adecuarse a los requisitos de calidad de la reforma universitaria"

Para comprender qué representa la negativa del voto de confianza al gabinete encabezado por Pedro Cateriano conviene insistir en un dato que se ha venido repitiendo: que es la primera vez que esto ocurre desde la implantación de la Constitución de 1993. En 27 años, no se le había negado la investidura a un Presidente del Consejo de Ministros. No importó que fuera el Congreso a la medida de Alberto Fujimori o el anterior Congreso de mayoría opositora —compuesta por Fuerza Popular y el Apra— que, hasta su disolución, invistió a los gabinetes presididos por Fernando Zavala, Mercedes Aráoz, César Villanueva y Vicente Zeballos.

Este simple dato revela la naturaleza extraordinaria del hecho que nos ha tocado presenciar. ¿Era Pedro Cateriano un Presidente del Consejo de Ministros peor que sus predecesores? Convengamos que, para algunos, pueda resultar reactivo, que cometió errores como el nombramiento de Martín Ruggiero como ministro de Trabajo y que su sinceridad al anunciar su apuesta por el libre mercado y la minería para salir de la crisis económica pudo ser chocante (en un país donde lo usual es hacer anuncios que garanticen aplausos para luego traicionarlos). Pero, ¿son éstas razones suficientes para motivar un acontecimiento tan dramático y excepcional que, repito, rompe una tradición de casi treinta años?

Todo esto tiene un agravante: la situación que le toca vivir al país, enfrentado a una de las peores crisis de su historia por culpa de la emergencia sanitaria, que ha hundido nuestra economía peor que una guerra y que, en la segunda ola de contagios que se vive, mata un promedio de 200 peruanos diarios. Luego de hacer las sumas y las restas, revisar la historia y analizar el contexto, resulta meridianamente claro que una decisión de esta naturaleza escapa de la lógica de la pura negociación política y que debió ser precipitada por la intervención de otros factores.

Estos tienen que ver con la composición del actual Congreso, con los intereses ocultos detrás de muchos de los dueños o auspiciadores de algunas candidaturas e incluso de bancadas enteras. Para seguir con las afirmaciones que se vienen repitiendo, estamos ante un Parlamento cuyo comportamiento irresponsable y calamitoso compite con el de su predecesor, si no lo supera. ¿Por qué, luego del fiasco del Congreso de mayoría fujimorista y aprista, dedicado a obstruir la andadura del Ejecutivo, a ponerle trabas a la lucha contra la corrupción, a prostituir las iniciativas de reforma política, a hostilizar a la Sunedu, a amparar lobbies oscuros, sin ofrecer a cambio una sola iniciativa en beneficio del país, nuestra clase política fue incapaz de regenerarse y ofrecer una alternativa, produciendo un Parlamento con una composición que respondiera mejor a las aspiraciones y exigencias ciudadanas, y estuviera a la altura de este complejo momento?

Durante la última década, nuestro país ha vivido un proceso lento pero consistente, producto del cambio de lógica de los grupos mafiosos, que, de vivir en las sombras, al margen de la ley, enfrentados al aparato estatal, decidieron dar un paso adelante para infiltrarlo, coparlo y, finalmente, convertirlo en una de sus puntas de lanza. Este peligro se vino advirtiendo por años, pero se hizo poco o nada para frenarlo y revertirlo. Ahora es una realidad tangible, que abarca intereses de toda naturaleza, incluyendo a las universidades privadas sin licenciamiento, a los investigados por corrupción, a la minería informal y hasta al narcotráfico. La consecuencia es trágica: no importará cuántos Congresos se sucedan porque, mientras este sea su origen, siempre tendrán la misma agenda y los mismos modales. Cambiarán los nombres con cada elección, pero en el fondo seguirá siendo el mismo.

No hace falta ser muy suspicaz para notarlo. Quienes tomaron este camino han decidido hacerlo a pecho descubierto, con absoluto descaro, mostrando de manera explícita sus intereses en juego. Quizá el ejemplo más evidente sea el fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez. Como se sabe, Luna es dueño de Telesup, una universidad que no hizo ningún esfuerzo por adecuarse a los requisitos de calidad de la reforma universitaria y llegó a hacerse famosa por esa falsa fachada de diez pisos que parecía sacada de la utilería de un spaghetti western.

Pero, además, está gravemente involucrado en las investigaciones del caso Lava Jato. En febrero de este año, el Poder Judicial le negó la prisión preventiva, pero le impuso comparecencia con restricciones y una caución de S/. 500 mil. Según la acusación fiscal, en su calidad de secretario general y jefe de campaña de Solidaridad Nacional, Luna fue el encargado de administrar al menos US$ 600 mil de los US$980 mil que las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht aportaron para la campaña municipal de Luis Castañeda Lossio en 2014. Por ese mismo caso, a Castañeda se le impuso una prisión preventiva de 24 meses.

¿Para qué necesitaría Luna una bancada? ¿Qué empleo podría darle a los once congresistas que tiene Podemos Perú, la sexta mayoría parlamentaria? ¿Animaría a sus parlamentarios a apoyar la reforma universitaria y a blindar a la Sunedu? ¿Permitiría que las investigaciones del caso Lava Jato prosigan sin mayores contratiempos y lleguen a las últimas consecuencias?

El gobierno de Martín Vizcarra ha cometido muchos errores, algunos de ellos de bulto, como despreciar la gimnasia parlamentaria y exonerarse de presentar una lista que apuntalara sus intereses desde el actual legislativo. Pero crisis políticas como la negativa del voto de confianza al gabinete Cateriano —y otras que la precedieron— no se explican por estos errores, sino por los tres grandes procesos que concurren durante su gestión: la lucha contra la corrupción del caso Lava Jato, la reforma educativa y la reforma política.

Siendo vitales para el país, éstos enfrentan intereses poderosísimos: las camarillas corruptas investigadas por el equipo especial Lava Jato, las universidades que quieren sobrevivir sin haber aprobado la evaluación de la Sunedu y las cúpulas de los partidos políticos —antiguos y modernos— que ven amenazadas sus prerrogativas por la reforma política. Como es obvio, estos sectores no entregarán sus posiciones sin plantear batalla. Es bastante obvio que vienen empleando todos sus recursos para defenderse, aspirando a que en el Perú se instaure un estado de las cosas perverso, donde ellos dicten las reglas de juego.

La sensación que va quedando es que, hasta ahora, por una conjunción de factores en la que no ha faltado el azar, estas mafias han perdido todos los asaltos que han peleado. El caso Lava Jato, la reforma educativa y la reforma política siguen adelante, pero basta que una de las arremetidas lanzadas contra estos tres grandes procesos sea exitosa para que se tambaleen. Este es el verdadero problema de fondo que deberíamos atender los peruanos, dejando las demás diferencias en otro plano.